La oferta de terrazas de la ciudad autónoma puede verse drásticamente reducida a partir del próximo 1 de enero, cuando vence el plazo establecido por la Administración local para proceder al cierre de aquellas que no regularicen su situación. Según los datos que maneja la Comisión institucional encargada del seguimiento de este asunto, del centenar de locales con este tipo de oferta al aire libre "menos de media docena" tienen ya todos sus papeles en regla. Medio centenar ha iniciado el trámite correspondiente para regularizar su situación y de "aproximadamente una treintena" de hosteleros no se sabe "nada".

La representación de los hosteleros del ramo ha pedido a la Consejería de Fomento "flexibilidad" con la aplicación de la norma, imposible de cumplir en muchos casos, pero el departamento que dirige Susana Román considera que ya ha llegado al límite de su capacidad de maniobra al respecto.

El conflicto se viene alargando desde el verano del año pasado, cuando la situación era exactamente la misma y el Pleno optó por modificar la Ordenanza que ya había aprobado meses atrás con el fin de no dejar en fuera de juego a decenas de establecimientos.

El nuevo texto impone, no obstante, restricciones "imposibles", según las fuentes consultadas, de cumplir por multitud de bares y cafeterías que, en el lugar en el que se encuentran, ven inviable someterse a condiciones como la de dejar libre 1,5 metros de acera en calles en las que estos espacios ni siquiera disponen, sin ninguna mesa o barril instalado, de esa anchura.

La Ordenanza establece, entre otros requisitos inexcusables, que "la ocupación de la acera no podrá ser nunca superior a la mitad de su anchura libre, sin que se autorice en aceras cuya anchura no permita un libre paso peatonal igual o superior a 1,50 metros" o que "la instalación se dispondrá a una distancia de 0,40 metros del bordillo como mínimo y nunca adosada a fachada".

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