UGT lo ha logrado: la entidad sindical ha conseguido que los trabajadores de la cocina del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes sean considerados 'personal de restauración colectiva'. Así lo ha refrendado este 26 de marzo -sentencia mediante- el Juzgado de lo Social Único de la ciudad.

La organización abrió a mediados de 2022 un conflicto colectivo con el que perseguía que la concesionaria del servicio -Vivera Atlántico Mediterráneo- aplicase sobre sus asalariados el llamado 'Convenio de Restauración Colectiva' en detrimento del correspondiente a Hostelería, vigente en los contratos de la plantilla desde que la compañía resultara adjudicataria en febrero de 2020.

En un primer momento, la burocracia pareció dar la razón a la mercantil: esta alegó que, en el pliego de prescripciones técnicas, se especificaba que sus empleados habían de regirse por el convenio del sector hostelero. El mismo se aplicó hasta septiembre de 2023. A partir de entonces, tras una segunda adjudicación, se pasaron a aplicar las condiciones que demandaban los ugetistas (tras varias reclamaciones, eso sí).

Juan Carlos Pérez y los suyos lo tienen claro: A tenor de la actividad desarrollada por los trabajadores y la empresa demandada, se infiere claramente que la plantilla debe encuadrarse en Convenio Estatal de Restauración Colectiva". No hay más vuelta de hoja.

Resuelto el conflicto, lo que la plana mayor del sindicato busca ahora es que las nuevas condiciones -las legales- se apliquen con carácter retroactivo. Pérez y compañía creen que Vivera Atlántico Mediterráneo debe abonar a sus asalariados el dinero adeudado desde julio del año 2022.