La incertidumbre ha terminado de instaurarse de manera oficial en el inabarcable frente en el que se ha convertido el manido tema de las bonificaciones a la Seguridad Social. Con esa misma inquietud como telón de fondo, Gobierno, Patronal y sindicatos han vuelto a verse las caras este 6 de septiembre en la que ha sido la tercera reunión de la Mesa de Diálogo Social del presente curso.

Tras fijar agosto como fecha tope para clarificar la conveniencia del régimen que entró en vigor el pasado día 1, todos los actores que están metidos de lleno en la pomada han llegado hoy a la conclusión de que "hay que derogar el nuevo real decreto". El motivo: "Solo va a traer complicaciones y conflictos".

El secretario general de los ugetistas ceutíes ha trasladado a la prensa al término del encuentro que "se va a crear una comisión técnica para determinar cuáles van a ser los efectos que provocará la nueva reglamentación". En esa comisión, que se reunirá por vez primera este próximo viernes, estarán representados los mismos estamentos que concurren de tanto en tanto a la propia Mesa de Diálogo.

La idea no es otra que "intentar llegar a un acuerdo" para, posteriormente, "pedir la supresión del plus de vinculación", entre otras tantas cosas. En este sentido, Juan Carlos Pérez afirmaba que "existen algunas posturas comunes". Sea como fuere, parece evidente que, "hasta que no se conforme un nuevo Gobierno, no se va a poder hacer nada". "Estamos sumidos en una incertidumbre política total", lamentaba Pérez.

En este preciso momento, se está a la espera de que el SEPE elabore las métricas relativas al número de contratos indefinidos que hay suscritos en nuestra salada tierra, circunstancia que debería servir para dar una ligera idea del impacto que la ya vigente medida traerá consigo. "Por ahora, no hay datos exactos", aducía el máximo responsable de UGT en suelo caballa, quien tiene claro que la coyuntura "afectará a los salarios" de una forma u otra.

Pese a que Delegación aseguró hace tan solo unos días que la medida no repercutiría en lo absoluto sobre las contrataciones efectuadas antes del primero de septiembre, los sindicatos se muestran bastante recelosos al respecto. "Aún no hay una certeza plena; está en juego el futuro de muchos trabajadores", adelantaba el propio Juan Carlos.

Sobre ese mismo hipotético carácter retroactivo, Emilio Postigo ha afirmado que "habrá que esperar hasta el día 30 para salir de dudas". "Entonces, cuando se emitan las nóminas, sabremos si la bonificación se aplica o no a los trabajadores con más antigüedad", exponía el hoy portavoz de Comisiones. El horizonte de sucesos queda, por tanto, fijado a principios de octubre.

Además del problema de que los asalariados contratados a partir del pasado viernes cobrarían menos que sus compañeros más veteranos en base al plus de vinculación, Emilio considera que también podría darse la tesitura de "que muchos empresarios no contraten, precisamente, por no tener bonificación", lo que -decía- derivaría en que "se estruje más a los trabajadores que queden en la empresa".

Postigo ha comunicado a los medios que, de la reunión del viernes, saldrá un documento que se remitirá al nuevo Gobierno de la nación, que es quien ostenta la exclusiva potestad de hacer y deshacer. En la misma línea que Pérez, el cabeza visible de CCOO cree que la mejor opción pasa por una derogación, puesto que "no existe ninguna seguridad de que la medida vaya a beneficiar ni a los empresarios ni a los propios trabajadores".

Dado que el contratiempo afecta también a nuestra ciudad hermana de Melilla, la delegación ceutí de CCOO ha decidido tender la mano a quienes allí se desempeñan para la central. "Estarán aquí la semana que viene para adoptar una posición más o menos común con la que hacer fuerza", exponía el líder sindical, que insistía en que el principal objetivo no es otro que "evitar un posible conflicto".