Tal libertad y tal derecho será, únicamente, la voluntad de los dueños de esos medios y dependerá, en última instancia, de su nivel de tolerancia. Decir que en España existe libertad de expresión porque ciertos medios permiten la emisión de mensajes “contrarios” a sus intereses es como si un esclavo dijera que es libre porque su amo le trata bien, no le pega y no le viola. De acuerdo, tu amo no te pega y no te viola, pero porque no quiere pegarte ni violarte, no porque no pueda hacerlo. No eres libre porque tu libertad y tu bienestar dependen, a fin de cuentas, de la honorabilidad y el buen corazón de tu amo, de la suerte que tengas de caer en manos de un amo bueno o un amo malo. Si los medios de comunicación son privados, la libertad de expresión no será más que la libertad que los dueños de los medios permitan que exista, por lo que no será libertad, sino la voluntad de un individuo privado que decide lo que se puede y no se puede decir.

Yo escribo en este diario y me permiten decir lo que quiero. Hasta que no me dejen. En ese momento, mi libertad se habrá acabado. En ese momento, quedará claro que jamás tuve tal libertad, que mi libertad no era más que el consentimiento, la profesionalidad, la coincidencia ideológica o el capricho de otro. Por eso, no es aceptable en términos democráticos que la inmensa mayoría de los medios de comunicación de masas de nuestro país sean una propiedad en manos de grandes multimillonarios con intereses completamente opuestos a los del común de los mortales. El derecho a la información es esencial en democracia y, por lo tanto, debe estar democratizado. Ahora bien, partiendo de esta base, muchos se plantearán la siguiente cuestión: ¿Acaso sería democrático que fuera el Estado el que controlase la mayoría de medios de comunicación? Evidentemente, no. Por desgracia, hemos constatado como en numerosas ocasiones los medios estatales, autonómicos y locales terminan convertidos en mera propaganda del Gobierno de turno. Canal Nou, Telemadrid, Televisión española o la televisión pública de nuestra ciudad son buenos ejemplos de ello.

La respuesta podemos hallarla, como tantas otras veces, en esa zona del mundo tan atacada, calumniada, difamada y despreciada: América Latina. Concretamente, pondré el ejemplo de Ecuador. Su presidente, Rafael Correa, ha sido vilipendiado sin piedad en los grandes medios de comunicación. ¿El motivo? Su famosa ley de medios, una ley de la que se ha dicho que supone una vulneración de la libertad de expresión y el ejercicio periodístico. Nada más lejos de la realidad. Precisamente, lo que hace la ley de medios ecuatoriana es democratizar el acceso a los medios de comunicación. Se divide el campo mediático en tres partes y se reparte de la siguiente forma: un tercio para las empresas privadas, otro tercio para el Estado y otro tercio para la sociedad civil organizada en sindicatos, asociaciones de periodistas, consejos vecinales, entidades sin ánimo de lucro, etc. Es una ley que limita el poder de los grandes multimillonarios que siempre han gobernado América Latina y que, al ser los únicos propietarios de la información recibida por el pueblo, creaban consenso en torno a sus ideas e inclinaciones. Es a eso a lo que se pretende poner fin, tanto en Ecuador como en tantos otros países de América Latina. Rafael Correa pretende dar voz a quienes antes eran meros agentes pasivos que se tragaban la mercancía podrida que les vendían los sinvergüenzas, oligarcas y banqueros que durante décadas hundieron a los países de la zona en la pesadilla del saqueo neoliberal. Rafael Correa construye democracia...y los medios de comunicación le llaman dictador. Normal. Les está jodiendo el chiringuito.

No pretendo decir que haya que copiar el modelo ecuatoriano, sólo digo que es un modelo distinto, una nueva forma de entender el derecho a la información veraz. Si la información es poder, los medios de comunicación son un poder. Y como todo poder, debe democratizarse y estar controlado democráticamente. Es en eso en lo que consiste el Estado de derecho.