La Audiencia de Barcelona ha condenado a Renfe a pagar 500 euros a una pasajera de Cercanías por los perjuicios derivados de la interrupción del servicio durante varias semanas que causó el derrumbe de un túnel de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) en Bellvitge (Barcelona) en octubre de 2007 debido a las obras del AVE.  

   Susana C.R., vecina de Castelldefels (Barcelona), viajaba cada día a la capital catalana para trabajar, pero la interrupción del servicio y su sustitución por autobuses le obligó a levantarse más pronto y a salir antes de casa, con lo que tenía que contratar a un 'canguro' durante dos horas más cada día, lo que le costó 25 euros diarios durante 20 días.  

   Por ello, reclamó a la Junta Arbitral del Transporte de Cataluña, que en enero de 2008 dictaminó que la operadora pública ferroviaria debía pagar 500 euros por los perjuicios económicos y 150 más por los daños morales.  

   No obstante, la Audiencia de Barcelona, tras el recurso de Renfe, ha anulado la indemnización por daños morales, ya que la pasajera no había reclamado por ellos, aunque sí calificó de "angustiosa" la situación.  

50 euros por reírse de un pasajero

   En una sentencia similar, la Audiencia también obliga a Renfe a pagar 50 euros a un pasajero que tenía que ir con sus dos hijos pequeños de Vilanova i la Geltrú a Castelldefels y se quejó del mal trato recibido y la falta de información de los empleados de Renfe, que "hasta se rieron de él", según la sentencia.  

   Aunque reclamaba 300 euros por daños morales, la Junta Arbitral y la Audiencia han dejado la indemnización en una sexta parte. 

España podría perder hasta 1.000 millones de euros en ayudas   regionales europeas por retrasos en la puesta en marcha de los   sistemas de control adecuados para garantizar que no haya   irregularidades en el uso del dinero. Estos fondos corresponden al   año 2007 y el plazo máximo para usarlos caduca el 31 de diciembre de   2009, pero debido a estos retrasos no se han gastado. El Gobierno   había pedido a Bruselas un año más de tiempo, hasta 2010, para   utilizar los fondos, pero la Comisión ha rechazado esta demanda.  
   Esta prórroga de un año no estará incluida en la propuesta que el   Ejecutivo comunitario tiene previsto presentar el próximo viernes 17   de julio para agilizar el uso de las ayudas europeas como receta para   hacer frente a la crisis económica, según confirmó hoy el portavoz de   Política Regional, DennisAbbott. Abbott resaltó que el objetivo de la   Comisión es "acelerar la inversión para crear crecimiento y empleo" y   que una extensión del plazo "no es un incentivo" para adelantar la   puesta en marcha de los proyectos.  
   En total, España debía recibir en 2007 un total de 6.300 millones   de euros. El Ejecutivo comunitario ya pagado 2.600 millones en   concepto de adelantos. Sin embargo, una parte importante del dinero,   que la Comisión cifra en entre 800 y 1.000 millones de euros, está de   momento congelado y corre el riesgo de perderse porque Bruselas no   está satisfecha con los sistemas de control puestos en marcha por las   17 comunidades autónomas y ha reclamado "aclaraciones" adicionales,   según explicó Abbot. Enfatizó que la situación no es "alarmante" y   que Bruselas está "trabajando con las autoridades españolas para   resolver la situación".  
   En todo caso, el portavoz subrayó que España "tiene hasta finales   de año para utilizar esta financiación" y que "lo último que quiere   la Comisión es castigar a los Estados miembros o quitarles dinero".   Pero también dejó claro que tampoco "se pueden tomar atajos con el   dinero de los contribuyentes". El problema afecta también a otros   países como Francia, Italia o Reino Unido, pero todos ellos perderían   menos dinero que España porque reciben muchas menos ayudas europeas.  
   El Ejecutivo comunitario sostiene además que la propuesta que se   presentará el viernes podría reducir el riesgo de que España pierda   ayudas europeas. En efecto, según las nuevas reglas, cuando un Estado   miembro envíe a Bruselas una solicitud de financiación para un gran   proyecto, de más de 50 millones de euros, este dinero se considerará   ya adjudicado y no se perderá aunque los fondos se gasten fuera de   plazo.  
   Con esta nueva regla, la cantidad de fondos que perdería España se   reduciría a 300 millones de euros, explicó el portavoz. Ello es así   porque el Gobierno ya tiene preparados para enviar alrededor de 80 de   estos grandes proyectos, entre ellos el tren de alta velocidad entre   Madrid y Valencia, o varias grandes desaladoras y depuradoras. "Es   una medida clave. Sin ella, el riesgo de pérdida de fondos sería más   grande", dijo Abbot.  
   No obstante, este cambio debe ser todavía aprobado por la   Eurocámara y los Veintisiete. Bruselas espera que se logre un acuerdo   antes de que acabe el año.   
  
   La propuesta de la Comisión incluirá también el adelanto a los   años 2009 y 2010 ayudas del presupuesto comunitario, en concreto del   Fondo Social Europeo, para ayudar a mantener empleos en las personas   afectadas por la crisis económica y a recolocar a los que han perdido   su puesto de trabajo.  
   En total, el Ejecutivo comunitario ya anunció el pasado 4 de junio   que quería avanzar el pago de 19.000 millones de euros, de los cuales   2.300 millones hubieran correspondido a España. Además, durante estos   dos años, Bruselas proponía financiar el 100% de los proyectos que se   pongan en marcha a cargo del Fondo Social Europeo, y dispensar así a   los Gobiernos y las comunidades autónomas de la obligación de aportar   entre el 50% y el 15% de las ayudas, según los casos, que se aplica   normalmente. Ello facilitaría las cosas a los países con dificultades   presupuestarias para cofinanciar las ayudas europeas.  
   El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso,   ha decidido presentar la propuesta legislativa pese a la oposición   manifestada por la canciller alemana, Angela Merkel, en la cumbre del   18 y 19 de junio. Apoyan a Merkel la mayoría de los contribuyentes   netos al presupuesto comunitario, especialmente Suecia y Países   Bajos, que recuperarían el dinero en caso de que no se gaste. En   cambio, Francia y Luxemburgo están a favor.