El Gobierno británico confirmó hoy que está considerando aprobar una serie de medidas duras para impedir que se compartan archivos en Internet de forma ilegal, como la de cortar la conexión a la red a los usuarios reincidentes.
Si se aprobasen las propuestas del Gobierno, los proveedores de acceso a Internet estarían obligados a bloquear el acceso a los sitios de descargas, limitar la velocidad de las conexiones de banda ancha o incluso interrumpir temporalmente la conexión, informaron los medios de comunicación británicos.
El regulador de comunicaciones británico Ofcom tendría que informar periódicamente al ministro de Negocios, Peter Mandelson, mostrándole las pruebas de que disponga para determinar si es necesario emprender acciones contra quienes están compartiendo archivos ilegalmente, tras lo cual Mandelson ordenaría a Ofcom que aplicase o no ciertas medidas.
En un principio, la idea era que Ofcom evaluase las acciones necesarias para reducir drásticamente el número de archivos que se comparten ilegalmente en Reino Unido, pero el Gobierno cree que de esta forma las nuevas medidas técnicas no se comenzarán a aplicar hasta 2012, como muy pronto.

REACCIONES A FAVOR Y EN CONTRA
Las propuestas del Gobierno han sido acogidas con satisfacción por la industria musical y cinematográfica. Así, el director ejecutivo de la Industria Británica de la Música Grabada (BPI), Geoff Taylor, opinó que la piratería digital supone “una amenaza real para las industrias creativas de Reino Unido” y destacó que “hoy se ha dado un paso adelante que debería contribuir a aumentar los consumidores del mercado digital legal”.
En cambio, los proveedores de acceso Internet no sólo tendrían que ejercer de policías con sus clientes, sino que el Gobierno también quiere que los costes de dicha labor los asuman ellos mismos y los titulares de los derechos de las obras pirateadas.
Por ello, Jim Killock, director ejecutivo de Open Rights Group —cuyo objetivo es que se preserven los derechos digitales y las libertades civiles—, advirtió de que “la suspensión del acceso a Internet restringirá el derecho fundamental de las personas a la libertad de expresión” y “contradiría la política del Gobierno de acceso universal a la banda ancha”.