El Gobierno no aguanta ni una factura y convoca los sindicatos para explicar un previsible acuerdo


El Gobierno no aguanta ni una factura y convoca los sindicatos para explicar un previsible acuerdo

Una protesta pacífica en el Pleno del miércoles y la filtración realizada ayer de los 8.000 euros gastados por Márquez en remodelar su despacho mientras redactaba el plan de austeridad han sido suficientes para que el Ejecutivo de Vivas diga basta y acceda a pagar lo pactado. El Gobierno se ha rendido a las reivindicaciones de los sindicatos en sólo cinco días. O al menos todo parece indicar eso después de que esta mañana el consejero de Hacienda, Francisco Márquez, llamara al representante en la Ciudad Autónoma de UGT, José Mata, para pedirle una tregua y comunicarle que el lunes serán convocados a una reunión con el presidente Vivas en el que les comunicarán los detalles de las cuentas que esta semana ha estado realizando el Gobierno.

El jueves por la tarde precisamente el propio Márquez mantenía una reunión sobre presupuestos con el presidente en el despacho de Vivas. De ahí ha podido salir la solución que les será transmitida a los sindicatos el próximo lunes. El miércoles de la próxima semana de estar de acuerdo los sindicatos con lo propuesto por el Gobierno podría ratificarse la paz social en una mesa negociadora.

Los sindicatos han entendido también la comunicación de Márquez como el primer anuncio de que finalmente se saldrán con la suya y el Ejecutivo accederá a pagar el 66 por ciento del complemento específico en la paga extra de diciembre. Algo que el Gobierno había firmado con los sindicatos para dar cumplimiento al acuerdo adoptado entre el Ministerio de Administraciones Públicas, la Federación Española de Municipios y Provincias, las Comunidades Autónomas y las centrales sindicales UGT y Comisiones Obreras. Según ese acuerdo todos los funcionarios públicos debían cobrar en sus pagas extras el cien por cien del complemento específico en las pagas extras antes de que finalizara el 2009.

Tras el anuncio hecho por Márquez hoy a los representantes sindicales todo parece indicar que el Gobierno ha encontrado la fórmula para salvar la ilegalidad del pago que ponían de manifiesto dos informes técnicos, uno encargado al Ministerio de Administraciones Públicas y otro realizado por el Interventor. Algo en lo que la portavoz del Gobierno, Yolanda Bel, hizo especial hincapié el pasado martes en su comparecencia tras el Consejo de Gobierno, cuando repitió varias veces que “nadie podía exigir al Gobierno cometiera una ilegalidad, aunque sea para contentar a los sindicatos”.

Las centrales defendían que el informe del Ministerio de Administraciones Públicas carecía de valor. Ese informe al que se estaba agarrando el Gobierno para denegar el cumplimiento del acuerdo, estipulaba que era ilegal realizar un pago a los trabajadores que excediera el uno por ciento de la masa salarial. Tanto Comisiones Obreras como UGT argumentaban que el dato del capítulo uno de la masa salarial era erróneo y que por eso el cálculo final era del mismo modo inservible.

Lo cierto es que el anuncio del Gobierno llega tan sólo horas después de que los sindicatos remitieran una nota de prensa contando que el consejero de Hacienda, Francisco Márquez, se había gastado 8.000 euros en remodelar su despacho al mismo tiempo que redactaba el Plan de Austeridad del Gobierno. La filtración de la factura era el cumplimiento de la amenaza hecha pública por los sindicatos el lunes durante una comparecencia ante la prensa. Bel a su vez afirmó un día después que “si tenían facturas las podían hacer públicas”, dando a entender que el Gobierno no tenía nada que esconder. Tan sólo un día después de que los sindicatos hayan hecho pública la primera de esas facturas el Gobierno ha dado su brazo a torcer.

El Gobierno no aguanta ni una factura y convoca los sindicatos para explicar un previsible acuerdo


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