El responsable estatal de Seguridad Privada y Servicios Auxiliares de UGT, Diego Giráldez, está este miércoles en Ceuta. Su visita tiene que ver con el lanzamiento de una campaña de movilización del sindicato en el sector de la Seguridad Privada. El próximo 2 de abril en la ciudad se concentrarán de 12 a 13 horas frente a la Delegación del Gobierno, aunque la protesta es en todo el país. El sindicato pide al Gobierno sentarse a negociar para poner freno o al menos modular las subcontrataciones en el sector para que dejen de servir como herramienta para precarizar a los trabajadores. Y lo hace además con el contrato para la seguridad privada en la frontera del Tarajal en liza.
Giraldez además desarrolla en la ciudad unas jornadas de tres días en las que espera “situar las líneas estratégicas del fortalecimiento sindical en los próximos meses y en los próximos años”, y ahí no es sólo las subcontrataciones lo que asoma como nubes negras para los trabajadores, también la inteligencia artificial.
Giraldez entiende “justo y necesario” que el Gobierno central escuche al sector, en el que trabajan unas 80.000 personas en toda España. Piden “una jubilación anticipada para un colectivo de trabajadores y trabajadores que por Ley son complementarios a la seguridad pública”.
La edad media en el sector se aproxima ahora mismo a los 54 años, por lo que el asunto adquiere una relevancia nuclear. “Entendemos que el Gobierno tiene que permitir a estos trabajadores optar a los coeficientes reductores que le permitan una jubilación anticipada”, ha explicado Giráldez.
Esto viene a significar usar fórmulas similares a las que ya se usa por ejemplo en la automoción. Y aquí es precisamente uno de los puntos en los que entra a jugar la inteligencia artificial. Se estima que en los próximos años el sector destruirá empleo apoyándose en las nuevas tecnologías y generará otros puestos nuevos. De ahí que el sindicato entiende que es fundamental permitir aligerar plantillas mediante jubilación anticipada para dar entrada a los nuevos perfiles. Perfiles nuevos que se apoyan en que por primera vez la Formación Profesional recoge en sus ciclos la capacitación de estos profesionales que trabajan codo con codo con los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado.
Y ahí entra otra cosa en juego, otra reivindicación, la de que se reconozca su papel como agentes de la autoridad, según ha reclamado Giráldez.
Pero en todo lo explicado Giráldez en lo que quizás ha puesto más hincapié es en poner freno o modular las subcontrataciones por parte de las Administraciones de las empresas de seguridad privada. Giráldez entiende que se sigue poniendo el acento en los concursos públicos sólo en el precio, lo que finalmente redunda en situaciones de precariedad para los trabajadores. Entre otros contratos también se estaría dando en el que va a salir a concurso para adjudicar la seguridad privada en la frontera del Tarajal.
Se quedó desierto en un principio y va a volver s salir a concurso. En la parte que el Gobierno ya ha hecho caso al sindicato, ha explicado Giráldez estaría el no licitarlo para sólo un año, sino para 4, pero sigue pensando un 49 por ciento el precio y en el otro 51 por ciento se esconden elementos que al final acaban por dar prioridad también al ahorro público en detrimento de la calidad del servicio y el bienestar de los trabajadores, al esconder una bolsa de horas extras que serían a coste cero.
El relato del responsable sindical de UGT apunta a que las empresas al final engordan sus ingresos un tiempo para acabar dejando tirados a los trabajadores de un modo u otro por deudas que acaban teniendo con la propia Administración (Seguridad Social o Hacienda) por la falta de rentabilidad de los servicios en el largo plazo.
Todo eso se lo habrían trasladado ya al Ministerio del Interior con la intención de que se aborden algunas condiciones en las subcontrataciones para evitar estas situaciones. De lo contrario, entiende Giráldez que lo que vendrá será que UGT diga alto y claro que si no se pueden hacer de otro modo habrá que prescindir de las subcontrataciones públicas.
Además ha apuntado también otro problema, el intrusismo en el sector a través de empresas públicas “inventadas”, ha dicho, para presentar servicios de seguridad sin personal de seguridad y restando así oportunidades a las empresas y los trabajadores que sí se han formado para desempeñar esa función.
