El Tribunal Supremo ha decidido que tiene interés casacional pronunciarse y sentar jurisprudencia sobre “si las retribuciones del presidente de Ceuta y de los miembros del Consejo de Gobierno" deben someterse a la Ley de Bases del Régimen Local para los miembros de las Corporaciones locales o, por el contrario, "están excluidas al amparo de la disposición adicional cuarta de la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, y se regulan por las disposiciones que adopte el Gobierno de la Ciudad”.

La Sala de lo Contencioso ha admitido a trámite los dos recursos de casación preparados contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que en febrero del año pasado dio la razón a Ciudadanos (Cs) y anuló la Base de los Presupuestos de la Ciudad que concedía a los funcionarios de carrera que ocupasen altos cargos de la Administración local en situación de servicios especiales el cobro del plus de residencia de forma adicional a sus retribuciones propiamente dichas.

En marzo del año pasado el Ejecutivo de la Ciudad decidió suspender “cautelarmente” su abono a los del Estado en esa coyuntura (actualmente quedan en el Consejo los dos vicepresidentes, inmediatamente elevados a esa categoría junto a Javier Guerrero, el que más lo exigió: Mabel Deu y Carlos Rontomé), pero lo mantuvo en el caso de Vivas y los directores generales que, como él, son empleados públicos de la Administración autonómica. Para compensar a los perjudicados en el caso de los consejeros se estableció un nuevo régimen salarial más alto para los vicepresidentes.

Tras tomar esa decisión, el Gobierno encargó al jurista burgalés Tomás-Ramón Fernández Rodríguez, catedrático de Derecho Administrativo, el mismo que también se ha encargado de dar el visto bueno a la ampliación de los pagos a Trace, la “asesoría, defensa jurídica y representación de la Ciudad Autónoma ante el Tribunal Supremo” en este caso.

El recurso de la Ciudad se fundamenta en que el TSJA vulneró, además de esa norma, los artículos 6, 12 y 20 del Estatuto de Autonomía, y en que no interpretó correctamente la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre “el alcance de la autonomía de la Ciudad”, por lo que reivindicó “un pronunciamiento de la Sala de lo Contencioso sobre el alcance y la extensión de la potestad de auto organización” de la Administración local.

La Base de Ejecución 29.5 anulada por el TSJA de los Presupuestos de la Ciudad venía estableciendo que “las retribuciones referidas a los vicepresidentes de la Asamblea, el presidente de la Ciudad, los consejeros, los viceconsejeros, los directores generales, jefe de Gabinete y subdirectores generales” era “incompatibles con cualquier otra remuneración que pudiera percibirse con cargo a los presupuestos de cualquier otra administración pública y de los entes, organismos y empresas de ellas dependientes” salvo que se tratase “de funcionarios de carrera en situación de servicios especiales”, a quienes se les reconocía el derecho “a percibir las retribuciones que les correspondan en concepto de antigüedad y residencia”.

En los Presupuestos de este año, sin embargo, se detallan las retribuciones brutas totales anuales de los altos cargos en tres escalas sin alusión a la residencia, así como que presidente, vicepresidentes y consejeros tienen derecho al cobro de los trienios si son funcionarios de carrera situación de servicios especiales. En el caso de los directores y subdirectores generales se deja claro que el pago de los pluses por antigüedad e indemnización por residencia de los funcionarios de carrera de otras Administraciones deberán ser abonados por aquéllas y “en ningún caso” por la Ciudad Autónoma.

De esta forma, Vivas cobrará este año, sin contar trienios en su caso, 14 pagas por un total de 81.388,95 euros brutos; 66.043,30 a Deu y Rontomé; y 52.725,82 los demás consejeros. Los directores generales y la jefa de Gabinete de la Presidencia perciben una retribución bruta mensual de 4.887,51 euros más una paga extraordinaria a mitad de año y otra a final de igual cuantía. Además, si son funcionarios de carrera de la Ciudad en situación de servicios especiales se les abonan las retribuciones correspondientes a los trienios por antigüedad e indemnización por residencia conforme a su grupo de clasificación. Los procedentes de otra Administración tienen que pedírselo a la suya.