La oposición votó en contra y no descartó emprender medidas judiciales contra la decisión del Gobierno, aprobada en el Pleno de la Asamblea del pasado lunes, con los votos del PP, de permitir el nombramiento de los gerentes municipales como directores generales, aunque no sean funcionarios de carrera del grupo A, requisito marcado por la Ley. Ese mismo día, UGT anunció un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía contra el acuerdo plenario, y este jueves en la misma línea, Comisiones Obreras ha anunciado otro recurso judicial para impugnar el acuerdo.

La decisión la ha tomado el sindicato y la ha comunicado a los medios de comunicación, mediante una nota de prensa, tras el estudio del acuerdo realizado por los servicios jurídicos del sindicato en Ceuta.

“Para CCOO es ilegal la modificación con carácter general del procedimiento. Si bien la legislación vigente en la materia admite la posibilidad de que, de manera excepcional y para casos concretos y particulares, se pudiera eliminar el requisito de ser funcionario de grupo A para ser nombrado personal directivo de la Administración Local, mediante acuerdo plenario adoptado a tal efecto por mayoría de los miembros de la Corporación, no se contempla la posibilidad de modificar de forma genérica y para todos los nombramientos posibles la exigencia de un requisito tan fundamental como el de ser funcionario de nivel superior de las Administraciones Públicas”, recoge la nota del sindicato.

Y una vez extraída la conclusión de que es ilegal la decisión adoptada por el Pleno de la Asamblea, el sindicato entra a opinar sobre lo que supondrá el acuerdo votado por el PP que permitirá el nombramiento como directores generales de la mayoría de los gerentes de las empresas municipales que en su mayoría no son ni tan siquiera funcionarios.

“Este tipo de nombramientos degradan la función pública y menoscaban la profesionalidad de los funcionarios, obviando los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, que deben presidir los nombramientos de los puestos de trabajo en las Administraciones Públicas, aún cuando se trata de nombramientos para puestos de alta dirección, en los que el Gobierno de Vivas pretende acomodar a sus adeptos, para los que la única exigencia es la total adhesión a la causa del alcalde”, opina Comisiones Obreras.

Los servicios jurídicos trabajan ya en la redacción de la demanda que solicitará la nulidad por ser contrario a la legalidad vigente del acuerdo plenario adoptado por el Pleno de la Asamblea el pasado lunes.

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