'DEVOLUCIONES' SIN CONTROL

En las vallas, ni luz ni taquígrafos

En las vallas, ni luz ni taquígrafos
La Guardia Civil "desaloja" sin registro ni control en las fronteras de Ceuta y Melilla, según Interior.
La Guardia Civil "desaloja" sin registro ni control en las fronteras de Ceuta y Melilla, según Interior.  

El Gobierno de España usó hace dos años la 'ley Mordaza' para 'legalizar' las 'devoluciones en caliente' bajo el formato de 'rechazos en frontera' pero la actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en las vallas de Ceuta y Melilla sigue sin luz ni taquígrafos. Ni se sabe ni parece interés en saber a cuántos migrantes se ha puesto de patitas en Marruecos sin más ni más al intentar acceder a territorio español africano o quiénes eran. Tan pronto se dice que es un asunto bajo secreto de Estado porque afecta a la seguridad nacional como que, simplemente, no hay ningún registro al respecto.

Eso es lo que ha contestado ahora el Ejecutivo de Rajoy a la senadora andaluza de Podemos Maribel Mora. Hasta ahora a los medios que se habían interesado por esas cfras ante la Delegación o la Guardia Cvil se nos han dado lagas infinitas. A los ciudadanos que quisieron ejercer los derechos que reconoce la Ley de Transparencia se les rechazaron sus peticiones.

La parlamentaria de la formación morada ha querido saber "a cuántas personas “interceptadas en el perímetro fronterizo de Ceuta y de Melilla”, desglosadas por sexo y nacionalidades, se les ha aplicado la Disposición Adicional décima de la Ley 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social", que establece que los migrantes detectados “en la línea fronteriza de la demarcación territorial” de las ciudades autónomas “mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera” podrán “ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal” en España.

"En relación con la solicitud de referencia, cabe indicar que no es posible determinar el número de inmigrantes por sexo y nacionalidad a los que les ha sido aplicada la Disposición Adicional décima [...] puesto que no existe un Registro”, ha contestado el Gobierno de forma sucinta. Según Interior, “tal y como establece, cuando se detectan extranjeros en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera, la Guardia Civil lleva a cabo el desalojo”.

guardia migrantes playa recurso verticalOjiplática, para Mora la presunta ausencia de cualquier registro o control de lo que se hace en las vallas “es incompatible con la propia norma, que establece que el ‘rechazo’ debe hacerse, en todo caso, ‘respetando la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional de la que España es parte”. La única conclusión posible, interpreta, es que el Gobierno de Rajoy “miente deliberadamente por razones desconocidas o viola sin ningún reparo la legalidad española e internacional que obliga a como mínimo identificar a las personas y evaluar si son potenciales solicitantes de asilo”.

La senadora piensa repreguntar al Gobierno central al respecto para aclarar si las vallas son un territorio de impunidad “absoluta”. “Es increíble que la Administración asuma que la actuación de las Fuerzas de Seguridad permanece al margen de cualquier control o registro en las fronteras de Ceuta y Melilla y tal actitud sólo puede hacernos pensar que el Gobierno tiene algo que esconder, que tiene un problema con las ‘devoluciones en caliente’ y que mantiene este oscurantismo porque ni aplica ni quiere aplicar la normativa internacional digan lo que digan la Defensoría del Pueblo, las autoridades europeas o las organizaciones internacionales”, ha reprobado.

CEAR ya advirtió al conocer el texto legal aprobado que la referencia al respeto de “la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional de la que España es parte” no garantizaba su cumplimiento, pues "al no establecer ningún tipo de procedimiento, vulnera la seguridad jurídica y la interdicción de arbitrariedad: quedan sin determinar los supuestos en que la Administración podrá realizar los 'rechazos en frontera' y deja a su libre arbitrio el modo y los medios de su actuación!.

 

Secreto de Estado

Hace un año y medio, en respuesta a una solicitud ciudadana, el Gobierno se escudó en que “con respecto a las estadísticas de devoluciones realizadas al amparo de la Ley Orgánica 4/2000 y su Reglamento en virtud de las labores de control de inmigración irregular atendidas por la Policía Nacional, las mismas se constituyen en “funciones administrativas de vigilancia, inspección y control, por lo que el acceso a dicha información está limitado”.

La Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, aprobada en 2013, desarrolla el artículo 105 de la Constitución, que establece que todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública entendida como “el conjunto de los contenidos o los documentos, cualquiera que sea su formato o soporte”, que obren en poder de alguno de los sujetos que integran las Administraciones Públicas y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.

La ciudadanía tiene por tanto, en principio, la posibilidad de pedir “cualquier información” pero de hecho el derecho de acceso tiene límites cuando supone “un perjuicio” para la seguridad nacional; la defensa; las relaciones exteriores o la seguridad pública.