Cinco meses después de la avalancha migratoria que, entre el 17 y el 19 de mayo, permitió la entrada irregular en Ceuta de unos 12.000 ciudadanos marroquíes, según las estimaciones oficiales, la administración autonómica todavía acoge a algo más de mil, concretamente a 580 súbditos del país vecino con más de 18 años en las naves acondicionadas en los polígonos del Tarajal y a 470 jóvenes que no alcanzan la mayoría de edad en los módulos prefabricados instalados en Piniers y el Centro de Realojo Temporal de La Esperanza, según las cifras facilitadas a por fuentes del Ejecutivo local.

En el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) que gestiona el Estado están albergados 325 extranjeros, 245 personas de origen subsahariano y el resto magrebíes.

Fuentes policiales han calculado que desde se paró definitivamente la entrada de indocumentados por los espigones marítimos fronterizos del Tarajal y Benzú ha retornado voluntariamente a su país un total de “alrededor de 3.700 personas” que habría que sumar a los 6.000 rechazados a pie de valla y devueltos de forma inmediata al otro lado de la frontera el 18 de mayo

“Más de 1.200” ciudadanos del Reino alauita han podido desde entonces cruzar el estrecho y desplazarse al continente europeo como peticionarios de protección internacional con sus solicitudes admitidas a trámite, aunque pendientes de resolución definitiva por parte de la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) del Ministerio del Interior.

Además, el Servicio de Protección a la Infancia de la Ciudad Autónoma ha completado varias reagrupaciones familiares de menores con allegados asentados en distintos puntos de la península y Marruecos empezó a aceptar el 23 de junio la devolución forzada de algunos nacionales adultos cuyo número total se calcula en “no más de 200”.

Con todas esas salidas, la incógnita de cuántas personas han podido abandonar Ceuta por la vía marítima de manera irregular en dirección a las costas andaluzas y la puesta en marcha de alojamientos provisionales de emergencia, la Ciudad Autónoma ha conseguido prácticamente erradicar los asentamientos improvisados en el litoral y zonas verdes del extrarradio que proliferaron durante los primeros meses tras la avalancha. La administración local ha desmantelado cerca de 150, en algunos casos con la necesidad de ejecutar trabajos verticales debido a la orografía del terreno para poder retirar los materiales utilizados por los inmigrantes para su habilitación.