El presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas, ha aprovechado el penúltimo Consejo de Gobierno antes de las Fiestas Patronales, que marcarán oficiosamente el inicio del periodo vacacional, para poner varios deberes "irrenunciables" a equipo, fundamentalmente a los consejeros de Hacienda y Fomento y Medio Ambiente, Francisco Márquez y Guillermo Martínez, que no tendrá agosto para aburrirse.

Al portavoz gubernamental, tal y como él mismo ha explicado este viernes a mediodía a los periodistas, le corresponde la tarea de cuadrar las cuentas de lo que el Ejecutivo ha dado en llamar el 'ciclo integral del agua' para que la puesta en funcionamiento de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Santa Catalina conlleve "el menor incremento posible" en la factura del agua que pagan los 24.000 clientes de Acemsa.

La nueva infraestructura, que empezará a operar en septiembre en pruebas y que la Administración local espera recepcionar en primavera, generará unos costes que Martínez no ha querido concretar pero para cuyo sostenimiento el consejero está estudiando "todas las vías jurídicas, económicas y legales" a su alcance con el fin de no encarecer el recibo que paga el usuario.

Para la Ciudad será, en cualquier caso, un desembolso millonario. A falta de cifras oficiales, puede servir de referencia el contrato que por la explotación, mantenimiento y conservación de su EDAR, entre otros servicios, sacó a licitación el año pasado la Ciudad de Melilla por 10 millones de euros para un cuatrienio.

A pesar de que la legislación comunitaria impone que quien contamina debe pagar, el Gobierno ceutí tiene la esperanza de compensar con otros recortes y apelando a las singularidades ceutíes los gastos de la EDAR. Para ello Vivas ha encargado también a Martínez que en septiembre tenga listo tanto un documento donde se detallen las necesidades de infraestructura, personal y financiación de la nueva depuradora como otro con el alcance que podría llegar a tener la renegociación del contrato de desalinización de agua con Cadagua.

El Ejecutivo local, que paga unos 6 millones de euros al año a esta empresa, espera ahorrar "al menos 1,5 millones" combinando varias estrategias: en primer lugar, precisando menos agua desalada (ya se han reducido un 30% las pérdidas de la red); en segundo, "modificando" las cláusulas de la concesión actual, esto es, reduciendo el peso de la contraprestación fija e incrementando el de la variable, que depende del volumen de agua adquirida. 

El Gobierno "no descarta" ahora bajar el gravamen sobre Hidrocarburos

Márquez también tendrá tarea para las próximas semanas. Al titular de Hacienda se le ha pedido que en septiembre tenga definido ese plan de "opciones estratégicas de desarrollo económico" sobre las que la Ciudad pretende asentar un sector productivo "estable" y pujante que sea capaz, a su vez, de generar empleo.

Junto a Martínez, el también diputado nacional deberá, atendiendo a las indicaciones del Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE), elaborar un pliego de condiciones que permita a la Administración "ahorrar" en alumbrado público y "cualquier otro consumo energético". Para ello el portavoz ha apuntado que posiblemente se ligará el contrato de alumbrado al de mantenimiento del mismo, actualmente separados.

Cerrar las bases del nuevo pliego del contrato de limpieza y recogida de residuos que actualmente gestiona Urbaser, que vence en julio de 2012 (también se estudia sacarlo a licitación junto al de contenedores), y decidir si es factible y conveniente rebajar los tipos del gravamen sobre Hidrocarburos son otros de los trabajos a los que Vivas ha puesto fecha final a la vuelta de agosto.

Sobre este último punto, que el Pleno acordó a instancias de los socialistas someter este lunes a la consideración de la Comisión Especial de Cuentas (que se reunirá en septiembre), Martínez ha asegurado este viernes que el Gobierno "no tiene una posición 'a priori' negativa". Hasta la fecha los responsables gubernamentales han venido defendiendo la modificación impositiva que, a propuesta de Márquez, ligó el gravamen local a los tipos nacionales, lo que ha contribuido a elevar el coste final de los combustibles considerablemente por encima de los del país vecino.

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