Il Cavaliere tiene un lapsus y dice que se ha gastado "200 millones en jueces"

Una mafia rusa asentada en Guipúzcoa con ramificaciones en Álava y en Cataluña, dedicada a extorsionar a empresarios originarios de los países del Este de Europa, pretendía comprar un niño en Francia por 5.500 euros para lucrarse posteriormente con la venta de sus órganos.
       Ésta es una de las principales imputaciones que el juzgado instructor del caso hace a los integrantes de la banda en un auto, al que hoy ha tenido acceso Efe, en el que da traslado a las partes para que pidan la apertura de juicio oral, el sobreseimiento de lo actuado o, excepcionalmente, la práctica de nuevas diligencias.
       El auto hace un detallado relato de las presuntas actividades delictivas de los 25 supuestos integrantes de esta "compleja red", perfectamente "estructurada y jerarquizada", que presuntamente se dedicaba a extorsionar a empresarios de la antigua URSS afincados en Guipúzcoa, bajo amenazas de muerte a ellos y a sus familias.
       El líder del grupo era un "niño de la guerra" asentado desde hace diez años en Guipúzcoa, que disfruta de la doble nacionalidad rusa y española, y que era conocido en el mundo del hampa como "Vor v zakone" (Ladrón de ley), quien "disfrutaba de un elevado nivel de vida", a pesar de no tener ninguna actividad laboral.
       El primer golpe policial a esta organización criminal se produjo el 13 de enero de 2008, cuando la Guardia Civil arrestó a tres integrantes de la "célula de robos" cuando se disponían a abandonar España en coche para comprar un niño en Francia con la intención de comerciar posteriormente con sus órganos.
       Dos días después, fueron detenidos en un domicilio de San Sebastián el cabecilla de la banda y su mujer, a los que les fueron intervenidas diferentes cantidades de droga y dinero.
       La Guardia Civil capturó asimismo a un hombre y a su madre que regentaban un local de venta de alimentos y productos rusos, donde los miembros de la banda realizaban sus reuniones y escondían los efectos robados, mientras que el 17 de enero cayeron los cuatro miembros de la "célula de extorsión".
       El auto judicial explica que "conforme se iba desmantelando y descabezando" a la organización delictiva, se inició una pugna en su seno hasta que otro de los imputados se hizo con el liderazgo y comenzó a planificar nuevas operaciones, como el secuestro de un empresario georgiano residente en Bilbao desde hace quince años.
       Paralelamente, el nuevo jefe de la mafia habría ordenado a otros cuatro miembros de la organización residentes en Lloret del Mar (Gerona) que se desplazaran a Italia para realizar robos en viviendas, aunque todos ellos fueron capturados el 3 de marzo de 2008 cuando iban a salir del país por el puerto de Barcelona.
       El nuevo líder también decidió proveerse de más armas para lo que contactó con otro ciudadano originario de Europa del Este residente en Vitoria, si bien el 2 de marzo de 2008, la Guardia Civil decidió arrestar al nuevo jefe y a otros miembros de la banda, tras comprobar que se disponían a escapar. En esta actuación también fue registrado un piso en Cornellá de Llobregat (Barcelona).
       El avance de las pesquisas permitió descubrir que los integrantes del grupo utilizaban documentación falsa, lo que llevó a la policía hasta otra célula dedicada a la falsificación, compuesta por otras tres personas que presuntamente trabajaban en un piso de Gerona en el que fue ocupado un complejo equipo informático de alta calidad.
       El auto judicial indica que esta célula era una "pieza fundamental" dentro de la organización ya que, a través de una gestoría, aportaba la documentación que permitía a la banda introducir en la UE trabajadores de Europa del Este a los que presuntamente esclavizaba en la construcción ya que les obligaba a vivir en pisos "patera" y se quedaba con todos sus ingresos.
       El juzgado de San Sebastián que instruye el caso considera que los miembros de la banda están implicados en diferente medida en delitos de asociación ilícita, extorsión, amenazas, daños contra el patrimonio, receptación, contra la salud pública, tráfico y tenencia ilícita de armas, falsedad documental y contra la Ley de Extranjería.