El principal dirigente de la organización, Alain Rosenberg, fue condenado a dos años de prisión condicional y 30.000 euros de multa por estafa como banda organizada, mientras que otros tres responsables fueron condenados a penas de prisión condicional y multas. El Tribunal no dictó la prohibición de la Cienciología, al considerar que esa medida hubiera tenido efectos más perversos ya que habría abierto la puerta a actividades clandestinas.

Los jueces dictaminaron que será más fácil controlar las actividades de la secta si ésta cuenta con una estructura legal, al tiempo que obligaron a la organización a que mejore la información a sus adeptos y la transparencia en sus cuentas. Los magistrados señalaron que la Cienciología había estafado como banda organizada, al albergar una estructura destinada a desposeer de su fortuna a personas vulnerables. Las condenas, que llegan tras diez años de instrucción, responden a la demanda presentada por dos antiguos adeptos, que denunciaron una estafa de 21.000 y 49.500 euros en 1998.

El veredicto del tribunal fue mucho más indulgente que lo que había solicitado la Fiscalía, que en su requisitoria del 15 de junio pasado pidió disolver la secta e imponerle una multa de cuatro millones de euros, además de penas más duras para sus dirigentes. Pero los jueces tenían las manos atadas para decretar la prohibición de la Cienciología, a causa de una disposición legislativa adoptada en mayo pasado por los diputados que impedía disolver sectas por delitos de estafa. Esta enmienda, que pasó desapercibida durante su aprobación, causó un gran escándalo cuando saltó a la luz y las asociaciones antisectas denunciaron "infiltraciones" de miembros de la Cienciología en el aparato legislativo galo.

El Ministerio de Justicia aseguró que se trataba de un error de transcripción y prometió rectificarlo aunque sin carácter retroactivo, lo que cerró la puerta a disolver la Cienciología por este caso como había pedido la Fiscalía. Los magistrados impusieron fuertes multas a las dos estructuras de la secta encausadas, el conocido como Celebrity Centre, principal organismo de la Cienciología en Francia, condenado a 400.000 euros de multa, y la librería SEL, que difundía sus ideas, sentenciada a 200.000 euros. El abogado de la secta, Patrick Maisonneuve, anunció en el tribunal su intención de apelar la sentencia al considerar "contradictorio" condenar a la organización por estafa en banda organizada y reconocer su legalidad. Pero el letrado mostró su satisfacción por la posibilidad de que la Cienciología pueda seguir ejerciendo y por el hecho de que la sentencia reconoce los progresos de la secta en los últimos años.

"Una inquisión moderna"
El representante de la Cienciología de París, Eric Roux, mostró su alegría por la posibilidad de poder proseguir sus actividades, pero denunció las multas impuestas fruto de "una inquisición moderna" que "amenaza la libertad religiosa". "El resto de los países han legalizado a la Cienciología, Francia tendrá que adaptarse a la legislación europea", aseguró.

Las asociaciones antisectas, personadas como parte civil en el juicio, alabaron la condena a la Cienciología, "la primera en Francia", pero deploraron que el tribunal no fuera más duro. La presidenta de la Unión Nacional de Asociaciones de Defensa de Víctimas de Sectas (UNADFI), Catherine Picard, señaló a Efe que el veredicto es "muy inteligente", porque "condena los delitos sin entrar en la cuestión de la libertad religiosa". "Si hubieran decretado, por ejemplo, el cierre de la librería, ellos se hubieran presentado como víctimas. Así no pueden. Ahora saben que la ley es implacable con la estafa y la aplicación ilícita de la medicina y estarán más controlados", aseguró Picard.

Destacó también la obligación impuesta a la Cienciología de que publique el veredicto en diarios franceses y extranjeros, "lo cual marcará bien cuál es la posición de Francia ante esta secta". Picard recordó que la Justicia francesa tiene abiertas otras denuncias contra la Cienciología, fundada en 1954 por el escritor estadounidense de ciencia ficción Ron Hubbard y que asegura contar en Francia con 45.000 de sus doce millones de adeptos.

La Sala de Vacaciones del Tribunal Superior de Justicia del país   Vasco (TSJPV), presidida por el magistrado Juan Luis Ibarra,   reconoció hoy que la jurisdicción contencioso-administrativa carece   de competencia para enjuiciar la resolución de la Audiencia Nacional   por la que declara ilegal la manifestación en favor de la   independencia convocada en Bilbao para el próximo 21 de agosto, Día   Grande de las fiestas de la capital vizcaína.  
   De esta forma, la marcha seguirá prohibida pese a lo que el TSJPV   determine el próximo jueves en sentencia sobre la resolución de   prohibición por parte del Departamento de Interior al declararla   ilegal el magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.  
   Ibarra se refirió a esa falta de competencia para enjuiciar la   resolución de Garzón durante la vista que se celebró en la sede del   TSJPV a primeras horas de esta tarde con el fin de dirimir el recurso   contencioso-administrativo planteado por el convocante de la marcha   contra la resolución de prohibición de la movilización por parte del   Departamento de Interior.  
   Ante la petición del abogado del convocante, Kepa Manzisidor, de   que el TSJPV anulara el auto del juez Baltasar Garzón del pasado 14   de agosto por el que declaró ilegal la manifestación -un día después   de la prohibición de Interior-, el presidente de la Sala de   Vacaciones explicó que este Tribunal carece de competencia para ello 
y que, en ningún caso, se iba a entrar a resolver sobre la suspensión   del acto por parte de la jurisdicción penal, sino que se pronunciará   sobre la "actuación administrativa" del Gobierno vasco.  
   La sentencia, en la que se determinará si la resolución del   Departamento de Interior es o no ajustada a Derecho, se hará pública   el próximo jueves, a las 12.30 horas.   
   Durante la vista de hoy, la Fiscal Superior de la Comunidad   Autónoma Vasca, María Angeles Montes pidió que se desestime el   recurso planteado por el particular Francisco Javier Gezuraga,   persona que comunicó a la Consejería dirigida por Rodolfo Ares la   convocatoria de la marcha, y se ratifique la decisión de Interior de   impedir la movilización.  
   A juicio del ministerio público, los verdaderos convocantes de la   marcha han sido los ex concejales de EH, Arantza Urkaregi, Marta   Pérez, y Dabi Alonso -que comparecieron en rueda de prensa para   adherirse a la marcha- y subrayó que la primera de ellas está   imputada por supuesta pertenencia a la organización terrorista ETA.  
   Para Montes, ha sido el entorno de la izquierda abertzale el que   "está detrás" de este acto con el que se pretende conseguir "el   enaltecimiento del terrorismo", y en el que pueden registrarse   incidentes, visto lo ocurrido en la manifestación de San Sebastián en   el primer fin de semana de fiestas, tal como alegaba en su auto del   magistrado de la Audiencia Nacional.  
   No obstante, consideró que en la resolución de Interior no ha   especificado adecuadamente las razones de su temor a que se produzcan   altercados en la marcha de Bilbao. Asimismo, cree que se debe   desestimar el recurso planteado porque Baltasar Garzón ha declarado   "ilegal" esta movilización.      
   En la misma línea que la Fiscalía se expresó el letrado del   Departamento de Interior, que solicitó que se confirme la resolución   de prohibición dictada por la Consejería dirigida por Ares, y   consideró que el hecho de que la manifestación ha sido convocada en   realidad por Urkaregi, Alonso y Pérez, que han pertenecido a   organizaciones ilegalizadas.    EL AUTO DE GARZON  
   Ante el hecho de que La Fiscal Superior pidiera que uniera a las   actuaciones testimonio del auto de Garzón por el que se declaraba la   ilicitud de la marcha del día 21, Kepa Manzisidor solicitó que éste   se anulara, pretensión que fue rechazada 'in voce' por el magistrado   Juan Luis Ibarra, al no poder enjuiciarse una decisión penal por vía   contencioso-administrativa.  
   El letrado aseguró que ni él ni Francisco Javier Gezuraga habían   recibido notificación de la resolución de Garzón, lo que ha vulnerado   el derecho de defensa "al no poder recurrirla", y estimó que también   conculca el derecho fundamental de reunión y manifestación. Asimismo,   consideró que la Audiencia Nacional "no es el juez natural" que debe   adoptar esta decisión, sino que debería haberlo hecho, en todo caso,   el TSJPV.   
   El abogado afirmó que la convocatoria "reúne todos y cada uno de   los requisitos legales" que se exigen y defendió la licitud de su   objetivo: "reivindicar la independencia", algo que, según afirmó,   respalda "un amplio sector" de la ciudadanía vasca. En esta línea,   aseveró que el convocante no es "Batasuna, EH, HB o Ekin", tal como   se afirma, sino Francisco Javier Gezuraga, que se halla "en pleno   derecho y dominio de sus derechos civiles".  
   En este sentido, rechazó que haya "suplantación" en la   convocatoria del acto y aseguró que Arantza Urkaregi, Dabi Alonso y   Marta Pérez se limitaron a realizar un llamamiento a la ciudadanía a   secundarlo, a través de una rueda de prensa celebrada en Bilbao.  
   Además, señaló que, pese a que éstos hayan pertenecido a   organizaciones ilegalizadas, mantienen "sus derechos civiles y   políticos" y defendió la presunción de inocencia de Urkaregi, "que   todavía no ha sido juzgada". En esta línea, aseveró que estas   personas podrían haber convocado, en su caso, "una manifestación   legal".   
   Asimismo, recordó que el pasado año se celebró una marcha, "en   idénticas circunstancias", el Día Grande de las fiestas de Bilbao sin   que se produjeran incidentes y desórdenes públicos. En esta línea,   subrayó que el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska   la permitió, tras ordenar que no se hiciera apología del terrorismo,   ni se aludiera a organizaciones ilegalizadas, "cosa que no ocurrió".  
   Manzisidor aseguró que, desde que se acabó la denominada 'guerra   de las banderas' en la que se producían altercados cuando en el   Ayuntamiento bilbaíno se izaba la bandera española, y se comenzó a   realizar las habituales manifestaciones ese día, no se han vuelto a   registrar desórdenes públicos.  
   En este sentido, dijo que, si no se permite una manifestación "que   se realiza según las razones tasadas legalmente" para reivindicar la   independencia, la Fiscalía y el departamento de Interior deben   explicar cómo puede un ciudadano realizar estas reclamaciones   "legítimas" por vías pacíficas.   
   En este sentido, consideró que Interior no ha justificado   suficientemente en qué se basa para considerar que existe "peligro de   desórdenes públicos".     
   Por su parte, el presidente de la Sala de Vacaciones del TSJPV,   Juan Luis Ibarra, recordó al convocante, Francisco Javier Gezuraga,   que en el escrito por el comunicaba la convocatoria a la Ertzaintza   no especificó si iban a adoptar medidas de seguridad ni solicitaba a   la autoridad que las tomara.  
   A preguntas del magistrado, Gezuraga afirmó que él ha participado   en más manifestaciones en las que "no ha habido conflictos" y en una   en contra del sumario 18/98, abierto contra organizaciones abertzales   por su vinculación con ETA, "un grupo de gente" con la que suele ir a   las convocatorias, colocó una especie de acordonamiento para evitar   "que hubiera conflictos".  
   En este sentido, señaló que, cuando, "como en esta ocasión", hay   "rozamientos" como el que ha existido en torno a esta convocatoria,   se adoptan medidas, e incidirá en que "se organice un equipo de orden   para que no se compliquen las cosas".   

El presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, aseguró hoy que su país apoyará la inclusión del atún rojo en el anexo de la Convención Internacional de Especies Salvajes para impedir su comercialización. En un discurso pronunciado en Le Havre (norte), Sarkozy agregó que su país negociará en adelante las cuotas de pesca atribuidas a Francia dentro de la Unión Europea (UE) sobre la base de "opiniones científicas fiables, independientes y compartidas".
       "Ha llegado el momento, creo, de apoyar todas nuestras decisiones públicas de gestión de los recursos marinos sobre la base de opiniones científicas fiables, independientes y compartidas", declaró.
     

Dijo que una de las primeras consecuencias de ello es que Francia apoyará la inclusión del atún rojo en esa Convención para impedir el comercio de esta especie.  Sarkozy calificó de "ruptura fundamental" el hecho de que Francia propugne negociaciones dentro de la UE sobre la reforma de la política de pesca común a partir de la opinión de los científicos. El presidente galo precisó que se tomarán en cuenta las opiniones de los pescadores porque "no hay que enfrentar" a éstos con los científicos.

       Los países de la UE aprobaron el pasado mes de abril el plan de recuperación del atún rojo en el mar Mediterráneo y en el océano Atlántico oriental, con restricciones a la pesca y una rebaja del 24 por ciento en la cuota asignada a España para 2009.  El plan establece un Total Admisible de Capturas (TAC) para la UE de 12.409 toneladas en 2009, de las cuales 4.116 toneladas serán para España, el país comunitario que pesca más atún rojo.