FPAV

Una auditoria de las Brigadas Verdes descubre 153.000€ gastados en cheques al portador sin justificar

Una auditoria de las Brigadas Verdes descubre 153.000€ gastados en cheques al portador sin justificar
El Gobierno anunció esta semana su intención de preservar a los trabajadores buscándoles un nuevo encaje./archivo
El Gobierno anunció esta semana su intención de preservar a los trabajadores buscándoles un nuevo encaje./archivo  

La polémica sobre las Brigadas Verdes, el ente gestionado por la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos (FPAV), lejos de apagarse tras los ecos del agrio debate plenario parece que va para largo. Una auditoría encargada en noviembre del pasado año por la propia FPAV señala un puñado de irregularidades que pondrían en riesgo la solvencia de la entidad, que son contrarias a lo establecido en el propio convenio de colaboración firmado por la entidad para las Brigadas Verdes con la Ciudad Autónoma y que destapa el abuso de los cheques al portador, terminante prohibidos, hasta llegar a los 150.000 euros, que según la documentación a la que tuvo acceso el auditor serían imposibles de justificar.

Algo sobre lo que llama la atención en sus conclusiones el informe de auditoría firmado por una empresa malagueña: “Llamamos la atención a la masiva emisión o utilización, en nuestra opinión desproporcionada, de la emisión de cheque-talones al portador, o de los denominados talones-reintegros, por las características y significado de los mismos, que junto a la falta de documentación y soporte existente, suponen una irregularidad relevante, de la Junta Directiva vigente en el periodo que es el órgano responsable de la autorización de dicho sistema, en primer lugar, al estar prohibido expresamente en el convenio firmado el uso de cheque-talones, y por otro, porque se está incumpliendo la Ley al considerarse el mismo como un pago en efectivo y ser superior a los 2.500 euros, aunque de forma individual la cuantía es muy inferior a dicho límite”, recoge.

En el detalle del informe se aprecia que la mayoría de esa cuantía salida de las cuentas de las Brigadas Verdes mediante cheques se correspondería con reintegros de 3.000 euros mensuales que se suceden la práctica totalidad de los meses entre enero de 2014 y junio de 2018 para supuestos adelantos de sueldo a trabajadores, aunque no consta quién recibe el dinero finalmente, en la documentación a la que ha tenido acceso este auditor.

A eso se le sumarían algunos otros pagos tampoco justificados hasta sumar 153.327,32 euros, de los que el auditor afirma que están sin justificar:

“Se trata de reintegros y pagos de los que desconocemos su destino y quien los recibe, pero lo que sí sabemos con seguridad que no constan incluidos en la cuenta justificativa, porque de lo contrario estarían en la cuenta 555, causando entre otros perjuicios un déficit de tesorería para ejeuctar los fines propios de la subvención”, recoge la auditoría a la que ha tenido acceso Ceutaldia.com.

Y la consecuencia de esa gestión falta de rigor y que según señala a lo largo del documento el auditor incurriría en irregularidades contrarias al propio convenio con al Ciudad y en ocasiones a la Ley y de la que sería responsable tanto la Gerencia de las Brigadas Verdes como la propia Junta Directiva de la FPAV, es que la empresa vecina “no podría afrontar los pagos pendientes a 30 de junio, dado el déficit existente de tesorería”. Una deuda que estima a fecha 30 de junio de 2018 en 248.000 euros, y que tiene su origen en lo que entiende el auditor que es el destino de fondos propios del convenio a otros fines.

Esa deuda “principalmente se ha debido a la existencia de pagos o reintegros realizados no incluidos en las cuentas justificativas, y de los que se desconoce su destino a la fecha, junto a otros desajustes temporales entre los gastos incurridos y los subvencionados, así como por la utilización de los fondos de una subvención para otra”.

E insiste en sus propias conclusiones en que si hay responsabilidad por esas deudas “se impone con carácter solidario a los administradores (Junta Directiva) que causen daño a la entidad, por los actos u omisiones contrarios a la Ley”.

La auditoría señala una “caja única” compartida entre la FPAV y las Brigadas Verdes que serviría para permitir la comisión de irregularidades sin dejar rastro.

A lo largo de todo el informe se insiste en que la gestión ha incurrido en varios aspectos que serían contrarios a lo recogido en el Convenio con la Ciudad. Y más allá han puesto en “riesgo de insolvencia” a las Brigadas Verdes. Entre otras, desliza un posible aumento de personal, taxativamente prohibido en el convenio, amén de los pagos con cheques al portador ya señalados.

Es más, sobre esos cheques alerta el auditor en que la numeración llega, en 2017 a no ser correlativa temporalmente. Y así un cheque usado en noviembre tiene una numeración anterior a otro usado en marzo. E incide sobre el uso de cheques al portador la mayoría usados para pagar anticipos a los trabajadores por cuantías menores de las que realmente salían del banco:

“Lo que si consideramos es que dicho procedimiento representa en nuestra opinión una debilidad muy significativa de control interno, por no ser transparente pues desde la emisión del cheque al portador, este puede ser cobrado por cualquier persona que lo tenga en su poder, por lo que el destino de los fondos pudiese no ser finalmente el que haya sido el inicialmente previsto”, señala el auditor.

Deudas con la Seguridad Social

El informe pone de manifiesto que la FPAV no siempre transfería las cantidades recibidas para las Brigadas Verdes en su totalidad, usando parte de esos fondos para financiar sus propias actividades generando un agujero en el proyecto que lo ponía en riesgo, confundiendo sus patrimonios y “poniendo en riesgo la continuidad del proyecto”.

Esas prácticas acababan generando un agujero anual en las Brigadas, amén de que en algunos ejercicios el auditor intuye que hubo un incremento de personal.

Un mes antes de que finalice el periodo analizado por el auditor en mayo de 2018, las Brigadas Verdes no pudieron asumir el pago de las cuotas de la Seguridad Social por sus trabajadores. Aunque no queda claro, parece que el origen de esa deuda pudiera tener que ver con cierto retraso en la llegada de la subvención desde la Ciudad Autónoma, aún así, el auditor hace hincapié en que nadie al frente de las Brigadas o de la FPAV con responsabilidad en la gestión pidiera un aplazamiento del pago, dando lugar a un incremento notable de la deuda, al perder la bonificación en las cuotas de la Seguridad Social, además de incurrir en los recargos habituales en los casos de “impago” de estas cuotas, que fue lo que finalmente sucedió. Esa deuda se iría a más de 50.000 euros, según señala el auditor.

El auditor señala además “la falta de legalización de los libros contable, formulación de las cuentas anuales y sometimiento de las mismas a la auditoría obligatoria”, a pesar de lo cuál el Gobierno de la Ciudad Autónoma con el visto bueno de la Intervención siguió renovando año a año el convenio a la entidad vecinal.

El auditor señala además que hay un abuso de la cuenta 555 de la sociedad que en principio sería sólo para partidas pendientes de aplicación para pagos y cuyo uso debe por “periodos cortos y excepcionales” hasta que se aclare la causa de la inclusión de ese dinero en esa cuenta. En cambio esta tenía saldos al final de varios ejercicios contables.

Con estas prácticas no es de extrañar que aparezcan “desfases entre los gastos incluidos en las cuentas justificativas y la contabilidad” (…) “hace que exista un desfase, en nuestra opinión, entre los gastos que han sido subvencionados y en los que finalmente se ha incurrido, provocando por consiguiente un desajuste de tesorería al resultar dicho desfase no subvencionado, sin que podamos asegurar el destino de tales salidas de fondos”.

Todo esto en un trabajo que no es una auditoría al uso, y cuyo autor se guarda la posibilidad de añadir nuevas opiniones al constar que no ha podido acceder a toda la información de las cuentas vecinales, incluso a pesar de que la auditoría la solicitó la propia directiva de los vecinos en noviembre de 2018. Pero con lo visto el resultado es el descrito: riesgo de insolvencia, abuso de cheques al portador y de pagos sin justificación y caja única entre la FPAV y las Brigadas Verdes. La situación es tal que ya hasta el Gobierno asume que habrá que buscarle una salida a los trabajadores. Pero lo era ya en junio de 2018.

En 2014 las Brigadas Verdes recibieron 3,2 millones de euros en 2014 y 3,413 millones al año en los sucesivos ejercicios hasta 2018, además de otra subvención por valor de 97.000 euros a la FPAV, 3.000 euros por debajo del límite que obligaría a la FPAV a auditar su actividad, aunque a pesar de la obligación´de ello, este informe de auditoría señala que en el caso de las Brigadas Verdes no hay cuentas anuales legalizadas, a pesar de estar obligados, ni auditoría formal, igualmente obligatoria, ni tampoco inventario del inmovilizado, y documentación original.

Y todo en un periodo de tiempo en donde las Brigadas Verdes han ido saltando de manera periódica a las páginas diarias de información por diversas polémicas, desde las que tenían que ver con supuestos enchufes, a las que del abuso en las cuentas, que ya supuso una seria advertencia del propio Gobierno, o la realización de trabajos en fincas particulares.