CINCO AÑOS DE LA TRAGEDIA

CEAR presenta otro testigo presencial del 6-F y la defensa de los guardias lo ve "innecesario" y "sospechoso"

CEAR presenta otro testigo presencial del 6-F y la defensa de los guardias lo ve "innecesario" y "sospechoso"
Al menos 14  personas perdieron la vida junto al espigón marítimo fronterizo del Tarajal el 6 de febrero de 2014.
Al menos 14 personas perdieron la vida junto al espigón marítimo fronterizo del Tarajal el 6 de febrero de 2014.  

Cinco años después de la tragedia de la madrugada del 6 de febrero de 2014, cuando tal día como este miércoles de hace cinco años al menos 14 migrantes de origen subsahariano perdieron la vida junto al espigón marítimo fronterizo del Tarajal intentando acceder en grupo a Ceuta en medio de una lluvia de pelotas de goma, la causa judicial que pretende esclarecer si los hechos merecen algún tipo de reproche penal sigue abierta.

La Audiencia Provincial ha tenido que reabrirla en dos ocasiones, la última en agosto del año pasado, para ordenar al Juzgado de Instrucción número 6, que es el que tiene las diligencias 123/2014, que intente llegar al fondo de la cuestión hasta el límite de sus posibilidades. En verano de 2018 requirió que al menos se intentase practicar la testifical de dos supervivientes localizados en Alemania cuya identidad responde a las iniciales L.N. y L.A.S.

La comisión rogatoria tramitada ante las autoridades germanas no ha tenido hasta ahora más éxito que la cursada ante Marruecos para acceder a las autopsias practicadas a los cadáveres recuperados en el país vecino.

La Audiencia revocó por primera vez en enero de 2017 el sobreseimiento provisional y libre de las diligencias incoadas por la presunta comisión de supuestos delitos de homicidio, lesiones y prevaricación al entender que la instrucción no se había agotado porque se había “confundido la pertinencia y utilidad de algunas diligencias con el convencimiento, fundado o no, de que serían imposibles de realizar”.

Ahora hay más novedades y nuevas posibilidades de arrojar luz sobre lo sucedido en el Tarajal. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha propuesto que se cite a otro “testigo presencial”, un ciudadano camerunés cuya identidad responde a las iniciales H. K. que reside en España regularmente y que está dispuesto a dar su versión de los hechos pero a cuya toma de declaración se opone la representación legal de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil (UOGC).

Los letrados de la UOGC ven inaceptable una “actividad probatoria ilimitada” y a día de hoy no resulta “reprochable penalmente” el trabajo de los miembros de la Benemérita en la contención de aquel intento de salto

El superviviente, que según las fuentes consultadas ya ha dejado registrado su testimonio en una intervención ante notario, podría ser, a falta de que se materialicen las testificales de los que viven en Alemania, el primer migrante que relatase su experiencia en primera persona en sede judicial. Sin embargo, para la defensa de los guardias civiles la diligencia es “innecesaria, tardía y profundamente sospechosa, a la par que injustificada”, para lo que se argumenta que es “profundamente sospechoso” que “el sujeto que se propone se encuentra domiciliado en la misma CEAR”.

"Absolutamente redundante"

Los letrados de la UOGC ven inaceptable una “actividad probatoria ilimitada” y a día de hoy no resulta “reprochable penalmente” el trabajo de los miembros de la Benemérita en la contención de aquel intento de salto. “La prueba no es relevante, es absolutamente redundante si se la compara con los testigos cuya declaración está pendiente de práctica o de intento de ella”, argumenta la parte, que entiende que la instrucción debe limitarse a hacer lo que ordenó la Audiencia en agosto, cuando ordenó reabrir las diligencias archivadas, “sin perjuicio de considerar necesarias las pruebas solicitadas por esta parte en relación a dos testigos que residen hoy en Alemania”.

Las acusaciones mantienen que "existen en el procedimiento abundantes indicios de criminalidad que no sólo constatan la existencia de un ilícito penal sino además que existen indicios que permiten atribuir los mismos a los guardias civiles investigados"

Además, para los abogados de la UOGC “no procede la práctica de más diligencias de investigación si se tiene e cuenta el plazo establecido para la instrucción”. “Habiéndose practicado todas las diligencias consideradas necesarias y pertinentes, cuyos resultados, obrantes en autos, no arrojan indicio alguno para afirmar que la actuación de la Guardia Civil el día de los hechos fuera delictiva, resulta tan innecesaria la prórroga de la declaración de la complejidad de la causa como improcedente acordar la testifical que ahora propone la CEAR por el plazo transcurrido y acotado para la investigación”.

No opinan lo mismo otras partes como la Coordinadora de Barrios, que cree que "existen en el procedimiento abundantes indicios de criminalidad que no sólo constatan la existencia de un ilícito penal sino además que existen indicios que permiten atribuir los mismos a los guardias civiles investigados".

A juicio de CEAR "de lo actuado y de los distintos informes que constan se desprende que el 6 de febrero de 2014, los agentes de la Guardia Civil del operativo desplegado en la playa del Tarajal y espigón anexo dispararon contra las personas que se encontraban en el mar intentando acceder a suelo español, material antidisturbios y resulta indiciariamente acreditado que a consecuencia de ello fallecieron al menos 14 personas, resultando otras tantas lesionadas y 23 ciudadanos extranjeros entregados a las autoridades marroquíes al margen de cualquier procedimiento legal, lo que resulta contrario a los artículos 2 y 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y el artículo 15 de la Constitución Española".

La Comisión Europea advirtió tras estos sucesos que considera que "no debe recurrirse a la fuerza disuasoria en la vigilancia de fronteras" y que "todo recurso a la fuerza debe ser proporcionado y estar justificado por la protección de la vida de los guardias fronterizos". Para las instituciones comunitarias es "esencial que se lleve a cabo una investigación completa por parte del poder judicial", al que corresponde "examinar y determinar si han de tomarse las medidas disciplinarias adecuadas".