Durante esta semana he visto un cartel, en un corcho informativo de mi centro laboral, en el que se reclama, con cierta confusión, el mantenimiento de MUFACE. Para quienes no conozcan el significado de estas siglas les diré que son las de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado y es algo así como la Seguridad Social para los funcionarios públicos del Estado o los que pertenecen a los cuerpos estatales aunque su gestión sea autonómica.

Tras la creación, a principio de los años sesenta de la Seguridad Social, donde se integraron ‘legis ministerio’ todas las mutualidades existentes para el sector privado, hubo que esperar a mitad de los años setenta para que casi todas las mutualidades funcionariales se integraran en una, la actual MUFACE, perviviendo algunas para funcionarios locales (desaparecida ya), para funcionarios de Justicia o el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS).

La Seguridad Social es un órgano autónomo de la Administración del Estado que administra las cotizaciones de los trabajadores autónomos y por cuenta ajena y abona las diferentes prestaciones que se determinen. Las cotizaciones constituyen la masa de dinero con la que, generalmente, se pagan las prestaciones (jubilación, enfermedad común, accidente, incapacidad permanente, orfandad, viudedad). En el caso de los funcionarios las cotizaciones son muy bajas.

En los Presupuestos Generales del Estado las prestaciones de la Seguridad Social no se mezclan con otro tipo de gastos y lo que se aporta desde los Presupuestos para financiar los complementos a las pensiones mínimas o a las prestaciones no contributivas (por citar algunas) están en el capítulo de transferencias corrientes.

¿Qué pasa con las pensiones de los funcionarios públicos? Algo bastante diferente. El dinero de las pensiones de funcionarios (no de todos los empleados públicos), se encuentra consignado en el Capítulo I (Gastos de personal) con la denominación de ‘Clases Pasivas’. En resumen, las pensiones de los funcionarios constan a efectos presupuestos como salarios, es decir, están en el mismo lugar.

Los gastos de personal para 2010 (antes del recorte) eran de 26.847.770.000€, de los cuales  17.255.200.000€ (64.27% del Capítulo I) correspondían a personal en activo y 9.592.570.000€ (33.73%) a las clases pasivas, es decir, a los funcionarios jubilados. Esto quiere decir que aproximadamente uno de cada tres euros en personal va destinado al pago de pensiones. Si se eliminase del Capítulo I el pago de las pensiones, entonces nos encontraríamos con un adelgazamiento de los gastos de personal de un tercio.

Supongamos que el sistema de Clases Pasivas desaparece y con éste todo el sistema de mutualidades. Conforme fuese pasando el tiempo el número de miembros de las clases pasivas iría disminuyendo y no acontecería ninguna incorporación, mientras que las nuevas prestaciones serían abonadas por la Seguridad Social. Evidentemente el funcionario costaría más, ya que habría que pagarle a la Seguridad Social las cotizaciones correspondientes, pero a un plazo medio se habría normalizado esta situación.

Posted originally: 2010-06-05 10:30:34