DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA CIUDAD

Juan Vivas: “No todo va mal”

Juan Vivas: “No todo va mal”
Juan Vivas, presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta
Juan Vivas, presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta  

Con los ecos del sumario del Caso Emvicesa aún resonando, con el Partido Popular de nuevo contra las cuerdas en materia judicial a ambos lados del Estrecho, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, subió al estrado del salón de Plenos para dar su visión sobre el Estado de la Ciudad: obra pública, frontera, seguridad, menores, Emvicesa… Un panorama de problemas que Vivas no quiere que entierre lo bien hecho: “No todo va mal”, ha defendido, “lo peor no es la única verdad”.


“Esta Administración ha sido capaz de sacar adelante un muy exigente plan de ajuste y reducir la deuda en 85 millones de euros y el nivel de endeudamiento en un 30 por ciento. Todo en cuatro años y sin despedir a nadie”, recordó, señalando además la mejora en la capacidad de respuesta en materia de seguridad, medio ambiente, educación, deporte y política social. “Y el dato de afiliación en marzo ha sido el mejor de los últimos 16 años”, añadía.

Poco más de un minuto, de los treinta de los que disponía, dedicó el presidente Vivas al caso Emvicesa. “Comentario obligado” sobre una caso que, subrayó “sin querer sacar pecho”, denunció el Gobierno de la Ciudad. “Hemos dado la cara y la vamos a seguir dando”, afirmó desde el estrado del salón de Plenos. “No debemos olvidar que fue este gobierno, en junio de 2015, quien tomó la decisión de abortar la lista fantasma, soportando presiones y hasta abucheos”, destacó Vivas, atribuyéndose el papel “desencadenante” del proceso judicial. “En los difíciles momentos, cuando tuvimos entre elegir no hacer nada o recurrir a la justicia, elegimos lo que debíamos, el camino de la justicia, independientemente de las consecuencia”.

No olvidó tampoco el otro frente judicial, éste en torno a las competencias de la Ciudad, tras la sentencia del TSJA que anula el nombramiento de consejeros no electos al entender que Ceuta es un Ayuntamiento. “Vamos a defender nuestro estatuto de autonomía con uñas y dientes” por el bien de Ceuta y de los ceutíes, para organizar “nuestro propio gobierno” y no perder su presencia en la Conferencia de Presidentes o en el Sistema de financiación autonómica.

Respecto al paro y las posibilidades económicas, fue Vivas optimista por un lado, derrotista por el otro. Recordó que Ceuta tiene 1.400 trabajadores en activo más que al inicio de la crisis y 6.000 más que hace 16 años cuando llegó al Gobierno. Pero, así y todo, el presidente asume que 5.000 desempleados ceutíes tienen poca o ninguna posibilidad de insertarse en el mercado laboral si no es con los planes de empleo.

Una sangría laboral que la Ciudad pretende paliar con un plan de inversiones de 126 millones de euros en obra pública que generaría 500 empleos y una ampliación del contrato de limpieza que crearía otros cien.

El presidente tampoco obvió las reivindicaciones ciudadanas en materia de seguridad, problema para el que la Ciudad, además de la ampliación de las plantillas de Policía nacional y Guardia Civil, aporta 30 agentes de Policía Local más, así como un proyecto piloto para estudiar la delincuencia juvenil e infantil; además de la instalación, en colaboración con delegación de Gobierno, un sistema de videocámaras.

Respecto a la frontera, Vivas apuesta por dotar de medios y recursos humanos la aduana de Ceuta, ordenar y limitar los flujos de peatones y vehículos y recabar la colaboración de Marruecos tanto en la agilización de la frontera y la reagrupación familiar de los menores extranjeros no acompañados.

Discurso íntegro del presidente en el Debate sobre el estado de la Ciudad:

Concibo este debate como una oportunidad para asumir compromisos, realizar propuestas o fijar posiciones en todo aquello que, en relación con esta institución, interesa y preocupa a los ceutíes: la obra y los servicios públicos, las políticas sociales, la educación y el deporte, el desarrollo económico, el paro, la seguridad, la frontera, los MENA o cualquier otro asunto que deba merecer nuestra atención, por espinoso que sea.

El primero de los aludidos compromisos tiene que ver con la obra pública: el Gobierno se compromete a llevar a cabo un plan de obras dotado con 126 millones de euros, entre este ejercicio y el final de la legislatura. Su finalidad, seguir mejorando en infraestructuras, en equipamientos y en servicios, y dar trabajo a cerca de 500 personas.

No se trata de un canto de sirena: el plan es fiable, económicamente viable y cuenta con una hoja de ruta definida. Un camino que ya se ha iniciado: en estos momentos, están siendo ejecutadas, entre otras, las obras de rehabilitación de las viviendas de Santiago Apóstol y Los Rosales; han sido adjudicadas las del vial de conexión entre el Puente del Quemadero y el Fuerte, en la barriada Príncipe Alfonso; y se encuentran en contratación, para ser inmediatamente licitados, los proyectos sobre reposición del aglomerado asfáltico y los dos primeros del Plan de Barriadas, los correspondientes a las del Puerto y el Ferrocarril. En total, obras comprometidas por valor de 17 millones de euros. La mejor prueba de que, en el capítulo de la obra pública, se ha conseguido pasar la página de los anuncios, los proyectos y las intenciones para entrar, de lleno, en la de las realizaciones.

En todo caso, para ejecutar un plan de esta envergadura en el plazo señalado se necesita músculo. Creo que lo tenemos: contamos con el concurso de un excelente equipo de profesionales de esta Administración y de sus empresas y con el recurso complementario, como medio propio, de la empresa pública TRAGSA, a quien está previsto encomendar un 30 % del referido plan.

Según he manifestado, el plan significa un nuevo impulso para el desarrollo urbano de nuestra ciudad, mereciendo ser destacadas, a este respecto, dos características del mismo: una, que el 90 % de los recursos que serán invertidos en dicho eje tendrán como destino nuestras barriadas; una vez más las barriadas como protagonista principal de la inversión pública. La otra, que verán la luz proyectos en los que llevamos mucho tiempo trabajando; son los casos, entre otros, de los pasos elevados de Miramar y Paneque, la plaza de Nicaragua o la remodelación de la avenida Sánchez Prado y aledaños; una obra necesaria: la experiencia nos dice que, cuando se adecenta y moderniza una zona donde existe un buen número de establecimientos comerciales y de hostelería, la intervención pública actúa de locomotora y tiene un impacto positivo sobre la inversión y el empleo. En definitiva, defendemos la remodelación y mejora de la Gran Vía y aledaños sin ningún complejo, con el mismo convencimiento con el que defendemos el referido Plan de Barriadas o los 14 millones que serán invertidos en el Príncipe. Este Gobierno tiene claro que las decisiones de inversión nunca deben tomarse en función de cálculos electorales.

Una vez superado el bache de los peores años de la crisis, el Gobierno se compromete asimismo a seguir mejorando la calidad de los servicios básicos, medioambientales y comunitarios. Por tanto, a mejorar, entre otros, la limpieza, las playas, el alumbrado público y las emergencias.

En limpieza, el compromiso se concreta en reforzar medios y servicios sin sustitución ni merma de los que, en virtud del contrato en vigor, debe prestar Trace; esto supondrá la creación de cerca de cien puestos de trabajo

En playas, la regeneración de las de la bahía sur, mediante el aporte de arena y la mejora de accesos, lo que incluye la implantación de un ascensor en El Chorrillo.

En alumbrado público, dar continuidad al proyecto sobre renovación de luminarias ya iniciado; una actuación que, como reiteradamente hemos comentado, producirá un considerable ahorro tanto energético como de gasto.

En emergencias, modernizar el 112, en instalaciones y en soporte tecnológico.  

En materia de seguridad, el Gobierno considera que la acción política debe ser fiel y consecuente con algunos principios elementales que han demostrado su eficacia a la hora de enfrentarse a problemas complejos.  Estos principios son: respaldar y apoyar a los policías; a todos los policías, cualquiera que sea su uniforme; dejarse guiar por el criterio de los profesionales; fomentar la colaboración ciudadana; prestar atención a sus demandas; y hacer todo el esfuerzo que sea posible para mejorar medios y dotaciones.

De conformidad con este objetivo de hacer cuanto se pueda para mejorar la capacidad de respuesta en medios y efectivos, el Gobierno de la Nación ha anunciado la ampliación de las dotaciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil en nuestra ciudad. En la misma línea, y en lo que a esta Administración concierne, hoy reiteramos nuestro compromiso de ampliar en al menos 30 agentes el número de policías locales destinados a los denominados servicios operativos, lo que supondrá incrementar en un 15 % la dotación de dichos servicios. Un compromiso firme cuyo cumplimiento, por tanto, solo depende de que no surjan obstáculos insalvables en el camino hasta su culminación. Obstáculos que, por supuesto, no deseamos ni tampoco esperamos, con base en el asesoramiento recibido.

Además, otras dos medidas: el estudio sobre el establecimiento de una red de videocámaras, de manera conjunta y coordinada con la Delegación del Gobierno, y la puesta en práctica de un programa piloto sobre prevención de la delincuencia infantil y juvenil. A la frontera, a su funcionamiento, le pedimos muchas cosas. Le pedimos que sea una puerta vigilada y bien guardada, dadas las fatales consecuencias que tendría lo contrario. Le pedimos que sea fluida para que puedan seguir viniendo - y si es posible en mayor número - turistas marroquíes y para que los ceutíes podamos seguir frecuentando las localidades limítrofes. Le pedimos que los controles sean eficaces para evitar que la permeabilidad tensione indebidamente algunos servicios básicos o que repercuta negativamente en los índices de delincuencia en nuestra ciudad. Le pedimos que no provoque colapsos de tráfico, especialmente acusados en los accesos al Hospital Universitario y a las barriadas de Príncipe Felipe y Príncipe Alfonso. Le pedimos que el denominado comercio transfronterizo  no tenga efectos colaterales no deseados, algunos absolutamente insoportables, ni que, por esta causa, se dañe gravemente la imagen de nuestra ciudad. ¿Se puede conseguir todo esto que pedimos de manera plenamente satisfactoria? Sinceramente creo que no: el asunto es extraordinariamente complejo, son muchas sus derivadas y las posibles soluciones no dependen solo de nuestra voluntad. Lo que sí debemos hacer es atender la opinión de los expertos y actuar en consecuencia. Por tanto, actuar de manera decidida en una triple dirección: la primera, poner al día la frontera, tanto en infraestructuras como en medios tecnológicos; la segunda, ordenar y limitar la intensidad de los flujos, especialmente en lo que hace referencia al comercio transfronterizo; y la tercera, recabar la imprescindible colaboración y complicidad de las autoridades del país vecino. Esta es la estrategia que defiende el Gobierno de la Nación, la que comparte y apoya el de la Ciudad. Como prueba, la colaboración entre ambas administraciones para la reciente apertura del Tarajal II.

Teniendo en cuenta la relación directa que existe entre presión transfronteriza y presencia de menores no acompañados en nuestra ciudad; y teniendo en cuenta que todo tiene un límite. También, y de manera evidente, nuestra capacidad de acogida, el Gobierno quiere dejar claro, por enésima vez, cuál es su postura y cuáles sus compromisos en este asunto.

 Se resumen en tres puntos: uno, cumplir con la ley, - como no puede ser de otra manera -, y no traicionar nuestros principios; ello significa que la protección del menor y la defensa de sus derechos serán siempre, además de una obligación legal, un imperativo ético de primera magnitud para este Gobierno. Dos, defender que la capacidad de acogida de menores en nuestra ciudad no puede ni debe ser ampliada, sin perjuicio, eso sí, de mejorar, en lo posible, los recursos disponibles. Y tres, activar, de manera simultánea, y para remediar la actual situación de saturación, los protocolos dirigidos al reagrupamiento familiar y/o al traslado de menores a centros homologados de la península; una vía esta en la que, desde hace meses, viene trabajando la Dirección del Área, lo que permitirá formular la correspondiente propuesta en breve plazo.

La educación es la clave del porvenir, la senda más segura de la igualdad de oportunidades, de la inserción laboral, de la convivencia, de la libertad, del civismo; y el deporte, como escuela de valores, un complemento necesario. Creo sinceramente que durante todos estos años hemos sido fieles a la citada filosofía; de no ser así no se explica el enorme esfuerzo realizado para lograr avances tan  significados como son: el Campus Universitario del Teniente Ruiz, y en el mismo, las nuevas sedes de la Universidad de Granada, la UNED y el Instituto de Idiomas; la Biblioteca Adolfo Suárez; el Conservatorio; la ampliación de las plazas de educación infantil; los convenios con el Ministerio; las becas; el Guillermo Molina; los bajos de la Marina; o la recuperación para el deporte base, previa su rehabilitación, de los tres campos de fútbol de la Ciudad: Murube, José Martínez Pirri y Benoliel. Así ha sido, y así seguirá siendo por cuanto que asumimos el compromiso de acometer, durante lo que resta de legislatura, otro conjunto de actuaciones igualmente relevantes. En concreto, me refiero a la cesión al Ministerio de la parcela del Brull para que construya un nuevo instituto de secundaria; a la construcción de una escuela infantil en la parcela del antiguo Cine África; al estudio, en colaboración con el Ministerio, sobre implantación de un programa dirigido a facilitar y fomentar el uso de la herramienta digital en nuestras escuelas. Y en el ámbito del deporte, a la recuperación del José Ramón López Díaz-Flor, ya sea mediante su rehabilitación integral o construyendo un nuevo pabellón adaptado a las actuales necesidades, caso de que los informes que están siendo elaborados avalen esta decisión por razones técnicas y económicas; a la construcción, por fin, de la pista de atletismo, al amparo del convenio que será suscrito con el Ministerio de Defensa, y de dos campos de fútbol en el Príncipe Alfonso; y a la mejora de la conservación y aprovechamiento de las pistas deportivas existentes en las distintas barriadas, junto con el techado de varias.

Porque creemos en la igualdad de oportunidades, hemos mantenido e incrementado el esfuerzo en políticas sociales, incluso en los peores momentos de la crisis. El dato del vigente Presupuesto de 2017 me parece tan revelador como incontestable: el gasto total que realiza la Ciudad en las áreas de empleo, asuntos sociales, educación y sanidad se eleva a 66,2 millones de euros. Con casi toda seguridad, el gasto per cápita más alto de toda España si tenemos en cuenta que nuestra Administración no tiene competencias en las citadas áreas de educación, sanidad y empleo.

Porque estamos convencidos del derecho a la igualdad de los ceutíes con el resto de los españoles; convencidos, por tanto, de la necesidad de combatir, con todos los medios a nuestro alcance, las consecuencias que, en la cobertura de los servicios fundamentales, tienen el reducido tamaño y la extrapeninsularidad, vamos a cumplir con el compromiso de apoyar, junto con el Ingesa, la implantación en nuestra ciudad de una clínica de radioterapia. De hecho, y como un primer paso,  podemos anunciar que la empresa Radón ha presentado una propuesta para optar a la concesión de la parcela municipal donde podría localizarse dicha clínica.

Del caso de la Comisión Local de la Vivienda o de Emvicesa, algunos breves comentarios: no nos gustan los juicios paralelos; en democracia la legitimidad para juzgar y condenar, con las debidas garantías, solo la tienen los jueces. De acuerdo con este principio, creemos que se está haciendo lo correcto: colaborar con la justicia y respetar sus decisiones.

Prudencia y responsabilidad que no debe entenderse como una actitud contraria o reacia al debate. Hemos dado la cara y la seguiremos dando cuantas veces haga falta. Hoy también, si así se requiere.

Dicho lo dicho, comprenderán que, en un asunto tan penoso y lamentable como el referido, no pretendemos ni debemos ni podemos sacar pecho, pero tampoco conviene olvidar que fue este Gobierno quien, en junio de 2015, tomó la decisión de abortar lo que hoy todo el mundo conoce como la lista fantasma, soportando tensiones, presiones y abucheos. Fue este Gobierno quien puso en conocimiento de los juzgados unas prácticas que considerábamos irregulares y sospechosas; y fue este Gobierno quien instó, en el seno de la Comisión de la Vivienda, como alternativa a dicha lista fantasma, un procedimiento de adjudicación basado en el sorteo y la transparencia.

Decisiones que, en mi modesta opinión, pusieron a prueba la valentía de quienes las tomaron, secundaron y defendieron. Decisiones que, por otra parte, creo han tenido un papel desencadenante para que la justicia cumpla con su tarea de instruir, investigar y desvelar.

El paro es un problema endémico y estructural de nuestra ciudad; el más grave y acuciante, tanto desde un punto de vista social como humanitario. Y peculiar, si se compara con lo que ocurre en el resto de España. Peculiar por las especiales dificultades que aquí concurren para el desarrollo de la actividad productiva; y peculiar por la estructura de nuestro paro registrado. El dato es por sí mismo revelador: de los 13.000 parados inscritos, un 40 %, por tanto más de 5.000 personas, tienen muy escasas posibilidades, por no decir ninguna, de insertarse de manera estable, y al margen de los planes de empleo, en el mercado laboral. La razón principal, entre otra, la nula o escasa formación y experiencia profesional de dicho colectivo.  Además, y a la hora de analizar la evolución del paro en nuestra ciudad, no podemos dejar de considerar que, desde que se inicia la crisis y hasta este momento, la población de Ceuta ha crecido en 9.000 personas, un 11 %, mientras que, en el conjunto de España, en el mismo periodo, la población se ha mantenido estable.

De acuerdo con este diagnóstico, la política tiene que ir dirigida a perseverar en las medidas para fomentar la actividad productiva y el emprendimiento; a intensificar el esfuerzo en formación; y a tratar como asunto social, y no en el ámbito de las denominadas políticas activas de empleo, al colectivo de personas que, estando inscritas como parados, en realidad no tienen ninguna posibilidad de insertarse en el mercado laboral. Ni aquí ni en ninguna otra parte.

En lo que hace referencia al fomento de la actividad productiva, el Gobierno no está cruzado de brazos. El anunciado plan de obras; la continuada y decidida apuesta por la educación; la propuesta para abaratar el precio del transporte marítimo; el apoyo al restablecimiento del enlace aéreo; la intención de explorar con el debido rigor técnico las posibilidades de desarrollos empresariales basados en las nuevas tecnologías; la asistencia a iniciativas empresariales que muestran interés por localizarse en Ceuta; las gestiones para culminar el emplazamiento de nuevas concesiones en la ampliación del puerto; el apoyo al desdoblamiento y ampliación de la carretera nacional 352, la que une Ceuta con la frontera; el empeño por sacar adelante el nuevo PGOU; el mantenimiento de los programas de ayudas a pymes y autónomos; el refuerzo de medios para agilizar el otorgamiento de licencias y luchar contra el fraude en cualquiera de sus manifestaciones; la defensa del REF y de la suficiencia financiera de esta Administración; el impulso del macroproyecto sobre conexión eléctrica con la península, mediante cable submarino, que contempla otro de fibra óptica; o el compromiso de analizar, revisar y, en su caso, replantear la política turística sobre los pilares de nuestro rico patrimonio cultural y natural (museos, monumentos, Historia, gastronomía, paisaje, mar); el turismo de compra y ocio procedente de Marruecos y el deporte, son todas ellas iniciativas que tienen como denominador común la promoción y el desarrollo de la actividad productiva y del empleo.

Hay quienes insisten en transmitir a la opinión pública, que, en cuanto al crecimiento económico y a la creación de empleo, Ceuta está en caída libre desde  hace tiempo. No es cierto. Todos desearíamos que los resultados fueran más positivos; pero son positivos: Ceuta está creciendo al mismo ritmo que el resto de España. Según los datos de cotizantes a la Seguridad Social: en marzo de 2001, el número de ocupados era de 15.629; en marzo de 2008 – año en el que empieza la crisis-, de 20.159; y en marzo de este año, de 21.531. Dicho de otra forma, ahora hay en nuestra ciudad cerca de 1.400 personas más trabajando de las que había cuando empezó la crisis; y 6.000 más de las que había cuando llegamos al Gobierno.

Es oportuno significar, para concluir con este asunto, que los aludidos resultados de empleo podrían mejorarse, y de manera sustancial, si, entre todos, fuéramos capaces de evitar que se consuma fuera de Ceuta una parte importante de la renta que en Ceuta se genera; como ahora ocurre. Vamos a defender nuestro Estatuto de Autonomía con uñas y dientes; es decir, a través de todos los cauces que la Ley nos permite, con total legitimidad y convencimiento. Lo hacemos y lo haremos por el bien de Ceuta y de los ceutíes: para seguir ejerciendo las competencias que el mismo nos confiere, entre ellas las de organizar nuestros órganos de autogobierno; para que Ceuta siga estando presente, con voz y voto, en foros tan influyentes como la Conferencia de Presidentes, el Consejo de Política Fiscal y Financiera o las Comisiones Sectoriales; y para seguir participando del sistema de financiación autonómica.

Para terminar, algunas conclusiones igualmente breves. La primera, que sin negar la evidencia, la rotundidad y la envergadura de los retos, desafíos y problemas que tenemos por delante, y a los que nos debemos enfrentar -negarlo sería una irresponsabilidad imperdonable -, no deja de ser también cierto que no todo es irresoluble, que no todo va mal, que lo peor no es la única verdad. Creo sinceramente que hay cosas que funcionan. Daré algunos ejemplos:

- Esta Administración ha sido capaz, con el sacrificio de muchos y el decisivo apoyo del Gobierno de la Nación, de sacar adelante un muy exigente Plan de Ajuste, de reducir la deuda en 85 millones de euros, los intereses que se pagan al año en 7 millones, y el nivel de endeudamiento en 40 puntos porcentuales, todo ello en cuatro años y sin despedir a nadie.  

- Están sentadas las bases para que la obra pública recupere los niveles que tuvo en los años de bonanza económica, para mejorar nuestra capacidad de respuesta en el campo de los servicios básicos, entre ellos, la seguridad y los relacionados con el medio ambiente, y para seguir apostando, de manera cierta, por la educación, el deporte y las políticas sociales.

- Contamos con una estrategia definida para el desarrollo económico y la creación de empleo.

- El dato de afiliaciones a la Seguridad Social del mes de marzo ha sido el mejor de los últimos 16 años. Que nadie interprete este breve relato como un ejercicio de autocomplacencia, que no lo es. Lo hago porque creo que, sin faltar a la verdad, se puede y porque creo que se debe: sin ilusión, sin esperanza, sin entusiasmo es imposible ganar el porvenir.

La segunda conclusión es una apelación: que demos lo mejor de nosotros mismos para ponernos de acuerdo en todo aquello que sea determinante para el futuro de nuestra ciudad. Que no se utilicen estos escaños ni la influencia que, como formaciones políticas podamos tener, para sembrar en el corazón de los ceutíes la semilla de la discordia, los prejuicios, el enfrentamiento, el odio o la división por motivos de carácter religioso o racial.

Para finalizar como empecé, el último compromiso: vamos a seguir en la brecha. Hasta el último minuto, hasta el último aliento, hasta la última gota de sudor, vamos a trabajar en beneficio de Ceuta y de los ceutíes, con las ganas y el entusiasmo del primer día. Que nadie lo dude.