Los juzgados centrales de la Audiencia Nacional han dado la razón a un agente de la Guardia Civil -asistido por el abogado Antonio Suárez-Valdés- que fue jubilado tras sufrir un ataque de ansiedad durante una entrada masiva de inmigrantes en 2017. El tribunal, en su última sentencia, considera que su retiro tiene que ver con un suceso incapacitante ocurrido en acto de servicio y no ajeno a él como había definido inicialmente el organismo estatal responsable.
La historia de este agente comienza a torcerse el seis de febrero de 2014, a las siete de la mañana, cuando se encontraba prestando su servicio de cobertura de fronteras y recibió una llamada para que acudiera de manera urgente a la playa del Tarajal. Lo hizo en apoyo del personal que se hallaba en el lugar ya que se había producido un salto masivo de inmigrantes.
Según el relato de su defensa, el agente se personó en la playa "introduciéndose en el mar hasta las rodillas, para, mediante señales gesticulares, llamar la atención de los inmigrantes que intentaban acceder por mar y atraerlos a la playa, asistiendo en al orilla a varios de ellos".
En ese momento vio cadáveres flotando en el agua y como "la marea los empujaba hacia la playa". Cuenta que tanto él como sus compañeros llevaron a los supervivientes y los fallecidos hasta 'Grada 1' entregándolos al personal del GRS y, allí, empezaron a "recibir lanzamiento de piedras y objetos provenientes del lado marroquí, teniendo que retirar los vehículos oficiales de dicho lugar y resguardarse".
Batalla judicial
Por estos hechos, el Juzgado de Instrucción nº6 de Ceuta incoó diligencias previas por delitos de prevaricación, lesiones, homicidio por imprudencia grave con resultado de muerte y denegación de auxilio contra el guardia civil.
El 24 de septiembre de 2019 se acordó, por un lado, continuar las diligencias previas por el trámite del procedimiento abreviado por delitos de homicidio por imprudencia grave con resultado de muerte y denegación de auxilio y, por otro lado, el sobreseimiento provisional de las actuaciones por delito de lesiones así como el sobreseimiento libre por el delito de prevaricación.
Contra dicho auto de fecha 29 de octubre de 2019 se interpuso recurso de apelación, tanto por la representación procesal de varias asociaciones relacionadas con los derechos humanos, como por el guardia, desestimándose el recurso de apelación formulado por las asociaciones y estimándose el recurso de apelación del agente, acordando el sobreseimiento libre de la causa por los hechos calificados como delito de homicidio imprudente, lesiones y denegación de auxilio.
Contra dicho auto se interpuso recurso de casación por la Acusación popular, que fue desestimado en mayo de 2022, dictándose finalmente en junio de ese año el archivo definitivo.
Ocho años de angustia
Lamenta la defensa del ahora ex guardia civil que se le mantuviera encausado por un delito de homicidio, "que no había cometido", durante ocho años, "habiendo sufrido una situación angustiosa" durante ese periodo.
Relatan que "inicialmente trató reponerse de la experiencia vivida" pero posteriormente, el 17 de febrero de 2017, estando de servicio llegó el revés definitivo.
Nuevo salto a la valla, jubilación y litigios
Esa jornada el agente volvió a ser avisado de un salto masivo en la zona 'Bravo' del vallado. "Cuando llegó allí, inició la actuación junto con los demás compañeros, resultando ser entre ocho y diez efectivos, con el fin de trata de evitar la entrada de más de quinientos inmigrantes".
Recuerda el guardia que durante la actuación "los inmigrantes se volvieron agresivos y exaltados", llegado a "golpearle y escupirle" en varias ocasiones. De repente se notó falto de respiración y sufrió una crisis de ansiedad.
Tras aquello, el Ministerio de Defensa acordó la jubilación del agente ajena a acto de servicio, "pese a resultar notorio que en la génesis de su patología psiquiátrica se encontraban los hechos sufridos en el salto masivo de 2014", argumenta su defensa, a cargo del letrado Antonio Suárez-Valdés.
Finalmente, los juzgados centrales de la Audiencia Nacional han aceptado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el afectado, reconociendo que la incapacidad permanente para el servicio por insuficiencia de condiciones psicofísicas del agente acaeció mientras ejercía su profesión.
Para su abogado, "la sentencia supone un importante espaldarazo a los agentes que trabajan en las vallas de Ceuta y Melilla, que a su juicio venían desempeñando su trabajo en condiciones de absoluta indefensión, al negarse el ejecutivo a considerar acaecidas en acto de servicio las lesiones que pudieran desarrollar en el ejercicio de su trabajo".
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