“Esto viene ocurriendo desde hace años y, a lo largo de los mismos, la UGT lo ha puesto en conocimiento del Gobierno de la Ciudad sin ningún resultado. Los dos últimos casos han sido el de un funcionario de la Policía Local que sufrió un esguince de tobillo mientras perseguía a un delincuente y el de otro funcionario del Servicio de Extinción de Incendios que sufrió un importante accidente ocular mientras desarrollaba su trabajo en el Parque de Bomberos”, detallan en un duro comunicado. En ambos casos, afirman, “con total desfachatez,” la Mutua les ha denegado la atención alegando enfermedad común y “ocultando en el parte que se encontraban en su lugar de trabajo en horario laboral”.
Estas “actuaciones ilícitas” de la Mutua de Ceuta acarrean una serie de consecuencias, apuntan desde FSP-UGT como son “el enriquecimiento injusto de esta empresa a costa de los bolsillos de todos los ciudadanos, ya que se ahorran hacer frente a las prestaciones mientras que ellos si perciben las cantidades estipuladas en el Convenio de adhesión con la Ciudad”. A ello, insisten, hay que añadirle el perjuicio económico que le causan al propio trabajador, ya que, “al ser la baja por contingencia común, percibe únicamente lo estipulado por la Seguridad Social, entidad que igualmente se ve perjudicada, ya que tiene que abonar al trabajador lo que debería abonarle la Mutua de Ceuta”.
Para UGT resulta bochornoso que una empresa “que presume de ser un buque insignia de nuestra Ciudad trate de manera tan humillante a trabajadores ceutíes de manera sistemática y con el amparo del Ejecutivo de la Ciudad”. En cuanto al Convenio de adhesión con la Ciudad, por el que atienden las contingencias profesionales, se prorroga año tras año pese a los flagrantes incumplimientos de la Mutua, “obviando las recomendaciones de los propios técnicos de la Ciudad”, añaden.
UGT exige al Ejecutivo que no vuelva a renovar automáticamente el Convenio con Mutua de Ceuta y que garantice, “tal como dicen los técnicos de la Ciudad”, que la selección se ajuste a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos, con objeto de salvaguardar la libre competencia y la selección de la oferta más ventajosa.