“El auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid no entra en el fondo del asunto” y “solo paraliza durante unos días” el proceso de privatización de la gestión de seis hospitales. El consejero de Sanidad madrileño, Javier Fernández-Lasquetty, ha comparecido esta tarde, ante un número poco habitual de medios de comunicación --siete cámaras de televisión, casi medio centenar de redactores-- para dar explicaciones sobre el auto del TSJM que esta mañana ha paralizado cautelarmente la adjudicación a empresas de seis hospitales públicos a petición del Partido Socialista. Lasquetty ha restado importancia al auto y se ha mostrado convencido de que las alegaciones que su departamento debe presentar en los próximos tres días conseguirán levantar la suspensión.

El recurso forma parte de "la estrategia socialista para impedir que se lleven a cabo las reformas que necesita nuestro sistema sanitario", ha asegurado Lasquetty, que durante su comparecencia no ha hablado del motivo que ha llevado al TSJM a paralizar el proceso: la modificación, solo cuatro días antes de que terminara el plazo de presentación, de la cantidad que deben presentar las empresas como garantía. Pasó de más de 200 millones de euros a una décima parte, debido a que en una corrección de errores se añadió la palabra "anual" a la frase en la que se menciona que el aval debe ser de un 5% del valor del contrato. Las concesiones de los hospitales son por diez años. El consejero ha asegurado que el auto del TSJM "no entra en el fondo del asunto" y se ha quejado de haberse enterado por los medios de comunicación.

"No se cambió nada; solo se corrigió un error", ha afirmado Lasquetty, que ha añadido que la intención original de la Consejería era establecer la fianza del 5% del valor anual del contrato. A preguntas de los licitadores, ha insistido, se aclaró la posible confusión con la publicación en el Boletín Oficial. Los partidos de la oposición, sin embargo, consideran que la rebaja del 90% en la cantidad que debe aportar como garantía el contratista fue una manera de mejorar las condiciones, una vez avanzado el proceso, para que los interesados finalmente se presentaran al concurso.

Los periodistas han preguntado varias veces al consejero qué pasará si, pasados los tres días que da el tribunal para alegar, finalmente la suspensión se ratifica. ¿Tendría la Comunidad de Madrid que volver a convocar el concurso? ¿Bastaría con volver a exigir a las empresas el 5% de la cantidad total? ¿Podrían las empresas pagar ese aval de más de 200 millones de euros o se echaría alguna atrás? Lasquetty ha asegurado que no responde a "hipótesis" y ha sentenciado:  "La Comunidad de Madrid está muy segura de lo que ha hecho".