El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de nuestra ciudad ha decretado este 12 de abril el ingreso en prisión del matrimonio ceutí que fue detenido el pasado día 10 en el marco de una operación policial contra la trata de mujeres.

La división policial encargada de llevar las riendas del operativo ha sido la llamada 'Unidad Contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales'. Fue el miércoles -poco después de que terminase la Musal-la por el fin del Ramadán- cuando sus integrantes se personaron en la calle Juan de Juanes para arrestar a la pareja, compuesta por un hombre español y una mujer de nacionalidad paraguaya.

Los delitos que a ambos se les imputaban eran cuatro: trata de seres humanos con fines de explotación sexual, prostitución proactiva, favorecimiento de la inmigración ilegal y contra la salud pública.

La investigación, desarrollada en el ámbito de la lucha contra la trata de personas, permitió la liberación de tres féminas de origen paraguayo y la plena identificación de otras catorce que, según el CNP, llevaban siendo explotadas sexualmente desde mediados del año 2022.

El entramado, ahora desmantelado, había establecido dos viviendas situadas en la zona del Morro, donde los presuntos delincuentes mantenían retenidas a las mujeres y las obligaban a ejercer la prostitución "en condiciones cuasi de esclavitud".

Dicen desde la Jefatura Superior de la Policía Nacional que las víctimas "eran captadas en Paraguay" y que, tras ello, "se les organizaba el viaje a España", circunstancia que derivaba en que las jóvenes contrajesen "una deuda de entre 3.000 y 5.000 euros", deuda que, claro está, debían saldar ejerciendo la prostitución.

"Tenían que estar disponibles las veinticuatro horas del día los siete días de la semana", reza el escrito policial, que aclara que las damnificadas "debían desplazarse a otros domicilios en caso de que fueran solicitados sus servicios". Para más inri, las féminas también eran obligadas a "vender sustancias estupefacientes y medicamentos vigorizantes". Tenían hasta que soportar que les hicieran fotos y las publicasen en "páginas web de contactos".

Explica el CNP que "los tratantes prohibían a las mujeres salir de los pisos donde ejercían", sometiendo a estas a una vigilancia constante a través de videocámaras y mediante sus propios teléfonos móviles. Finalizado el servicio, "las cantidades abonadas por los clientes eran repartidas al 50%".

"Varias de las víctimas son originarias de la misma localidad de donde es natural la detenida", afirma la Jefatura Superior. Fuentes homónimas aseguran que esta última "aprovechaba el conocimiento que tenía de la situación de vulnerabilidad y extrema necesidad económica de sus compatriotas para acabar engañándolas".

Durante la fase de explotación de la investigación, se procedió a la entrada y al registro coordinado de tres viviendas, entre las que figura el domicilio habitual de los detenidos y un piso en Algeciras, hasta donde llegaban los tentáculos de la trama. En el interior de una de las propiedades, se intervino documentación que está siendo analizada y que, hasta el momento, corrobora la sospecha de que el clan se dedicaba, igualmente, al cultivo de marihuana.