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El Gobierno de la Comunidad de Madrid presentará ante el TribunalSupremo un recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto aprobado por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, que reforma el Reglamento de la Ley de Extranjería sin haber modificado antes la  propia Ley. 
Así lo ha manifestado hoy el consejero de Inmigración y Cooperación,  Javier Fernández-Lasquetty, quien ha explicado que los servicios  jurídicos de la Comunidad de Madrid han interpuesto el citado recurso  ante dicho tribunal.
La reforma del Reglamento de la Ley de Extranjería, acordado por  el Gobierno en julio pasado (RD 1162/2009) permite que las Comunidades  Autónomas que recojan la mencionada reforma en sus Estatutos (como se  produce en los casos de Cataluña y Andalucía), puedan conceder permisos  iniciales de trabajo para los extranjeros.  Según Fernández-Lasquetty, el Gobierno regional considera que las  competencias en materia de permisos de trabajo deben continuar en el  ámbito estatal, según lo recoge el artículo 149 de la Constitución  española, que señala que “al Estado le corresponde la competencia  exclusiva en materia de nacionalidad, inmigración, emigración,  extranjería y derecho de asilo, no siendo susceptibles de  transferencia o delegación”.  
Por lo tanto, para el Ejecutivo de Esperanza Aguirre, el Gobiernonacional ha “quebrantado” el procedimiento que establece el cambionormativo, con el fin de poder traspasar unas competencias a algunas comunidades autónomas que, en este caso, “supone la ruptura de la unidad  política establecida para regular los flujos migratorios”. 
Pero, además, este traspaso competencial supondría, para el  consejero de Inmigración, un “caos burocrático y un desequilibrio”  entre las regiones que tendrían competencias en permisos de trabajo y  las que no.  En el primero de los casos, el desorden administrativo se produciría  como consecuencia del desdoble burocrático que esta reforma conlleva:  las CCAA iniciarían por su lado los expedientes para otorgar los  permisos de trabajo y, paralelamente, la Administración central  comenzaría otro proceso para conceder los permisos de residencia a  una misma persona extranjera; ambos procesos, hasta la fecha, están  centralizados en el Estado.
En cuanto al desequilibrio regional que esta normativa supondría,  el consejero señala que la concesión de los permisos iniciales de  trabajo estarían sujetos a la arbitrariedad de cada comunidad autónoma y que si, el extranjero solicitara mudarse a otra región, ésta tendría  que asumir los gastos de integración.
Fernández-Lasquetty ha afirmado también que el recurso que la  Comunidad de Madrid ha presentado ante el Tribunal Supremo, incide  en el hecho de que el Ejecutivo nacional ha reformado mediante Real  Decreto el Reglamento de la Ley de Extranjería, sin haber modificado  antes la propia Ley; “un paso muy grave”, según el consejero porque  vulnera los principios constitucionales de legalidad y jerarquía  normativa.
Por último, el recurso presentado por los Servicios Jurídicos de  la Comunidad, excluye expresamente tres disposiciones contenidas en el  citado Real Decreto, que no se refieren a atribuciones autonómicas, sino  que flexibilizan los trámites para renovar los permisos de residencia  de aquellos inmigrantes que estén en situación de desempleo, cuestión  con la que el Gobierno regional madrileño está de acuerdo.

El Gobierno no se plantea modificar la ley antidopaje pero sí aclarar, por ejemplo mediante un real decreto, que la legislación española cumple con los estándares internacionales y que en caso de que Madrid fuera elegida sede olímpica se aplicaría plenamente la normativa del Comité Olímpico Internacional (COI), según fuentes gubernamentales.  
Las fuentes destacaron que no se trataría, en ningún caso, de cambiar la ley, sino, si fuera necesario, de insistir en las garantías que ya se han dado al COI y en dejar claro que la   legislación española cumple con los estándares internacionales.   
El propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, habló ayer con el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, y le garantizó que el Ejecutivo redoblaría los esfuerzos para conseguir que la capital sea elegida sede olímpica el 2 de octubre en Copenhague.   
Por su parte, el secretario de Estado para el Deporte, Jaime Lissavetzky, está convencido de que las dudas que la Comisión de Evaluación del COI muestra sobre la adecuación de la normativa   española contra el dopaje a la de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA)  "quedarán al cien por cien resueltas en el plazo que hay".  
Lissavetzky ha recordado que en el epígrafe 12.15 de las garantías que acompañan al dossier de Madrid 2016 "el Gobierno de España garantiza que, si Madrid es nombrada Ciudad Anfitriona de los Juegos,  instará los procedimientos oportunos y adoptará las iniciativas legislativas apropiadas para que sean de aplicación en España el Código Mundial Antidopaje y la normativa antidopaje del COI que se encuentren vigentes durante la celebración de los Juegos".  
Además, recalcó que el COI no ha identificado carencias en la ley española, sino que "lo que dice el informe es que la Comisión no   puede determinar en el momento de su reunión en Madrid si la legislación española cumple totalmente con el Código". "Es un dato de un día de mayo y desde que hubo la reunión con la Comisión hemos trabajado con la AMA", comentó.