Casi uno de cada tres euros que se gasta el Gobierno de Ceuta (un 28 por ciento) se destina a pagar el personal, en total, 80 millones de los que casi dos millones se destinan a altos cargos, consejeros y corporación. 63.090,36 euros para el presidente, Juan Vivas, y 90.483,24 para las dos vicepresidentas de la Asamblea, Rocío Salcedo y Mayda Daoud, así como un poco más de medio millón, 541.565 euros para los 25 miembros de la corporación; , a lo que hay que sumar los 413.034,49 euros de las retribuciones de los consejeros del Ejecutivo

El resto, hasta llegar a esos casi dos millones de euros para representantes políticos y altos cargos, se reparte entre los 211.324,83 euros para  indemnización por residencia altos cargos  y 431.568,98 para las retribuciones de estos mismos altos cargos, además de los 178.142,45 euros reservados para los directores y subdirectores generales. Los 80 millones restantes del capítulo 1 corresponden a las retribuciones del personal, los complementos, indemnizaciones por residencia, gratificaciones, horas extras, cuotas de la seguridad social, gastos sociales contemplados en el convenio, etc, etc.

80 millones en personal, 66 en servicios al ciudadano

Los 80 millones del capítulo destinado a personal, contrastan con los 66 millones que desembolsa el Gobierno cada año en bienes y servicios para los ciudadanos. Un apartado, el capítulo 2, de bienes corrientes y servicios, que acoge el largo listado de actividad del Gobierno, desde el alumbrado ornamental, que absorbe más de 700.000 euros, al mantenimiento de los cementerios, que supone 50.000 más los 100.000 previstos en el capítulo de inversiones para ampliación y mejoras; o capítulos tan cotidianos como el vestuario y los uniformes de los funcionarios y empleados públicos en los que el Gobierno desembolsara 200.000 euros en 2018.

Un capítulo en el que destacan por su cuantía la factura del alumbrado público, de 3 millones de euros, los más de 6 millones de los costes de producción de agua o la factura de Acemsa de las dependencias de la asamblea. Tres millones se lleva el contrato de “adecentamiento” de “varias zonas de la ciudad” y 5 millones el contrato con Urbaser para la transferencia de residuos, esto es, el transporte de la basura urbana a la Península. Y 17 millones el contrato de TRACE para la recogida de esa basura.

O lo casi dos millones, 1,8, que se destinan a comunicación y publicad institucional; el millón doscientos mil euros para la limpieza de colegio y un millón para la vigilancia de los centros de menores y otro millón más para su mantenimiento. Las residencias y centros de mayores se llevan un millón y medio de los Presupuestos de la Ciudad y la ayuda a domicilio otro tanto.

Sin olvidar –entre muchas otras partidas- los 900.000 euros que el Gobierno reserva de los presupuestos para pagar sentencias condenatorias y costas de los procesos judiciales.

Dos millones y medio en intereses

Los créditos y operaciones financieras, anotadas en el capítulo 3 de los Presupuestos para 2018, contemplan intereses por más de 3 millones de euros: en el caso de préstamos a medio y largo plazo por valor de 2,5 millones de euros; 125.000 en intereses de operaciones de tesorería y otros gastos financieros y medio millón de euros en intereses de demora.

En el apartado de transferencias corrientes, donde caben desde los presupuestos de las empresas públicas y organismos dependientes de la Ciudad, así como convenios, subvenciones, premios, becas y programas, por un valor total de 58 millones de euros.

En el caso de las empresas municipales, la palma se la llevan los 7 millones de Obimace, seguido por el Instituto Ceutí de Deportes, 5,8 millones, 4,9 Servicios Tributarios y 4,6 Amgevicesa, 2,8 Obimasa, un millón Acemsa, y 1,8 el Patronato de Música y 1,7 Servicios Turísticos. Radio Televisión Ceuta requiere 2,4 millones al año, el Parque Marítimo 1,6 y Procesa, 3,4. Cantidades a las que habría que sumar los 3,4 millones de euros que suponen cada año las Brigadas Verdes de la Federación de Asociaciones de Vecinos (FPAV).

Las inversiones reales, enumeradas en el capítulo 6, contemplan 47 líneas de inversión por un valor total de 28 millones de euros, entre las que destacan el puente del arroyo Paneque, el ascensor de Miramar, obras en mejoras de accesibilidad, obras en las infraestructuras de las playas y los 6 millones del Plan de Barriadas y los 3,5 de la reforma de la Gran Vías y Jáudenes.

Capítulos a los que hay que sumar el séptimo, dedicado a transferencias, con 8,6 millones; los activos financieros, contemplados en el capítulo 8, con una reserva de 1,5 y la amortización de préstamos medio y largo plazo para la que el Gobierno ha previsto 30,9 millones de euros.

Sumando todo 279.929.965,32 euros, de los que 83.093 proceden de préstamos.