INSTRUCCIÓN

Cuatro investigados por dar "satisfacción extraprocesal" a una deuda de Acemsa con ACC con sobrecoste

Cuatro investigados por dar "satisfacción extraprocesal" a una deuda de Acemsa con ACC con sobrecoste
Imagen de recurso.
Imagen de recurso.  

El ex consejero de Medio Ambiente, Fernando Ramos; el interventor de la Ciudad, José María Caminero; el abogado Carlos García Selva; y el apoderado de ACC, Cecilio Castillo, han sido citados en calidad de investigados por la presunta comisión de sendos delitos de prevaricación y malversación en el marco de las diligencias abiertas por una denuncia de Ciudadanos al hilo de la manera como se resolvió con algunos jirones de dinero público una deuda millonaria de la empresa pública con esa constructora a costa de no pagar 'precio' político.

Cuando la formación naranja amenazó al Ejecutivo de Vivas, la legislatura pasada, con llevar al Juzgado los reconocimientos extrajudiciales de deudas, una forma que el PP usaba casi cada viernes para saldar por las buenas cantidades por servicios prestados sin contrato, sin consignación, etcétera, el Gobierno decidió dejar de hacerlo y, aunque saliese más caro para la Administración, obligar a las prestatarias a acudir a la Justicia.

ACC no había cobrado de la Ciudad los trabajos realizados entre noviembre de 2016 y junio del año pasado en las redes de saneamiento, un total de 1,6 millones. Según fuentes conocedoras del asunto, el expediente era inmaculado en términos de emisión de informes y facturas. Se pidió asesoramiento a un abogado, que dio tres salidas.

Una, el reconocimiento extrajudicial (hubiera costado el principal más casi 44.000 euros de abogados), fue desestimada "por las órdenes expresas otorgadas para no atender ninguna reclamación que no venga acompañada de una resolución judicial obligando a realizar el pago". Otra, pelear, se descartó al intuirse que derivaría en "miles de euros" de añadido innecesario. Se optó por "negociar la satisfacción extraprocesal del objeto litigioso en el seno del procedimiento judicial con la consiguiente resolución judicial".

La factura se elevó entonces algo por encima de 1,8 millones: el monitorio de 1,61 millones, 108.773 extra por la ejecución del título judicial; casi 7.000 de procurador; y 80.016 euros más en honorarios con impuestos incluidos atendiendo al "trabajo profesional realizado" y la "complejidad de la causa", según el informe emitido en junio de 2018 por el bufete de García Selva, para el que hasta hace nada decía haber trabajado durante el último lustro el nuevo representante del PSOE en el Consejo de Administración de Acemsa, Rafael García.

Acemsa presumió en octubre de haber triunfado. Según sus estimaciones, si el monitorio hubiese llegado a buen puerto sin "negociación" hubiese conllevado el pago de los 1,6 millones reclamados "más 484.976 euros en concepto de intereses y costas de ejecución".

El Juzgado instructor ya ha escuchado las declaraciones de Ramos y Caminero y en noviembre oirá a García Selva y a Castillo para determinar si el caso puede entrañar efectivamente la comisión de algún ilícito penal en las decisiones adoptadas y la gestión del dinero público utilizado.