No lo digo yo, ni lo dice UDCE, ni lo dice la coalición CABALLAS. Lo dice el Tribunal de Cuentas, dependiente directamente de las Cortes Generales, y supremo órgano fiscalizador del Estado y del sector público; extiende su jurisdicción a todo el territorio nacional sin perjuicio de los órganos fiscalizadores que puedan existir en cada autonomía previstos en sus estatutos. Cosa que nosotros no tenemos, entre otras cosas, porque este gobierno no quiere que seamos Comunidad Autónoma.

Pero a lo que vamos, lo más criticable del funcionamiento de organismos tan importantes como el Tribunal de Cuentas es el retraso con el que suelen realizarse los informes de fiscalización, aunque esa demora es achacable también, como consta, a la tardanza con la que el gobierno local remite la documentación que se le solicita.

A finales de noviembre de este año, el Tribunal de Cuentas ha emitido dos informes: el primero de ellos, es el informe de fiscalización de la Ciudad Autónoma de Ceuta, sus organismos autónomos y de las sociedades por ella participadas en los períodos comprendidos entre 2002 y 2004; el otro, es un informe anual sobre nuestra ciudad según los datos de 2005.

Del primero, se desprenden cuestiones tan importantes como que el Tribunal de Cuentas llega a conclusiones tales como que:

1. El Gobierno de la Ciudad no ha elaborado la relación de puestos de trabajo de la Administración Autonómica, por lo que “no se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y el Texto Refundido de Régimen Local que establecen la obligación de las Administraciones públicas de formar la relación de puestos de trabajo, en los términos definidos en la legislación básica sobre la función pública”. Desgraciadamente, esto sigue igual y seguimos sin RPT, pese a la recomendación de agilizar dicha relación.

2. Asimismo, en el análisis realizado por el Tribunal de Cuentas de los gastos del personal contratado con carácter temporal, se ha puesto de manifiesto la “falta de trasparencia de la Administración Autonómica en su gestión, dado que este personal no se incluye en las plantillas que acompañan a los presupuestos, ni se prevén dotaciones de crédito para la cobertura financiera de sus retribuciones, lo que supone que los datos presupuestarios aprobados en los Presupuestos Generales de la Ciudad no representen la realidad económico-financiera de esta área de actividad de la Administración Autonómica”. Esto, tampoco ha cambiado a mejor.

3. Del mismo modo, según el informe citado del Tribunal de Cuentas, en numerosos expedientes de contratación, “no consta la justificación de la necesidad de su objeto para los fines del Servicio público o, cuando figura, el informe requerido a estos efectos por la normativa, su contenido carece de un nivel de concreción razonable”. Igual que no se remitieron los “estudios, prospecciones de mercados o bases técnicas utilizadas y cálculos realizados para la elaboración de los presupuestos de once contratos,” expresamente requeridos por el Tribunal.

Y, de la Manzana del Revellín, que tanto nos ha costado y cuesta a todos los ceutíes, el Tribunal dice expresamente, que ha habido contratos, que han sido “adjudicados mediante procedimientos negociados sin publicidad ni concurrencia mínima de ofertas a una empresa seleccionada por un acuerdo previo entre la Administración General de la Ciudad y la empresa titular de la parcela”, sin existir constancia para el alto tribunal de cualquiera de los supuestos de hecho que se requieren por la normativa para utilizar este proceso.

También le llama la atención, al igual que se la puede llamar a cualquier ciudadano, que, existiendo un importante retraso en la ejecución del contrato de obras de la Manzana, no se haya impuesto ningún tipo de sanción prevista en la normativa, al igual que parece ser que no se ha aportado documentación, como el acta de recepción, expresamente requerida por el órgano que emite el informe.

Del informe acerca del año 2005, el Tribunal de Cuentas señala algo tan grave e importante como que se han superado los límites al nivel de endeudamiento financiero, por más que luego, este gobierno sólo haga públicos los parámetros que les puedan salvar las espaldas.

E igualmente, se hace referencia a la importancia de que en los concursos administrativos se establezcan los criterios de adjudicación con mayor claridad y precisión para que las empresas que estuvieran interesadas en la licitación, puedan conocerlos.

El PP podrá criticar todo lo que quiera las opiniones de UDCE y de CABALLAS, o de los que formamos parte de ambos y las críticas que le hacemos; pero, casualmente, muchas de esas críticas, coinciden con lo que expresa el Tribunal de Cuentas ¿también criticarán a este órgano por decirle las verdades?