CAMBIO LEGAL

La Ciudad quiere devolver a Marruecos a todos los menores que migran "por connotaciones económicas"

La Ciudad quiere devolver a Marruecos a todos los menores que migran "por connotaciones económicas"
Imagen de recurso.
Imagen de recurso.  

Los Gobiernos de Ceuta y Melilla quieren trasladar el esquema de trato a los migrantes adultos, según el cual no todos merecen el mismo tratamiento en función de los motivos por los que se desplazan, a los menores de edad. Hasta tal punto que "el 'retorno a las familias de origen' o, en su caso, a los servicios de protección, que se lleve a cabo con las debidas garantías, debe conllevar no sólo el de los menores nacionales del país colindante con Ceuta y Melilla, sino también de aquellos originarios de otros países que acceden a ambas Ciudades Autónomas a través de Marruecos como país de tránsito".

Según la propuesta legislativa que el Ejecutivo de Vivas va a plantear al Pleno para, después, llevarla al Congreso, las dos ciudades autónomas registran "un flujo de MENA que va en progresivo aumento y que no obedece, en su gran mayoría, a verdaderas situaciones de desprotección, sino a un proyecto migratorio decidido con claras connotaciones económicas, buscando para ellos y sus familias un futuro mejor que en su país de origen".

"Por tal razón", consideran, "habría que distinguir (porque es la realidad sociojurídica existente) entre los "menores en verdadera situación de desprotección" de los que realmente son "menores migrantes" (jóvenes con proyecto migratorio decidido hacia España y el resto de la UE)". A su juicio ese segundo grupo, "en gran parte, incluso los que se encuentran alojados en centros de acogida, rechaza las medidas de protección que se adoptan por las entidades públicas competentes, lo que distorsiona el actual sistema de protección establecido en nuestras ciudades".

"Las normas deben adaptarse a la nueva realidad social que regulan constituyendo también una parte contextual en el lugar donde se aplican y de la sociedad que puede condicionarla"

"Su objetivo no es otro que emigrar a la Península y a otros países de Europa por motivos económicos y denotan tal determinación que ponen incluso en grave riesgo sus vidas para acceder como polizones en los barcos con destino a la península", añade.

Además, los de Vivas e Imbroda subrayan que "buena parte" rechazan ser acogidos "o una vez ingresados en los centros escapan de la tutelade la Administración autonómica, deambulando por las calles detectándose múltiples problemas de conducta, así como de policonsumo de sustancias adictivas poniendo en grave riesgo su salud, produciéndose también, en algunos casos, actividades ilícitas y de riesgo, con la consiguiente alarma social en unas ciudades de tan escasa extensión superficial".

"La situación en ambas ciudades autónomas puede calificarse de crítica", añade la iniciativa, que defiende que "las normas deben adaptarse a la nueva realidad social que regulan constituyendo también una parte contextual en el lugar donde se aplican y de la sociedad que puede condicionarla" y que "deben procurar dar solución a la problemática social que se plantea".

Nueva Disposición Adicional

A tal efecto se va a reclamar la incorporación de una nueva Disposición Adicional en la Ley de Protección Jurídica del Menor titulada 'Menores extranjeros no acompañados. Especificidades en las Ciudades de Ceuta y Melilla' que establezca que con los menores extranjeros no acompañados "que sean migrantes con entrada irregular en territorio nacional" en Ceuta y Melilla "se dará prioridad en el retomo, bien directamente, o, en su caso, través del país de tránsito, en aras de la protección del interés superior de estos menores y a efectos de su integración y desarrollo en el núcleo familiar de origen en su entorno socio cultural".

También que "hasta que se produzca el retorno de estos menores a sus países de origen, ya sea a efectos de su reagrupación familiar o de su entrega a los servicios de protección del menor, con el fin de su adecuado amparo, dispondrán del apoyo material y de los cuidados necesarios para satisfacer sus necesidades básicas, como alimentación, alojamiento apropiado para su edad, instalaciones sanitarias y cuidados médicos, siendo atendidos por la Administración del Estado como entidad pública competente en materia de inmigración".

Además, se estipularía que "en el supuesto de que en el plazo máximo de tres meses, no se haya hecho efectivo el retomo de los menores a sus países de origen o, en su caso, al de tránsito, éstos serán necesariamente trasladados a centros de acogida de otras partes del territorio nacional”.