El movimiento 15-M sigue recogiendo la indignación de tantos para lanzársela a la cara al engranaje político-económico. Leer

El de Hanan Ashrawi es uno de los poquísimos rostros de mujer que se han podido ver a lo largo de los años en las negociaciones israelo-palestinas y en general en la política de Oriente Próximo. Ashrawi (Cisjordania, 1946) es una voz influyente y de referencia para muchos palestinos y en general para muchas mujeres en el mundo árabe. En la actualidad, es la primera y única mujer que forma parte del Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), el organismo que gobierna y representa los intereses palestinos. Esta veterana feminista piensa que a pesar de que los hombres tratarán de copar el reparto de poder al que den paso las revoluciones árabes, las jóvenes no permitirán que les roben una revolución que también es suya. "Ni los tanques conseguirán devolverlas a la cocina", sostiene.

El cruce de acusaciones a cuenta de las prácticas ilegales cede el paso a una tímida autocrítica

En un comunicado que ha leído en el Parlamento catalán y tras el que no ha admitido preguntas, Montilla ha asegurado que la política exige una reacción "clara, contundente, transparente y ejemplar", y que los únicos valores que deben guiar el ejercicio de los cargos públicos son la verdad y la dignidad. "No todos -los políticos- somos iguales", ha dicho. "Entiendo el desánimo, la irritación, la pena o el juicio severo y generalizado, pero pido confianza en nuestras instituciones", ha explicado. 

Montilla ha señalado que la Generalitat actuará en consecuencia ante cualquier delito de corrupción, y ha abogado por iniciar una profunda reflexión sobre cómo se puede mejorar el comportamiento ético de las instituciones catalanas. Según ha dicho, cada partido hará "el ejercicio de autocrítica y depuración de forma ejemplar y pública", y ha instado a todos los líderes políticos a colaborar   plenamente con la justicia y a responder con una actuación contundente para dignificar la función pública. Según ha asegurado, sólo con esta respuesta se lograra evitar "que la política se aleje del alma y el corazón de los ciudadanos".   

Montilla ha explicado que el caso del Pretoria llega cuando la sociedad catalana todavía no ha salido de la "incredulidad" generada por el "caso Millet", en el que de forma reiterada se "expolió" una institución centenaria, el Palau de Música, que ha definido como un símbolo de Cataluña. También ha pedido a los medios de comunicación y opinadores "un ejercicio de objetividad en relación al   juicio moral y ético" de la gran mayoría de los cargos públicos catalanes, ya que la corrupción sólo afecta a una pequeñísima minoría de todos ellos. "No todos somos iguales, y la política dignifica el   país y es un acto de servicio que vale la pena y es imprescindible en democracia", ha dicho.   

Los ocho detenidos por el Caso Pretoria, dirigido por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, en el que se investigan presuntos tratos de favor a empresas por parte de algunos cargos del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) y blanqueo de dinero, declararán el viernes en Madrid.

Los detenidos son el alcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz; el concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco; el responsable de servicios   jurídicos, Pasqual Vela; el ex diputado del Parlament y ex militante del PSC Luis García; dos ex altos cargos del gobierno de Jordi Pujol: el ex conseller Maci Alavedra y el ex secretario general de Presidencia Lluís Prenafeta y dos constructores: el presidente de Proinosa, Josep Singla, y el del grupo inmobiliario Espais, Lluís Casamitjana.  

Artur Mas, presidente de CiU y secretario general de CDC, ha dado un voto de confianza a los dos altos cargos de los gobiernos de Jordi Pujol detenidos en la operación Pretoria. Así, Mas espera que tanto Maci Alavedra como Lluís Prenafeta soliciten la suspensión temporal de su militancia si su involucración en este caso puede perjudicar a CDC y a la federación. "Serán ellos mismos los que darán el primer paso", ha reiterado.   

Mas, mientras sigue a la espera de poder hablar con los detenidos, ha insistido en la presunción de inocencia de todos los detenidos. Además, ha diferenciado entre estos detenidos y los que militan en el PSC y que tenían responsabilidades en el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet, porque los dos ex cargos de los gobiernos de CiU no ejercen cargos públicos desde años, dedicándose a su actividad particular. Ha explicado que el al ser "situaciones radicalmente   diferentes" no se puede "actuar igual". Por lo tanto, el PSC puede expulsar a los implicados, pero CiU no puede destituir a nadie porque no hay nadie afectadoque tenga cargos.   

El discurso del presidente de CiU ha girado, constantemente, en torno a la presunción de inocencia para todos, debido a que en "una sociedad que valga la pena no se puede construir bajo el principio de culpabilidad de entrada". Igualmente, hizo extensiva esta afirmación hacia los implicados del PSC, tras criticar que el PSC no lo haya aplicado en otros asuntos, en alusión al caso Palau de la Música.   

Así las cosas, y aprovechando la coyuntura, Mas ha instado a Montilla y al resto de líderes de los partidos que contribuyan a no degradar la política catalana, porque "eso lleva a la degradación de   Cataluña". Ha asegurado que su formación está dispuesta a hacer una reflexión conjunta par investir esta situación y mejorar así la confianza de los ciudadanos hacia la política.  

 

La corrupción urbanística es la causa de que desde 2004 España haya caído seis puestos en el Indice Global de Percepción de la Corrupción, situándose junto a Qatar y San Vicente y las Granadinas en el puesto 28 de un total de 180 países, con una valoración de 6,5 puntos, según el Informe Global sobre la Corrupción realizado por la ONG Transparencia Internacional (TI).   

La corrupción urbanística "ha aflorado" mucho más que años atrás gracias a "la actuación de los jueces, las fuerzas de seguridad y los medios de comunicación", apuntó el presidente de TI en España, Jesús Lizcano. Pese a este empeoramiento, se ha dado un avance significativo con la legislación sobre delitos urbanísticos y la nueva unidad de la Guardia Civil creada para perseguir dichos crímenes. "Ha habido un avance relativo con la Ley de Contratos del Sector Público, así como con la Ley de Financiación de los Partidos Políticos", aunque ésta sigue presentando carencias importantes, dijo Manuel Villoria, miembro de la organización.  

"Los países latinos somos muy permisivos" con la corrupción, dijo Lizcano. "Admiramos al listo, al pillo, al que defrauda mejor o más", estimó. Por esta razón, el presidente de TI en España puso como ejemplo a seguir a los países nórdicos, donde existen mayores niveles   de educación al respecto y cuyos habitantes "denuncian a familiares cuando ven que hacen algo mal".   

Por otra parte, la ONG advirtió de que la corrupción es un problema "claramente alarmante en el sector privado", donde además "se está generalizando". Así lo manifestó Lizcano en la presentación en Madrid del Informe, que este año se centra en el análisis de esta cuestión dentro del sector privado.  

Lizcano explicó que en la corrupción existen dos partes: el sector público y la "contraparte", entendiendo por ésta "la empresa nacional o la empresa supranacional" que acepta u ofrece sobornos. En este sentido, lamentó que las empresas procedentes de los países   desarrollados "actúan incrementando la corrupción" en las naciones del Tercer Mundo al pagar sobornos, siendo éste un asunto más problemático que "los fallos en las infraestructuras" y los "retrasos en el sistema jurídico".  

No obstante, Lizcano señaló que el pago de sobornos es sólo una de las formas de corrupción, puesto que también son prácticas generalizadas el uso de información privilegiada y la fijación ilegal de precios. Se estima que únicamente se conoce uno de cada seis cárteles de precios ilegales, de los que Lizcano criticó que "vulneran la ley de dependencia" y "socavan el crecimiento económico".   

"Todos empezamos a ser conscientes finalmente de que la corrupción es uno de los grandes problemas del mundo", dijo por su parte el patrono vitalicio de la Fundación Ortega y Gasset, Antonio Garrigues Walker, cuya organización colabora con TI. Pese al objetivo de las   autoridades de restringir los salarios de los directivos de bancos, Garrigues Walker matizó que la intención de pagar comisiones "permanece íntegra y viva".    

Garrigues Walker denunció que no se actúe con la suficiente contundencia contra los paraísos fiscales. "¿Cuál es la fuerza invencible que hace que se mantengan los paraísos fiscales?", planteó. En su opinión, la solución pasa por "volver a conceptos de racionalidad" y "regenerar la moral pública y la moral privada".

Por último, el director general de la Fundación, Jesús Sánchez Lambás, añadió que una de las formas de acabar con la corrupción en las empresas es dotarlas de protocolos de conducta. "La política empresarial no corrupta y la honestidad vende", aseguró, al tiempo que afirmaba que "el sector privado tiene que ser ejemplar".