El sindicato UGT hace ya tres años y medio que decidió denunciar los cobros de productividad por parte de algunos funcionarios municipales. Esos funcionarios resultaron ser el interventor, la secretaria, el tesorero y el ex asesor jurídico de la Ciudad Autónoma. Cuatro puestos clave para el normal desarrollo de los proyectos del Gobierno.

Según la tesis del sindicato estarían percibiendo de forma irregular un plus de productividad de unos 1.800 euros mensuales casi desde que Vivas es presidente de la Ciudad, y de esto hace más de ocho años. Un cálculo sencillo arroja una cifra desorbitante para cualquier ciudadano y trabajador: entre 120.000 y 200.000 euros, dependiendo del tiempo de percepción.

Según han confirmado UGT y el propio Gobierno el juicio se va a celebrar pronto. A primeros de 2010. Todo a punta a que estos funcionarios podrían tener que devolver esas cantidades.

(Ampliación de esta información en las próximas horas)