Tras mucho marear la perdiz, tras años negando que fuese una buena idea, todo apunta ahora a que el servicio de limpieza viaria y recogida de basura acabará siguiendo los mismos pasos que el del servicio de transporte urbano (bus) y pasará de nuevo a gestionarse de forma directa por la Ciudad Autónoma. El discurso oficial sigue siendo el mismo que todos estos meses atrás: “la decisión no está tomada”, palabra por palabra calcan el mensaje tanto el actual responsable público del contrato, el gerente de Acemsa, Juan Manuel Sánchez Valderrama como el consejero de Fomento. Pero, lo cierto es que cuando se baja a los detalles todo a punta a que la decisión no está formalmente tomada, pero sí desde el punto de vista de guiar los siguientes pasos y pasa por apostar por municipalizar el servicio.

Tanto que ya hay un estudio con la diferencia de costes entre mantener la gestión externa y asumirla. Tanto que se sabe ya hasta que trabajadores actuales de Trace no se integrarían en la futura estructura pública -“son sólo 4 ó 5”, ha explicado Sánchez Valderrama-. Tanto que se sabe ya que hay dos opciones para esa integración pasar a la plantilla a Acemsa o bien crear una nueva sociedad municipal. Esto último es uno de los flecos que quedan por cerrar, como el de las conclusiones, que Ramírez asegura “aún no están redactadas”.

Pero entre las claves para entender qué va a suceder hay que mirar principalmente a dos factores: el económico y el laboral. Uno como acicate para la municipalización, el otro como elemento desestabilizar que acabe dando al traste con el proyecto.

Por partes, el estudio técnico, según Sánchez Valderrama, recoge que los costes de una opción y otra “son muy parecidos”. Algo que conviene subrayar y explicar. Costes de un servicio que apostó por el denominado modelo chino (mucha mano de obra y poca máquina) desde hace más de dos décadas. Suponen los recursos humanos el 91 por ciento del total de los costes. Qué sucede que luego está el beneficio industrial y el IPSI (9 por ciento en este caso).

Según el gerente de Acemsa esa poca diferencia en lo económico entre una opción y otra oscilaría entre aproximadamente los 26 y los 29 millones de euros. Aproximadamente. Y el gerente estima la diferencia fundamentalmente en ese 9 por ciento de IPSI. Pero de ser así. Si el coste de municipalizar el servicio de basura y limpieza viaria fuera de 26 millones de euros anuales a esa cifra además de unos 2,5 millones de euros de IPSI (que finalmente la Ciudad acaba recuperando) habría que sumar otro 6 por ciento de beneficio industrial, con lo que se dispararía hasta más allá de los 30 millones.

Esa cifra, la de los 30 millones de euros, supondría duplicar el precio por el que se adjudicó el servicio en 2012 a la actual empresa prestataria, Trace. Y un incremento de aproximadamente un 30 por ciento sobre lo que se presupuestó para pagar a la empresa en este 2023, aunque luego se elevara a más allá de los 25 con una modificación de crédito. En 2021 el servicio no llegaba a los 20 millones de coste anual. Así que si finalmente algo se tuerce por el camino, los ceutíes ya pueden saber que tendrán uno de los servicios de limpieza viaria y recogida de basura más caros por cabeza de todo el país.

La otra clave del asunto está en lo laboral, donde sigue habiendo muchas fisuras por sellar aún en el procedimiento para la municipalización y en donde probablemente puedan surgir problemas que hagan descarrilar la municipalización. Tanto que UGT ha venido mostrándose reacia a la misma.

En la tarde del jueves se convocó a los representantes sindicales a una reunión con Sánchez Valderrama en la que estaba previsto explicarles lo que dicen los trabajos técnicos encargados a la Comisión, tanto desde el punto de vista jurídico, como financiero, laboral, funcional, etcétera, al parecer todo está hecho, menos las conclusiones. Esa reunión se suspendió en sólo unas pocas horas porque el consejero de Fomento, Medio Ambiente y Servicios Sociales, Ramírez, se había comprometido a estar y justo este jueves por la mañana no podía asistir. Se producirá la próxima semana. Pero tras la suspensión, desde el Ejecutivo se llamó a algún que otro sindicato para transmitir que se iba a ir hacia la municipalización. El Ejecutivo quiere contar primero de todo con los trabajadores.

La municipalización la da por hecha también el delegado sindical de Comisiones Obreras en la empresa, Javier Lirio, que además repite el mensaje transmitido del Gobierno a su secretario general: municipalización sí. Y defiende la apuesta en ese sentido tal y como viene reclamando su sindicato en los últimos meses desde que el propio Vivas abriera el melón a mitad de campaña electoral. “Es por tener mayor estabilidad”, asegura, vaticinando que la mayoría de la plantilla está a favor de esa municipalización, “sólo no quieren los pocos fieles que le quedan a la UGT, porque lo que está claro es que esta empresa no la queremos más y que la que venga nueva va a tener que despedir gente y bajar sueldos”, afirma. Algo, esto último, que es seguro que no va a permitir el Gobierno pase lo que pase finalmente: “Los trabajadores van a tener garantizados sus derechos, tanto con una opción como con la otra”, afirma tajante Ramírez.

Y eso es precisamente de lo que no se terminan de fiar en UGT. Su delegado en la empresa Agustín Miranda cree que entre “el personal, no ya en el sindicato, sino los propios trabajadores lo que más tienen es desconfianza. No se fían del procedimiento. En parte porque en la calle se escuchan muchos rumores. Y hasta que no haya un convenio, por ejemplo, firmado por el presidente en el que diga que las condiciones siguen igual no se va a pasar esa desconfianza”, ha explicado Miranda, que insiste en recalcar que eso es lo que él percibe entre sus compañeros, más allá de las posiciones sindicales.

En su entusiasmo Lirio llega incluso a aseverar que está también a favor de integrarse bajo el paraguas de Acemsa. Algo con lo que no está conforme su secretario general. “Hemos dicho que no, que la fórmula tiene que ser la creación de una sociedad municipal nueva. Lo otro, al final es una fuente de problemas laborales como se está viendo ya con Amgevicesa y el tema del bus”, ha explicado Postigo.

La decisión va tan avanzada por parte del Gobierno que tanto Ramírez como Sánchez Valderrama defienden la idoneidad de elegir Acemsa por dos motivos fundamentales, en su objeto social figura la limpieza y además es ya medio propio de la Ciudad Autónoma. Y ambos niegan que tenga algo que ver que Acemsa sea una de las dos sociedades municipales que tiene hoy por hoy mejor convenio colectivo que el que disfrutan los trabajadores de Trace (la otra es Procesa). Aunque Postigo sí apunta ahí. “No tiene nada que ver porque no se integrarían en Acemsa con el convenio como está, habría que hacer uno nuevo, un híbrido entre lo que tenemos y lo que sería, ni las categorías son las mismas y por tanto no servirían, ni nada”, explica Sánchez Valderrama.

La otra ventaja que ofrece Acemsa sí se entiende como más crucial en la batalla laboral que se avecina. El ser Medio Propio facilitaría una de las dos opciones viables a la hora de proceder a la municipalización. “A la hora de hacer el rescate de la concesión, que es una de las figuras, hay dos opciones, prorrogar el servicio hasta que crees la empresa pública nueva y hagas la integración o hacer el rescate y asumir el servicio a través de un medio propio”, ha explicado Ramírez.

La plantilla actual de Trace que pasaría a integrarse en una sociedad municipal, ya sea de nueva creación o Acemsa, una opción que según Postigo ya se habría desechado, sería de unas 530 personas, algunas menos.

Pero, a pesar de todo esto, el Gobierno no quiere descartar que pueda no ser la opción final. Un último apunte. La actual prórroga del servicio que sigue prestando Trace finaliza el 30 de enero. Ramírez cree que aún será necesario volver a prorrogarlo unos meses, pero “muchos más” si al final hay que lanzar una nueva licitación. Por más que el trabajo técnico de pliegos esté más o menos hecho. Es decir, todo a punta a que la intención del Gobierno es bregarse a partir de la próxima semana en convencer a todo el mundo (trabajadores, sindicatos y partidos políticos) de la municipalización y de su hoja de ruta para lograrla con la idea de que sea necesaria una prórroga sólo de unos pocos meses.

“Yo el informe lo he hecho poniendo los pros y los contras de asumir la gestión directa”, reitera Sánchez Valderrama para dejar claro que en ese informe no se ha tomado partido por ninguna opción puesto que el trabajo consistía en recopilar información y datos para que negro sobre blanco sean otros los que tomen la decisión. “Evaluación” de la situación en sus palabras y no tomar partido que vendría a ser algo así como una seducción hacia uno de las dos opciones.

Los números están ahí, según Valderrama, y ahora serán a partir de los próximos días, los trabajadores y los grupos de la Asamblea quienes tengan que decidir. Porque más allá de la parte técnica que compete a Sánchez Valderrama, recuerda que hay otros aspectos como los jurídicos o los laborales, estos últimos “especialmente complejos”, según Ramírez, que también han sido evaluados e informados.

Pero primero se va a dar a conocer todo esto a los representantes de los trabajadores. Después esa información se trasladará a los Grupos Políticos de la Asamblea, que han confesado no tener conocimiento de nada de esto. “Sólo hemos escuchado que los informes estaban ya casi todos”, han reconocido desde un asiento de la oposición.

Un apunte más, Lirio apunta a que finalmente en la empresa pública se acabarán integrando además de los 530 (más o menos) de Trace otro centenar largo de las Brigadas Verdes con el tiempo.

Pero a pesar de que todo apunta a que la decisión del Gobierno es firme por municipalizar, una y otra vez, tanto Ramírez como Sánchez Valderrama se afanan en recordar que “no está decidido” y que “hay un proceso”, que primero pasará por la reunión de la “comisión” que verá los “pros y contras” técnicos, jurídicos, financieros y laborales que han elaborado en sus informes ese comité o comisión técnica. Dicho de otro modo, aunque todo a punta a la municipalización, cualquier pequeño detalle le puede acabar dando la vuelta a la decisión final. Sin ir más lejos, en los últimos días todo apuntaba a que la apuesta pasaba por integrar Trace dentro de Acemsa y en unas pocas horas, la opción parece desechada y virar hacia la creación de una nueva empresa municipal. “Nadie te puede decir que la decisión está tomada”, llega a afirmar Valderrama. Ni la de municipalizar, ni menos aún que acabe pasando por llevar Trace a Acemsa.

Y es que en esto, los sindicatos aún tienen mucho que decir, y los propios trabajadores, que gozan hoy por hoy de un convenio que sólo mejoran dos empresas municipales, Acemsa y Procesa. Pero que en cualquier caso, “tienen garantizados sus derechos”, reitera Ramírez el mensaje del Gobierno desde el minuto uno.