El Consejo de Gobierno ha dado este viernes su visto bueno a la propuesta que le ha trasladado el consejero de Hacienda, Economía y Recursos Humanos, Emilio Carreira, sobre la forma de seleccionar al personal del sector público periférico, un asunto que la Asamblea debatió en el Pleno el pasado lunes y respecto del cual el Ejecutivo se comprometió a establecer unas normas y procedimiento objetivos y acordes a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, además de "transparencia" y "publicidad".

La propuesta, en síntesis, homogeniza los procedimientos en todo el sector público pues consiste en aplicar las mimas normas y procedimientos que existen para la Administración de la Ciudad y que han sido aprobadas por unanimidad en la Mesa General de Negociación. Para contrataciones temporales, se tendrán en cuenta las bases publicadas en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta (BOCCE) el 2 de febrero de 2010. Si la necesidad pasa por constituir una bolsa de trabajo, las normas a aplicar serán las recogidas en el BOCCE del 20 de julio de 2007.

Cuando se trate de contrataciones para plazas estructurales y con carácter definitivo, se aplicará, como en la Administración de la Ciudad, lo previsto en el Estatuto Básico del Empleado Público, el Real Decreto 364/1995 y el Real Decreto 896/1991, por los que se aprueban las reglas básicas y programas mínimos del procedimiento de selección de los funcionarios de administración local.

La propuesta recuerda, como también ha hecho el portavoz del Gobierno en la rueda de prensa en la que ha dado cuenta de lo tratado por presidente y consejeros, que se deberá respetar lo previsto en las respectivas Leyes de Presupuestos de cada año así como la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en lo que se refiere a la convocatoria de plazas y selección de nuevo personal.

"Damos cobertura y cumplimiento al acuerdo del Pleno", ha comentado Carreira, quien ha explicado que el acuerdo tendrá seguramente poca relevancia a corto plazo, ya que actualmente está vetada por Ley la incorporación de personal al sector público.

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