El Gobierno de la Ciudad anunció el pasado año la puesta en marcha de la cláusula social, una obligación contractual por la que las empresas que recibiesen obras de la Administración local debían contratar al menos a un 10 por ciento de parados de larga duración. Sin embargo, y el mismo día en el que el colectivo de trabajadores que se concentrará a partir de la próxima semana frente a Delegación y Ayuntamiento afirmase que no servía para nada, el propio consejero de Economía, Guillermo Martínez, ha reconocido que la medida no ha tenido el impacto esperado.

Una conclusión que llevará al Gobierno local a replantear las condiciones que se aplican en dicha cláusula. Seguramente se quite el límite de contratos de más de 300.000 euros y 3 meses de duración, y posibleme se aplique a cualquier licitación, según ha avanzado el consejero. Además, la Administración local incrementará las inspecciones para asegurar que los contratistas cumplen con la cláusula. Según Martínez se igualaría con otros requisitos como el tiempo de obra, de obligado cumplimiento antes de obtener las perceptivas certificaciones.