XI JORNADAS JURÍDICAS

Los jueces alzan la voz desde Ceuta para exigir a los políticos que modernicen ya la Justicia

Los jueces alzan la voz desde Ceuta para exigir a los políticos que modernicen ya la Justicia
Vivas, Llombart, Tesón y Del Río, este jueves, en la inauguración de las IX Jornadas Jurídicas de Ceuta.
Vivas, Llombart, Tesón y Del Río, este jueves, en la inauguración de las IX Jornadas Jurídicas de Ceuta.  

Hasta aquí hemos llegado. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Rio, ha censurado este jueves en Ceuta que la Justicia que diseñó la Constitución siga cuarenta años después de su aprobación “distante de la realidad” y ha defendido que “ha llegado el momento de que la judicatura abandone su “secular silencio” para “exigir a los responsables políticos” una “solución definitiva” que permita poner en marcha “la reorganización del sistema y la definición del modelo de Justicia que queremos para el resto del siglo XXI al margen de intereses particulares”.

El presidente de la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz con sede en la ciudad autónoma, Fernando Tesón, ha reclamado a su vez durante la inauguración de las IX Jornadas Jurícias que cada año organizan aquí el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Ejecutivo local, de las que el magistrado es motor y alma, que la implantación de la Nueva Oficina Judicial deje, un lustro después, de dar trabajo extra y quebraderos de cabeza.

Los jueces se han cansado, respetuosamente, y Del Río ha dejado claro que “no es un problema de ideas porque todo está hablado y las necesidades son conocidas y están bien diagnosticadas: solo se necesita compromiso y voluntad para afrontar las reformas necesarias”.

El presidente del TSJA ha criticado la “parálisis legislativa” que impide contar con “mecanismos de flexibilidad y una mejor especialización y gestión de recursos humanos basadas en principios de modernidad de concentración y colegiación que ya existen en casi todos los ámbitos judiciales de Europa”.

“En estos tiempos de movilizaciones y reivindicaciones judiciales, muchas de ellas razonables y justas, es de suma importancia que la Justicia en España se vea reforzada institucionalmente”, ha apuntado Lorenzo del Río, que ha advertido que “sería una pena que transcurriera la tercera legislatura sin alcanzar el consenso político que se precisa para ello”.

Desde su punto de vista, aunque “es imprescindible salvaguardar al Poder Judicial del enfrentamiento dialéctico propio del Ejecutivo y el Legislativo” y a pesar de que “a los jueces nos cuestan mucho trabajo las denuncias públicas y no estamos acostumbrados a esas formas”, ahora “es razonable abandonar nuestro silencio secular para reclamar las medidas que permitan tener una mejor Justicia y denunciar su situación real”.

“Apelo”, ha continuado a la responsabilidad institucional de todos, en primer lugar a la de los jueces, pero no hay peor Justicia que la que se renuncia a pedir y España necesita una reforma urgente y profunda pensando en la ciudadanía, que es la que sufre las carencias y los retrasos: no bajemos la guardia, respondamos como garantes de este servicio público y aumentemos nuestro nivel de exigencia para que no se diluya nuestro protagonismo social ni nuestra legitimidad”.

A su juicio “ha llegado el momento de exigir a los responsables políticos la solución definitiva como integrantes que somos de un Poder del Estado y desde el respeto a las decisiones legislativas que se adopten al respecto pero sin perjuicio de debatir lo que creamos más conveniente”. “Esa responsabilidad nos lleva a recordar que cualquier solución debe partir del marco constitucional vigente y del principio de separación de poderes que implica a su vez una cierta autonomía y capacidad de gestión mejorando los mecanismos de elección del CGPJ para no generar mayor desconfianza social de la existente”, ha proseguido.

Según ha puntualizado “han de evitarse medidas que precaricen derechos sociales y profesionales y resulta trascendental respetar las líneas básicas de un estatuto judicial que priorice la consideración de integrantes de un Poder del Estado sobre la de funcionarios públicos para salvaguardar el sistema de garantías constitucionales y la tutela judicial con independencia y responsabilidad”.

En cualquier caso, tal y como ha resumido “solo hay un camino para mantener y mejorar nuestro sistema de libertades: fortalecer la división de poderes, mejorar nuestros procedimientos democráticos y defender la autonomía e independencia de la Justicia y de su órgano de gobierno. que ha de recuperar credibilidad”.