El pasado 26 de junio, la Guardia Civil interceptó en aguas del Estrecho una embarcación deportiva con rumbo a Algeciras. Tras su parada, dos agentes del Servicio Marítimo procedieron a identificar a sus ocupantes, resultando ser su patrón un vecino de nuestra ciudad. Este llevaba consigo nada menos que a "siete personas de nacionalidad marroquí" con la presumible intención de transportarlas hasta la península.

Dada la naturaleza de los hechos, la Benemérita detuvo de inmediato al piloto del navío. Al existir la posibilidad de que hubiese más implicados, el Cuerpo dio inicio a una minuciosa investigación para intentar llegar al fondo de la cuestión.

Luego de varias semanas y enmarañadas pesquisas, la Comandancia logró dar con el paradero de otros dos individuos que, al parecer, habían actuado poco menos que como cooperadores necesarios. Claro está, ambos dos -también, de nacionalidad española- acabaron siendo arrestados con posterioridad al suceso inicial.

Claro está, todos los implicados ya han sido puestos a disposición de la autoridad judicial, ante la que habrán de responder por un presunto delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, cuya horquilla de penas abarca desde los 3 hasta los 12 meses de prisión.

Según la propia Guardia Civil, "es común la existencia de grupos criminales -de mayor o menor entidad- que se dedican a la realización de este tipo de lucrativa actividad mediante el uso de pequeños barcos o motos acuáticas".