La parte del "caso Gürtel" que se investiga en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) cuenta ya con 71 imputados, entre ellos la mujer del senador del PP Luis Bárcenas, Rosalía Iglesias, el responsable de Orange Market en Valencia, Álvaro Pérez "El Bigotes", y el sastre José Tomás.
    Así lo revela el auto notificado hoy por el magistrado del TSJM Antonio Pedreira, en el que acuerda levantar parcialmente el secreto de la causa y cita a las partes personadas en la misma -imputados, perjudicados y acusaciones- para darles traslado la semana que viene de los aproximadamente 17.000 folios a los que tendrán acceso desde ahora.
    En la lista de imputados, además de Iglesias, figuran los responsables del entramado empresarial investigado, como Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez, así como su hombre de confianza en Valencia, Álvaro Pérez Alonso "El Bigotes", y el sastre José Tomás García, que confeccionó varios trajes para el president de la Generalitat, Francisco Camps.
    También están imputados los diputados autonómicos del PP Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco, así como los ex alcaldes de este partido de las localidades madrileñas de Arganda del Rey Ginés López, Pozuelo de Alarcón Jesús Sepúlveda, Majadahonda Guillermo Ortega y Boadilla del Monte Arturo González Panero.
    Figuran asimismo Arturo Gianfranco Fasana, que presuntamente dirigía la estructura encargada de enviar al extranjero los recursos económicos de la red dirigida por Francisco Correa, así como dos empresas de la trama, Easy Concept y Good & Better, que han sido intervenidas judicialmente.
    El número de imputados, no obstante, podría reducirse en los próximos días, ya que la Fiscalía Anticorrupción -según han informado fuentes del TSJM- ha solicitado que la causa sea sobreseída respecto de siete de ellos, cuyas identidades no han trascendido por el momento.
    Fuentes conocedoras del caso aseguran que la imputación de Rosa Iglesias aclara lo sucedido el pasado 29 de junio, cuando dos agentes de la Policía visitaron su domicilio por orden de Pedreira.
    Bárcenas, quien por su condición de senador está siendo investigado por el Tribunal Supremo, denunció entonces los hechos al considerar que el magistrado del TSJM no tenía competencia para dirigir la causa contra él, pero en realidad los agentes iban a entregar una citación para su mujer a petición de la Fiscalía Anticorrupción.
    El juez ha citado a los imputados y a las partes personadas en la causa los días 6, 7 y 8 de octubre, a partir de las 10:00 horas y por orden alfabético, para entregarles una copia del DVD en el que se ha recogido toda la documentación de la parte del caso a la que afecta el levantamiento del secreto.
    Es aproximadamente un tercio del sumario y corresponde principalmente a las investigaciones realizadas por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón antes de que éste se inhibiera y trasladara el caso a los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y de la Comunitat Valenciana.
    Esa parte consta de veinte tomos del sumario principal, catorce tomos de documentación, tres de medidas cautelares, tres de entradas y registros, uno de administración judicial, uno de comunicación de intervenciones, uno de recusaciones y otro llamado "de filtraciones".
    Aparte de los imputados, tendrán acceso a la causa como perjudicados la Agencia Tributaria y la Comunidad de Madrid y como acusaciones el PP, la Asociación de Abogados Demócratas por Europa y varios concejales socialistas de Boadilla del Monte.
    El "levantamiento parcial" del secreto no incluye las 15 comisiones rogatorias cursadas a ocho países, entre ellos Estados Unidos y el Reino Unido, por el juez Pedreira, que ha orientado buena parte de sus pesquisas a averiguar el paradero del dinero supuestamente desviado por el entramado empresarial dirigido por Francisco Correa.
    De los cerca de 17.000 folios que serán entregados a los interesados se han excluido también los datos que puedan vulnerar la intimidad de las personas implicadas en el caso que asumió Pedreira el pasado 31 de marzo.
    Desde entonces, el magistrado ha tomado declaración como imputados a 21 personas, de las que tres -Correa, Crespo y Sánchez- permanecen en prisión.
    El juez justifica su decisión de no levantar totalmente el secreto diciendo que "de las relaciones y las personas investigadas en la trama se evidencia un riesgo más que probable" de que el alzamiento total del secreto "pudiera dar ocasión a interferencias o manipulaciones dirigidas a obstaculizar la investigación".