Escasas veinticuatro horas después de que el Gobierno central devolviese la tranquilidad al sector productivo ceutí anunciando el anhelado mantenimiento de las bonificaciones a la Seguridad Social, la Confederación de Empresarios se ha pronunciado al respecto; no para aplaudir la medida y/o mostrar su satisfacción, sino para criticar al Ejecutivo y sembrar dudas a propósito de la conveniencia de la nueva reglamentación.

En palabras de la CECE, "con la nueva situación, se deroga el sistema por el cual las empresas elaboraban y liquidaban mensualmente y de manera automática sus seguros sociales con una bonificación del 50%", lo que quiere decir que "se acabó el método por el que se deducían automáticamente casi la mitad de los referidos seguros".

Desde la entidad, aseguran que, a partir de septiembre, las compañías ceutíes habrán de "liquidar los seguros sociales todos los meses aplicando tan solo 262 euros por trabajador indefinido a jornada completa", estando las mercantiles, además, "obligadas a proporcionar a los asalariados una formación de 20 horas dentro de los Planes Estatales de Formación".

"El resto del importe hasta alcanzar el 50% de los seguros sociales deberán pagarse y solicitarse al año siguiente al SEPE a través de una subvención dentro de unos plazos reglamentarios", señala la organización que preside Arantxa Campos, quien, en un alarde de pesimismo, ve factible que "el silencio de la Administración anule las posibilidades de concesión".

La Confederación saca en claro cuatro grandes conclusiones en base a sus propios planteamientos. En primer lugar, que la nueva norma "deja fuera de aplicación a todas las personas contratadas de manera temporal, bien sea por contratos de sustitución, bien sea para cubrir una tarea ocasional", lo que vendría a significar que "la empresa ya no dispondrá de una bonificaciones por estos trabajadores".

La segunda deducción de la CECE es que la bonificación deja de ser tal y "se convierte en una subvención que se solicita a año vencido", esto es, que "la empresa debe soportar ese coste durante un año para, luego, solicitar al SEPE su abono". "Las empresas van a tener que financiar ellas mismas ese coste durante el ejercicio y, si la Administración acepta y responde a la solicitud, se abonará en el plazo de tres meses", explican Campos y los suyos.

En tercer lugar, la asociación cree que "el hecho de que no exista bonificación automática y que las empresas deban realizar gestiones para optar a la subvención supondrá un aumento de la burocracia y de los trámites administrativos".

Por último, dentro de la CECE, tienen claro que "esta norma señala el carácter excepcional de la medida", que se mantendrá en el tiempo "hasta que finalice la vigencia del Plan Estratégico". "Esta excepcionalidad no responde a la consolidación de un régimen fiscal especial como característica permanente de nuestra economía", concluyen los representantes de los empresarios caballas.