PP y Ciudadanos: legalizar lo ilegalizable

La Zarpa - Julio Basurco


- Hace unos días, el Catedrático de Derecho Constitucional, Javier Pérez Royo, escribía un texto para ctxt.es en el que, con el artículo 22.2 de la Constitución (“Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delitos son ilegales”) como base, planteaba la posibilidad legal, ante su evidente corrupción orgánica, de pasar a considerar al Partido Popular como asociación ilícita y de proceder, por tanto, a su ilegalización.

La corrupción endémica del PP ha consistido, básicamente, en una trama que, afectando a toda la organización (el PP es el primer partido de la democracia llamado a declarar como imputado) ponía en unas pocas manos lo que era de todos. Ante esto, llama la atención las soluciones que proponen algunos partidos políticos que juegan deliberadamente con el lenguaje. Ciudadanos es, tal vez, el caso más claro. Albert Rivera habla mucho de la corrupción política, obviando que tal corrupción siempre requiere de una parte privada. Podemos decir que, en última instancia, la corrupción consiste en convertir lo público en privado. Rivera, que identifica la corrupción con “lo político”, propone que haya menos política.

Los estados (resumiendo en estados toda la parte “pública”), al menos en lo que conocemos como Estados de bienestar, tienen la función de proteger a la población de los mercados, de su naturaleza depredadora únicamente basada en la rentabilidad y el beneficio. Lo que hemos visto en nuestro país ha sido a un estado supeditado al mercado. Dicho de otro modo: a políticos que no hacían de políticos, sino de representantes del interés mercantil, del interés privado. Lo malo de las Cajas de Ahorro no es que fueran públicas: es que dejaron de operan como cajas públicas, asumiendo la lógica privada.

En la pugna clásica entre Estado y Mercado, es decir, entre el interés público y el interés privado, Albert Rivera opta por lo segundo. Y lo hace mediante un argumento tramposo consistente en asociar lo público a la corrupción, en lugar de decir la verdad: que la corrupción es la intromisión de lo privado en aquello que debería ser público, que la corrupción surge cuando lo que nominalmente es público deja de ser público y pasa a estar al servicio de lo privado. En el de Rivera y Ciudadanos hay mucho de ese discurso anarcocapitasta que desde siempre ha estado en contra de las instituciones republicanas derivadas de la Ilustración, al entender que estas ponían límites a esa “libertad” del dinero que no es otra cosa que la libertad del fuerte para someter al débil.

Vemos la misma manipulación a la hora de abordar el tema de los impuestos. Rivera habla de “bajar los impuestos”. Así, en general. Hablar de bajar o subir impuestos no tiene ningún sentido si no se dice A QUIÉN. La hegemonía se logra cuando “una clase” es capaz de hacer pasar su interés como el interés de todos. El poder económico ha logrado que hablar de “bajar impuestos”, sin más, sea visto como algo positivo, que el que gana 600 euros aplauda cuando un político habla de bajar impuestos.

Puede que Albert Rivera quiera bajarle los impuestos al que gana 600 euros. Pero si esa bajada va unida a bajárselos también al multimillonario, será una política fiscal claramente regresiva y perjudicial para el que gana 600, que es quien utiliza los servicios públicos financiados mediante impuestos. Es decir, que esa bajada de impuestos “global” no será otra cosa que un paso más en la dirección de acabar con el Estado de bienestar. De la victoria del mercado sobre el Estado. De la supeditación de lo público al interés privado. De la legalización de lo que hoy entendemos como corrupción.