El Gobierno español no se siente en condiciones de opinar y mucho menos de condenar lo que ha ocurrido en el campamento saharaui, con su desmantelamiento por parte de la policía marroquí, el pasado 8 de noviembre, hasta que no haya una investigación "eficaz, transparente y veraz". Esta es la respuesta de la ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, en la Comisión de Exteriores y Cooperación del Congreso de los Diputados a las peticiones de la mayoría de los grupos parlamentarios que acusaron al gabinete de debilidad ante Marruecos. El Gobierno confía en que la organización Human Rights Watch y la Minurso (la misión de la ONU en el Sáhara Occidental) concluyan los informes con sus respectivas investigaciones sobre los incidentes. El hilo conductor de la ministra transcurrió por la senda del compromiso de "ayudar, animar, impulsar" la solución del conflicto de fondo entre Marruecos y el pueblo saharaui,aunque remachó que la solución sólo puede venir "de la comunidad internacional", singularmente de Naciones Unidas.

Las detenciones del presidente de Globovisión, Guillermo Zuloaga y de Oswaldo Álvarez Paz, miembro de la Asamblea Nacional venezolana, reflejan "un fuerte golpe" para la libertad de expresión en Venezuela, según señala un informe de Human Rights Watch difundido el jueves.

Human Rights Watch (HRW) afirmó hoy que el restablecimiento del orden constitucional en Honduras debe ser acompañado por la derogación inmediata de las medidas de represión tomadas por el Gobierno de facto que sustituyó al presidente Manuel Zelaya en junio pasado.

Docenas de miembros de la mionoría uigur -entre ellos, adolescentes- siguen desaparecidos tres meses después de los sangrientos disturbios étnicos registrados a principios de julio en Urumqi, capital de la región autónoma de Xinjiang, en el oeste de China, según ha denunciado Human Rights Watch (HRW). La organización de derechos humanos asegura que ha documentado la desaparición de 43 hombres y jóvenes -alguno, incluso de 14 años-, pero ha dicho que el número real "es probablemente muy superior", debido a la dificultad de recoger datos y a que muchos familiares de detenidos no se atreven a hablar.