Con el Plan para la Protección de la Infancia y la Adolescencia, España se convierte en el primer país del mundo que prioriza por ley la defensa del interés superior del menor: Protege a los menores en casos de abusos y violencia, en concreto reconoce al menor, por primera vez, como víctima de violencia de género, ya que más de la mitad de los hijos de víctimas sufren violencia.

Por otro lado, garantiza la protección de los menores más vulnerables y su acceso en igualdad de condiciones a los servicios sociales. Define por primera vez situaciones de riesgo que pueden perjudicar el desarrollo de los menores y los profesionales que trabajen con menores deberán certificar que no tienen antecedentes penales.

Se regula la participación de los menores en procesos judiciales, así, por primera vez se fijan no sólo los derechos, sino también los deberes de los menores, como cualquier otro ciudadano. Crea un nuevo marco de derechos y deberes del menor, sobre todo en situaciones de mayor vulnerabilidad. El objetivo es que el interés del niño sea la prioridad y que pueda participar y ser oídos en procedimientos que les afectan.

Además, agiliza las adopciones y prioriza la acogida familiar, ya que, actualmente hay 35.000 menores bajo la tutela de las administraciones. El objetivo es facilitar el acogimiento familiar, agilizando los procesos de adopción a través de la clarificación de competencias. En el caso de situaciones de desamparo, se prima mantener al menor en un entorno familiar antes de que pase a la tutela estatal.