Un tribunal argentino condenó hoy a cadena perpetua al ex general Jorge Olivera Róvere por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, al cabo de un proceso considerado, en términos de cantidad de víctimas, el más importante desde el histórico juicio a las Juntas Militares, en 1985.

El Tribunal Oral Federal 5 de Buenos Aires sentenció además a la misma pena al coronel retirado Bernardo Menéndez y absolvió a los ex militares Felipe Alespeiti, Humberto Lobaiza y Teófilo Saá.

Olivera Róvere, de 82 años y mano derecha de Carlos Suárez Mason, uno de los símbolos de la dictadura, y los otros antiguos militares fueron juzgados a partir febrero pasado por más de 120 secuestros y desapariciones en la jurisdicción del Primer Cuerpo del Ejército.

Sólo nueve de las víctimas sobrevivieron y, entre quienes no tuvieron esa suerte, están el escritor argentino Haroldo Conti, los legisladores uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Rodríguez Ruiz, y los guerrilleros tupamaros Rosario Barredo y William Whitelaw.

La mayoría de las víctimas estuvo detenida ilegalmente en los centros clandestinos conocidos como Atlético, Banco, Olimpo y Automotores Orletti.

Luis Bonomi, uno de los abogados de la acusación, consideró "indignante" el fallo de los jueces, a los que cuestionó duramente por las tres absoluciones y por permitir que los dos condenados permanezcan en libertad hasta que la sentencia sea reafirmada por un tribunal superior.

Antes de escuchar el veredicto, Olivera Róvere, que llegó al juicio excarcelado, dijo no haber impartido órdenes que "lesionaran los derechos humanos" y consideró que hubo una "mendaz exageración" de la represión, que dejó 30.000 desaparecidos, según los organismos humanitarios.

El fiscal federal Félix Crous había solicitado en sus alegatos cadena perpetua para Olivera Róvere y para Menéndez, y 25 años de prisión para Alespeiti, Lobaiza y Saá.

burgos- Los últimos atentados de la banda terrorista ETA en Burgos y Mallorca, que han tenido a la Guardia Civil como punto de mira, ha levantado de nuevo el debate de si es necesario endurecer las penas, como la cadena perpetua e incluso la pena de muerte.
Al respecto, la Unión Profesional de Guardias Civiles (UPGC) consideraría «lógico y lícito» aplicar la pena de muerte para los acusados por delitos de terrorismo con resultados mortales, «ya que no tienen ni demuestran respeto alguno por la vida de los demás».
La agrupación solicita modificar el actual Código Penal para instaurar la cadena perpetua para los terroristas, «de tal forma que cumplan el resto de sus vidas entre rejas evitando con ello y a buen seguro, más víctimas mortales en nuestra sociedad». El actual Código Penal está desfasado, toda vez que se está demostrando por activa y por pasiva, que la reinserción de presos con delitos de terrorismo es prácticamente imposible», denuncian.

El Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR) sentenció hoy a   cadena perpetua al ex gobernador de Kigali, Tharcisse Renzaho, por   cinco cargos, incluido el asesinato de 60 chicos tutsis en un centro   pastoral eclesiástico.  
   El TPIR, con base en la ciudad tanzana de Arusha, había acusado a   Renzaho de genocidio, complicidad en el genocidio, asesinato y   violación en las masacres en las que murieron 800.000 tutsis y hutus   moderados. El tribunal le halló culpable de todos los cargos excepto   de la complicidad en el genocidio.   
   "Ha sido condenado a cadena perpetua, tras ser hallado culpable de   cinco cargos, genocidio, dos cargos de asesinato como crímenes contra   la Humanidad, dos cargos de violación catalogados como crímenes   contra la Humanidad", aseguró el oficial de información asociado,   Danford Mpumilwa, desde la sede del tribunal.   
   Los fiscales señalaron que fue uno de los principales autores de   la masacre. Su nombre figura entre los nueve sospechosos principales   sobre los que el Gobierno de Estados Unidos ha fijado una recompensa   de cinco millones de dólares. El tribunal también manifestó que   Renzaho tomó parte en armar a los que participaron en el genocidio.   El ex gobernador de la capital ruandesa se había declarado no   culpable de todos los cargos.  
   El tribunal le acusó, junto con otros, de ordenar el traslado y el   asesinato de 60 chicos tutsis desde un centro pastoral. Los fiscales   mantienen que Renhazo estaba cerca de un hotel de Kigali cuando un   tanque del Ejército disparó contra casas de tutsis, matando al menos 
a 40 personas y no intentó intervenir.  
   El ex gobernador, de 65 años, también fue acusado de emitir   órdenes en Radio Ruanda en las que pedía a la Policía, los soldados y   la milicia que construyeron y supervisaran controles de carretera   para interceptar, identificar y matar a los tutsis. Este ex coronel   del Ejército fue arrestado en República Democrática del Congo (RDC)   en el año 2002.  
   Otros seis principales sospechosos sobre los que también pesa una   recompensa están fugados, incluido el presunto financiero del   genocidio, Felicien Kabuga. La sentencia de Renzaho eleva a 39 las   condenas del TPIR. Otros seis acusados han sido absueltos.