La promoción de 317 VPO de Loma Colmenar ha registrado la primera ocupación irregular de una vivienda conocida. En concreto la víctima de la 'patada en la puerta' ha sido una de las casas reservadas para Plena Inclusión, que es la entidad que debe iniciar las acciones judiciales para que se proceda a la preceptiva orden judicial de desahucio.

La entrada en la vivienda se ha producido durante la tarde-noche de este domingo a este lunes, según han informado fuentes de la Ciudad Autónoma, y la Policía Local se ha desplazado hasta los bloques anexos al Hospital Universitario para levantar el preceptivo atestado. Durante su intervención se ha detenido a una persona sobre la que constaba una requisitoria vigente.

En paralelo, la Administración local mantiene una vigilancia exhaustiva sobre cuatro casos denunciados de presunto uso irregular de las viviendas, tanto por su venta privada como por su posible arrendamiento a personas que no han sido sus adjudicatarias.

Según las fuentes consultadas, uno de los casos ya ha sido "confirmado", por lo que se instruirá el correspondiente expediente para devolver la utilización de la vivienda de promoción pública al destino para el que fue construida.

Efectivos de la Policía Local y de Emvicesa han recibido el encargo de realizar visitas en horario de mañana y tarde, así como en fin de semana, para constatar la legalidad de la situación de las casas, con la que se será "inflexible". No abrir la puerta de forma sistemática tampoco es una salida viable: en tres meses la no ocupación de la vivienda es causa de resolución del contrato.

"Quienes hayan pagado o hayan recibido ofertas para pagar por una vivienda sin ser sus legítimos adjudicatarios deben saber que la Administración no consentirá ninguna irregularidad", han dejado claro fuentes de la Ciudad Autónoma.

Los contratos firmados prohiben de manera expresa "el traspaso, cesión o subarriendo total o parcial de la vivienda y anejos arrendados”. Igualmente estará vetada “la realización de obras de modificación, mejora o reforma sin previa autorización escrita de la propiedad”. No destinar la vivienda “a domicilio habitual y permanente” también es causa de resolución de contrato, como los dos comportamientos anteriores prescritos o “la falta de pago de las rentas o de las cuotas complementarias que sean exigibles por servicios o gastos comunes”.