La Ciudad creará “en un máximo de dos semanas” un grupo de trabajo para renegociar las condiciones de los trabajadores de las Brigadas Verdes, que podría integrarse incluso en alguna de las sociedades municipales. La propuesta del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía no ha dado margen a la discusión, puesto que todos los grupos políticos han estado de acuerdo en la necesidad de reformular la relación entre dichos empleados y la administración.

“Obviamente vamos a votar a favor”, ha expresado el portavoz del Gobierno, Alejandro Ramírez, a pesar de no entender el concepto de “estabilidad” en los mismos términos que Nadia Mohamed Abdel-Lah, quien ha afeado la “pasividad” del Ejecutivo local ante una plantilla que vive pendiente del convenio y “tiene que aguantar amenazas al final de cada año sin saber si volverán a trabajar al siguiente”.

Tras diecisiete años en los que "no ha habido problemas con los sueldos o las labores que realizan” el consejero del PP ha manifestado su disconformidad con la imagen planteada por la portavoz del Movimiento. “Cosa diferente es que estos trabajadores puedan tener una fórmula con la administración a la que tienen a día de hoy”, ha puntualizado, dispuesto a “optimizar” los recursos existentes.

El líder de Ceuta Ya!, Mohamed Mustafa, se ha tomado su tiempo para “poner en contexto” la propuesta y recordado que hay 120 trabajadores que integran las Brigadas desde hace casi dos décadas “bajo el paraguas de un convenio que cada año suscriben la Federación de Vecinos y la Ciudad”. Una fórmula “muy cuestionada” incluso por el Tribunal de Cuentas, ya que sus labores -de “limpieza” y “adecentamiento” de zonas públicas- deberían ser objeto de “contrato o prestación directa”.

El portavoz ha coincidido con el de Vox, Juan Sergio Redondo, al señalar al gobierno popular de Vivas como responsable de la creación de un problema que viene de lejos. “Las Brigadas Verdes surgen como una solución improvisada y transitoria para cumplir el compromiso personal (del presidente) de integrar a los componentes de distintos pactos por el empleo, hablamos de unos quinientos trabajadores”, ha explicado el localista sobre la creación de Obimace en dos fases, cuya culminación nunca se llegó a dar y dejó ‘colgados’ a estos empleados públicos.

Desde entonces se han tomado decisiones que ha calificado de “incoherentes”, como “decirles que era ilegal integrarlos en Obimace como se les había prometido” o decirles que sí era posible en Tragsa.

En todo caso, la solución, al parecer, ya iba en camino. Ramírez ha aseverado que “en el convenio de este año se ha incluido una modificación que permitirá actualizar el convenio colectivo de los integrantes” y ha avanzado que llevará aparejada una “mejora económica”.

Dicho proceso de negociación será “viable” este año y contará con la participación de los grupos de la Asamblea. Sobre los tiempos, ha indicado que en un “máximo de dos semanas” podrán sentarse a negociar, puesto que ya tiene propuestas alternativas del Comité de Empresa.