UGT cree que, en el Instituto de Idiomas, "la legalidad brilla por su ausencia". El sindicato, convencido de que esa ausencia de rectitud "favorece determinados intereses particulares", lleva años "intentado regularizar la situación de su personal" (siempre, "con resultado nulo").

Los ugetistas sostienen que la Administración local tiene a algunos de los asalariados del organismo "sometidos a un régimen de explotación laboral"; ello, presumiblemente, "con el pretexto de que sus retribuciones y funciones no están supeditadas a las normas comunes del resto de empleados públicos".

Desde la organización sindical, aseguran, incrédulos, que, pese a todo, "se obliga a los trabajadores a realizar las funciones propias de un empleado público" en virtud de "una incomprensible sentencia del Juzgado de lo Social que declaró a la plantilla 'personal subrogado'".

La entidad negoció "una salida" con la Administración, quien se habría comprometido a convocar un concurso-oposición para dar la oportunidad a los trabajadores a "optar al estatus de empleado público". No en balde,  el sindicato ha denunciado que, llegado el momento, "la plantilla descubrió que el Ejecutivo de Vivas le ha tomado el pelo".

UGT afirma que "esta es la triste realidad a la que los asalariados han tenido que hacer frente". "Aunque ya lo sospechaban, el Gobierno tiene en sus filas a mentirosos y timadores que inclinan la cabeza ante los poderosos", añaden.

"Afortunadamente" para la organización (y para los trabajadores del liceo), "el 28 de mayo está cada vez más cerca y será el momento de mandarlos a todos al rincón de pensar".