La Sala de Vacaciones del Tribunal Superior de Justicia del país Vasco (TSJPV), presidida por el magistrado Juan Luis Ibarra, reconoció hoy que la jurisdicción contencioso-administrativa carece de competencia para enjuiciar la resolución de la Audiencia Nacional por la que declara ilegal la manifestación en favor de la independencia convocada en Bilbao para el próximo 21 de agosto, Día Grande de las fiestas de la capital vizcaína.
De esta forma, la marcha seguirá prohibida pese a lo que el TSJPV determine el próximo jueves en sentencia sobre la resolución de prohibición por parte del Departamento de Interior al declararla ilegal el magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.
Ibarra se refirió a esa falta de competencia para enjuiciar la resolución de Garzón durante la vista que se celebró en la sede del TSJPV a primeras horas de esta tarde con el fin de dirimir el recurso contencioso-administrativo planteado por el convocante de la marcha contra la resolución de prohibición de la movilización por parte del Departamento de Interior.
Ante la petición del abogado del convocante, Kepa Manzisidor, de que el TSJPV anulara el auto del juez Baltasar Garzón del pasado 14 de agosto por el que declaró ilegal la manifestación -un día después de la prohibición de Interior-, el presidente de la Sala de Vacaciones explicó que este Tribunal carece de competencia para ello
y que, en ningún caso, se iba a entrar a resolver sobre la suspensión del acto por parte de la jurisdicción penal, sino que se pronunciará sobre la "actuación administrativa" del Gobierno vasco.
La sentencia, en la que se determinará si la resolución del Departamento de Interior es o no ajustada a Derecho, se hará pública el próximo jueves, a las 12.30 horas.
Durante la vista de hoy, la Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma Vasca, María Angeles Montes pidió que se desestime el recurso planteado por el particular Francisco Javier Gezuraga, persona que comunicó a la Consejería dirigida por Rodolfo Ares la convocatoria de la marcha, y se ratifique la decisión de Interior de impedir la movilización.
A juicio del ministerio público, los verdaderos convocantes de la marcha han sido los ex concejales de EH, Arantza Urkaregi, Marta Pérez, y Dabi Alonso -que comparecieron en rueda de prensa para adherirse a la marcha- y subrayó que la primera de ellas está imputada por supuesta pertenencia a la organización terrorista ETA.
Para Montes, ha sido el entorno de la izquierda abertzale el que "está detrás" de este acto con el que se pretende conseguir "el enaltecimiento del terrorismo", y en el que pueden registrarse incidentes, visto lo ocurrido en la manifestación de San Sebastián en el primer fin de semana de fiestas, tal como alegaba en su auto del magistrado de la Audiencia Nacional.
No obstante, consideró que en la resolución de Interior no ha especificado adecuadamente las razones de su temor a que se produzcan altercados en la marcha de Bilbao. Asimismo, cree que se debe desestimar el recurso planteado porque Baltasar Garzón ha declarado "ilegal" esta movilización.
En la misma línea que la Fiscalía se expresó el letrado del Departamento de Interior, que solicitó que se confirme la resolución de prohibición dictada por la Consejería dirigida por Ares, y consideró que el hecho de que la manifestación ha sido convocada en realidad por Urkaregi, Alonso y Pérez, que han pertenecido a organizaciones ilegalizadas. EL AUTO DE GARZON
Ante el hecho de que La Fiscal Superior pidiera que uniera a las actuaciones testimonio del auto de Garzón por el que se declaraba la ilicitud de la marcha del día 21, Kepa Manzisidor solicitó que éste se anulara, pretensión que fue rechazada 'in voce' por el magistrado Juan Luis Ibarra, al no poder enjuiciarse una decisión penal por vía contencioso-administrativa.
El letrado aseguró que ni él ni Francisco Javier Gezuraga habían recibido notificación de la resolución de Garzón, lo que ha vulnerado el derecho de defensa "al no poder recurrirla", y estimó que también conculca el derecho fundamental de reunión y manifestación. Asimismo, consideró que la Audiencia Nacional "no es el juez natural" que debe adoptar esta decisión, sino que debería haberlo hecho, en todo caso, el TSJPV.
El abogado afirmó que la convocatoria "reúne todos y cada uno de los requisitos legales" que se exigen y defendió la licitud de su objetivo: "reivindicar la independencia", algo que, según afirmó, respalda "un amplio sector" de la ciudadanía vasca. En esta línea, aseveró que el convocante no es "Batasuna, EH, HB o Ekin", tal como se afirma, sino Francisco Javier Gezuraga, que se halla "en pleno derecho y dominio de sus derechos civiles".
En este sentido, rechazó que haya "suplantación" en la convocatoria del acto y aseguró que Arantza Urkaregi, Dabi Alonso y Marta Pérez se limitaron a realizar un llamamiento a la ciudadanía a secundarlo, a través de una rueda de prensa celebrada en Bilbao.
Además, señaló que, pese a que éstos hayan pertenecido a organizaciones ilegalizadas, mantienen "sus derechos civiles y políticos" y defendió la presunción de inocencia de Urkaregi, "que todavía no ha sido juzgada". En esta línea, aseveró que estas personas podrían haber convocado, en su caso, "una manifestación legal".
Asimismo, recordó que el pasado año se celebró una marcha, "en idénticas circunstancias", el Día Grande de las fiestas de Bilbao sin que se produjeran incidentes y desórdenes públicos. En esta línea, subrayó que el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska la permitió, tras ordenar que no se hiciera apología del terrorismo, ni se aludiera a organizaciones ilegalizadas, "cosa que no ocurrió".
Manzisidor aseguró que, desde que se acabó la denominada 'guerra de las banderas' en la que se producían altercados cuando en el Ayuntamiento bilbaíno se izaba la bandera española, y se comenzó a realizar las habituales manifestaciones ese día, no se han vuelto a registrar desórdenes públicos.
En este sentido, dijo que, si no se permite una manifestación "que se realiza según las razones tasadas legalmente" para reivindicar la independencia, la Fiscalía y el departamento de Interior deben explicar cómo puede un ciudadano realizar estas reclamaciones "legítimas" por vías pacíficas.
En este sentido, consideró que Interior no ha justificado suficientemente en qué se basa para considerar que existe "peligro de desórdenes públicos".
Por su parte, el presidente de la Sala de Vacaciones del TSJPV, Juan Luis Ibarra, recordó al convocante, Francisco Javier Gezuraga, que en el escrito por el comunicaba la convocatoria a la Ertzaintza no especificó si iban a adoptar medidas de seguridad ni solicitaba a la autoridad que las tomara.
A preguntas del magistrado, Gezuraga afirmó que él ha participado en más manifestaciones en las que "no ha habido conflictos" y en una en contra del sumario 18/98, abierto contra organizaciones abertzales por su vinculación con ETA, "un grupo de gente" con la que suele ir a las convocatorias, colocó una especie de acordonamiento para evitar "que hubiera conflictos".
En este sentido, señaló que, cuando, "como en esta ocasión", hay "rozamientos" como el que ha existido en torno a esta convocatoria, se adoptan medidas, e incidirá en que "se organice un equipo de orden para que no se compliquen las cosas".
