El Pleno de la Asamblea se ha reunido este viernes con carácter extraordinario para tratar y aprobar un sólo punto en el orden del día. Con los votos a favor de todos los grupos, salvo VOX que se ha abstenido, la Asamblea de Ceuta ha puesto fin, parece que de forma definitiva, a los denominados premios de jubilación. La razón de esta anulación no es otra que la declaración de ilegalidad por parte del Tribunal Supremo de los artículos del convenio colectivo y del acuerdo regulador, el primero afecta a los funcionarios y el segundo al personal laboral, que establecían esos premios.
Básicamente lo que ha dicho la Justicia es que esos premios no son ayudas sociales, tal y como se venía planteando para la defensa de esas cuantías, sino retribuciones. Y que ninguna norma de alcance general sustenta esas retribuciones:
“Las gratificaciones -cualquiera que sea su denominación en cada caso- por jubilación anticipada previstas en acuerdos de entidades locales tienen naturaleza de retribución y, por consiguiente, sólo pueden considerarse ajustadas a Derecho en la medida en que tengan fundamento en alguna norma legal de alcance general, relativa a la remuneración de los funcionarios de la Administración Local. Dado que en los casos resueltos hasta la fecha no se había identificado ninguna norma de cobertura, la conclusión fue que dichos acuerdos de las entidades locales eran inválidos”, recoge la última sentencia del Supremo al respecto, citada en la propuesta que ha defendido en el Pleno la consejera de Hacienda, Economía y Función Pública, Kissy Chandiramani.
El Pleno lo que ha aprobado es anular directamente los dos artículos que establecían esos premios de jubilación del acuerdo regulador del personal laboral. Ahí tiene potestad para ponerles fin con lo votado este viernes y su posterior publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad, pero no sucede lo mismo con el personal funcionario.
En este segundo caso, esos mismos artículos que vehiculizaban estos premios de jubilación se encuentran en el Convenio Colectivo y para anularlos ni el Pleno, ni tan siquiera el Gobierno tienen capacidad. Por eso en la propuesta lo que se aprueba es denunciar el convenio colectivo ante la Jurisdicción Social para proceder a su anulación.
Aunque tal y como ha explicado Chandiramani con lo aprobado este viernes se pretende “dar por concluido” el expediente, todo parece indicar que aún queda mucho por tratar en lo referente a los premios por jubilación. En lo que viene ha insistido la líder del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía de Ceuta (MDyC), Fatima Hamed, que ha tratado de arrancar a Chandiramani un dibujo de ese futuro, que parece incierto.
Hamed ha insistido a Chandiramani que aclare algunas de las cuestiones por dilucidar en el futuro. Entre otras si el Gobierno va a requerir a los funcionarios y el personal laboral que cobraron ese premio de jubilación la devolución de las cuantías percibidas que ahora la Justicia ha declarado ilegales.
Tampoco parece saberse qué pasará en la negociación colectiva con los sindicatos y si el Gobierno pretende explorar otras vías para mantener esos premios, parece difícil dado el pronunciamiento tanto del Consejo de Estado como del Tribunal de Cuentas y del Supremo.
Y Hamed también ha puesto sobre la mesa otra cuestión, la Justicia señala a Chandiramani como responsable directa del pago de 15 premios de jubilación por una cuantía de 437.000 euros en 2018 y ya habría deslizado la posibilidad de exigirle que responsa de esas cuantías con su propio patrimonio. Tampoco en este punto Chandiramani ha corregido ni matizado ni aclarado a Hamed nada al respecto.
