Las defensas de los tres expolíticos acusados en el juicio han sostenido la legalidad de la norma empleada para adjudicar las viviendas y han subrayado la relevancia que en el proceso ha tenido la repercusión pública del caso
El rigor en la aplicación de la norma para adjudicar las viviendas y la ascendencia del factor político sobre el Caso Emvicesa, derivado del impacto público generado por el escándalo en la sociedad ceutí, han ocupado buena parte de los informes finales expuestos por las defensas de las exconsejeras Susana Román y Rabea Mohamed y del exdiputado a la Asamblea Mohamed Alí en la sesión del juicio celebrada este miércoles. Los abogados de las expolíticas, Javier Izquierdo, y del antiguo líder de Caballas, Isabel Valriberas, han reclamado la absolución de sus defendidos, acusados de delitos de prevaricación y falsedad documental por la Fiscalía.
Ha sido Valriberas la que mejor ha contextualizado ante el tribunal la dimensión política del escándalo que en su día supuso el ya conocido como Caso Emvicesa y su incidencia sobre el procedimiento judicial. La abogada ha recordado la «convulsión política» generada por la publicación el 25 de junio de 2015 en «El Pueblo de Ceuta» de una lista de presuntos adjudicatarios de las 317 viviendas de Loma Colmenar, inmediatamente repudiada por la Ciudad. A raíz de esta publicación, el Gobierno municipal, a través de su consejera Susana Román, ahora acusada, interpuso la denuncia que abrió la vía judicial que ha desembocado en el juicio que desde el pasado 24 de octubre se celebra en la Audiencia Provincial.
«Aquello creó un cataclismo político, un pánico total entre los políticos y funcionarios de la ciudad», ha evocado Valriberas. La letrada de Alí ha subrayado el hecho de que de los testigos con pasado político propuestos por las partes -«sobre todo por el Ministerio Público», ha precisado- solo dos han dejado de ostentar cargos públicos y que todos los funcionarios que han prestado testimonio, excepto dos ya jubilados, continúan al servicio de la Ciudad Autónoma. «Eso ha de valorarse», ha advertido la abogada.
La ordenanza de 2006
En este marco, tanto Valriberas como Izquierdo han insistido en defender que la norma utilizada para la adjudicación de las viviendas eran la procedente según ley. La Fiscalía defendió el martes que Román, Mohamed y Alí obviaron recurrir a la ordenanza de 2006, la norma que el Ministerio Público ha venido sosteniendo durante el juicio que resultaba de aplicación. Una tesis esta rechazada de manera taxativa por las defensas de los expolíticos.
Izquierdo ha sostenido, como ya hizo en fases anteriores del juicio, que la ordenanza de 2006 no podía ser la norma de referencia. Estas disquisiciones sobre Derecho Administrativo resultan relevantes para determinar si cabe o no apreciar delito en el comportamiento de los miembros de la CLV, a la que Román, Mohamed y Alí pertenecían. La tesis de las defensas es la de que sus representados hicieron lo que cabía hacer conforme a ley: remitirse, bajo asesoramiento previo, al convenio que la Ciudad y el Estado suscribieron para la construcción de las viviendas, texto de aplicación en las promociones que, como es el caso, estén financiadas por íntegramente por la Administración General del Estado
Valriberas, además, ha vuelto a introducir la variante política para explicar por qué muchos de los testigos con trayectoria pública se han inclinado a defender que la normativa aplicable era la ordenanza de 2006. «El escándalo creó pánico en el Gobierno de la Ciudad, todo el mundo se cerró en banda, hubo una gran presión policial –ha vuelto a recordar la abogada- Entonces, claro, hay que decir que la ordenanza es de aplicación porque si hemos adjudicado con esta ordenanza ahora cómo vamos a decir lo contrario».
La abogada de Alí ha insistido en el carácter político de la CLV, una condición que, según ha argumentado, limitaba la capacidad de sus miembros para conocer el trasfondo de los trámites de los procedimientos de adjudicación de viviendas. Valriberas ha puesto el ejemplo de su defendido, representante de un partido minoritario (Caballas) en la Asamblea, sin capacidad de decisión y cuya participación en las reuniones del órgano se formalizaban a través de convocatoria previa y con un orden de día cerrado.
Falta de "análisis serio y profundo"
El representante de las exconsejeras ha reprochado a la Fiscalía la ausencia de un «análisis serio y profundo» acerca de la norma legal aplicable que no era, según su tesis, la ordenanza de 2006. Izquierdo ha concluido que si Román y Mohamed utilizaron la norma que procedía, no cabe sostener la imputación de un delito de prevaricación, como mantiene el Ministerio Público.
Al igual que el trabajo acusatorio de las Fiscalía, la instrucción de la juez Lucini tampoco ha salido bien parada en el informe de la defensa de las expolíticas populares. El abogado se ha confesado sorprendido por el «encargo» que, según ha expuesto, la juez planteó al investigador de la Unidad de Delincuencia y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional: la búsqueda de la «fisura» que impedía relacionar a Antonio López, exgerente de Emvicesa y principal acusado en la causa, con la adjudicación de las viviendas, una función para la que carecía de competencias. Una «fisura» que el letrado la investigación creyó encontrar, según el relato de Izquierdo, en una inapropiada aplicación de la ley por los miembros de la CLV. El letrado ha dudado de la capacidad jurídica del investigador policial cuyas conclusiones ha desautorizado y establecido como la causa de la «confusión» de la Fiscalía.
La representación legal de Antonio López, principal acusado en el procedimiento, censura los acuerdos de la Fiscalía con acusados por cohecho y sugiere que, con ello, se ha podido incurrir en una desviación de poder
