Varios cientos de personas han recibido hoy en Madrid al grupo de inmigrantes que comenzaron el pasado 23 de septiembre en Barcelona "La marcha por la Igualdad" y que hoy ha concluido con una manifestación en contra de la reforma de la Ley Extranjería.
Con lemas como "Somos personas", "Libertad, democracia y trabajo para todos" y "Fuera la ley de Extranjería", la manifestación ha discurrido de forma pacífica desde la Plaza de Legazpi hasta la Estación de Atocha.
Detrás de la pancarta principal "La marcha por la Igualdad", se han situado la treintena de personas que han recorrido a pie unos 500 kilómetros, explicando en las distintas localidades por donde han pasado las reivindicaciones de más de doscientos colectivos, reunidos en torno a esta iniciativa. Entre otras, el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs), la regulación y renovación de la tarjeta sin necesidad de contrato de trabajo, la reagrupación familiar sin recortes y que no se penalice la solidaridad con los extranjeros.
Uno de los coordinadores de la campaña y participante en la marcha, Hugo Colacho, ha asegurado a Efe que "no se puede construir una sociedad democrática en paz y libertad si se sancionan derechos a una parte de esa sociedad".
"No se puede hablar en los foros internacionales de alianzas de civilizaciones cuando se reducen derechos de los inmigrantes que hemos venido a trabajar y que no somos responsables de esta crisis", ha dicho el activista.
En este sentido, ha invitado al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, "a hacer una alianza de civilizaciones aquí, con hindúes, pakistaníes, uruguayos, argentinos, marroquíes, de todas partes del mundo, que estamos construyendo en esta manifestación esa alianza de civilizaciones para gritar: igualdad derechos y democracia para todos".
La manifestación ha concluido con la lectura de un manifiesto que detalla las razones por las que estas organizaciones se oponen a la nueva ley de Extranjería, actualmente en trámite parlamentario.
"El proyecto de reforma contempla a las personas emigradas únicamente como medios de producción, no como seres humanos con plenos derechos, entre ellos, el de la libertad de movimientos", indica el texto, que denuncia que la ley criminaliza a los inmigrantes, al aumentar de 40 a 60 días el plazo de detención en los centros de internamiento.
Para estos colectivos, "la reforma no modifica la actual ley para facilitar la regulación y la igualdad de derechos de las personas migradas", sino que en momentos de crisis "condena a la pobreza y exclusión social a personas y familias ya establecidas", con la obligación de tener un contrato laboral para la regulación por arraigo, la reagrupación o la renovación de la residencia.
El Gobierno catalán aprobó ayer, formalmente, el nuevo modelo de financiación ofrecido por el Ministerio de Economía y negociado de hecho con la Generalitat. Y, acto seguido, el consejero de Economía Antoni Castells reconoció que el acuerdo, que supondrá según el consejero unos rendimientos para las arcas catalanas de entre 3.650 millones y 4.000 millones más de euros en 2012, permite «reconsiderar» el plan de ahorro del ejecutivo autonómico, presentado hace apenas un mes.
El pasado 23 de junio Castells compareció tras la reunión semanal del Ejecutivo catalán para anunciar un plan de ahorro d...