El también portavoz del Ejecutivo ha explicado a Vox en el Pleno este martes la Ciudad planea activar un “plan de choque integral”, aunque para que sea efectivo considera que es preciso “dotarnos de herramientas legislativas adecuadas que puedan paliar o minorar el crecimiento y la expansión de este tipo de obras”.
Al carecer de competencia legislativa y mientras “no se dote a la Ciudad de herramientas por parte del Estado”, el Gobierno de Vivas prevé “solicitar la incorporación de una mera Disposición Adicional en leyes estatales para modificar los plazos procedimentales, ya que los expedientes sancionadores se han visto afectados por las novedades introducidas que los han recortado de 6 a 3 meses”.
De momento, para la demolición de obras al margen de la normativa "se tiene en cuenta siempre su impacto desde una perspectiva circunscrita a la seguridad, al peligro que suponen o pueden suponer para sus ocupantes y viandantes”. “También compete a la Administración del Estado adoptar medidas respecto a la usurpación de sus terrenos, pero muchas medidas no se pueden adoptar porque la normativa aplicable en Ceuta, preconstitucional y con solo tres meses de margen para actuar, es inservible para atajar un problema de tanta magnitud”, ha alegado.
Además, “no es posible tampoco realizar desahucios masivos que generarían un problema de orden público, máxime con la situación de crisis sanitaria en la que nos encontramos y la vulnerabilidad social y económica que padecemos y que, desgraciadamente, padeceremos en los próximos años, lo que requeriría una normativa adecuada al problema”.
Vox: "Hay que imponer la legalidad"
El líder de Vox, Juan Sergio Redondo, ha urgido al Gobierno de Vivas a dar solución al “problema” de las construcciones ilegales. “Hay que imponer el cumplimiento de la más estricta legalidad donde ha reinado hasta ahora el caos urbanístico y recuperar los terrenos públicos ocupados”, ha reivindicado el diputado, que ha reconocido que “parte de la culpa de esta situación también la tiene la falta de un nuevo PGOU del que seguimos sin noticias”.
Para Redondo “estamos ante un desafío a la autoridad por elementos acostumbrados a vivir en la ilegalidad” y a su juicio controlar una ciudad de solo 19 kilómetros cuadrados “es solo una cuestión de medios y voluntad política, de salir a la calle y ponerse manos a la obra”.
El interpelante ha lamentado que la Administración todavía no haya inventariado las construcciones ilegales existentes en Ceuta, aunque ha reconocido que “la Consejería está trabajando”. “Hay que identificar e incoar expedientes y después ejecutarlos, que es donde tenemos que mejorar para evitar que algunas torres como las del Príncipe o Villajovita se caigan solas antes de que las tiremos”, ha reclamado.