El juicio que se sigue en la Audiencia Provincial por el Caso Emvicesa ha ofrecido durante la tarde de este martes la oportunidad a las defensas de exponer sus informes finales después de que esta mañana lo hiciera el Ministerio Fiscal.

Las defensas de los trabajadores de Emvicesa procesados en la causa han contradicho la tesis defendida durante la mañana por los fiscales, que presentaron a los cinco empleados acusados como indispensables para la existencia de una trama de adjudicación fraudulenta de viviendas públicas liderada por el principal acusado, el exgerente de la empresa Antonio López.

Los abogados de los cinco de Emvicesa han basado su refutación del argumentario de la Fiscalía en la falta de competencias de los trabajadores de la sociedad municipal para intervenir de manera decisiva en el procedimiento de adjudicación. Las defensas han mostrado su sorpresa por el hecho de que el Ministerio Público atribuya a los trabajadores del departamento comercial de la sociedad municipal una ausencia de labor de vigilancia sobre el procedimiento, una tarea que consideran cabía a la asesora jurídica de la entidad, María José Cariñanos.

Además, los letrados de los trabajadores han recordado que de las intervenciones telefónicas practicadas, que se prolongaron durante meses, no se ha colegido ninguna conducta incriminatoria. También han argüido que las pesquisas sobre el patrimonio de los empleados acusados tampoco revelaron prueba alguna que pudiera servir para sostener una imputación.

Más allá, el abogado Ignacio de Castro ha esgrimido como significativo de la debilidad de la acusación el caso de Salvador Vera, uno de los cinco empleados de Emvicesa, que permaneció de baja médica por una enfermedad grave de marzo a octubre de 2015. «Se le acusa de unos hechos que sucedieron cuando estaba hospitalizado en Málaga», ha argumentado el abogado antes de solicitar la absolución de sus representados.

En la misma línea se ha pronunciado el abogado de Juan Manuel Zaragosí, otro de los trabajadores de Emvicesa. El letrado ha insistido en la ausencia de pruebas para atribuir una conducta delictiva a su representado, al tiempo que ha censurado la indefinición de la acusación formulada contra los miembros del departamento comercial de la empresa pública. «Dice el fiscal que los trabajadores omitieron actos a los que estaban obligados, no se sabe cuáles, y que sí ejecutaron otros contrarios a su función pública, y tampoco se sabe cuáles», ha sostenido el abogado.

El letrado de Zaragosí ha descalificado el presupuesto establecido por la Fiscalía de que los trabajadores de la empresa fueran cooperadores necesarios en las actividades delictivas imputadas a López.

Informe de las defensas de los "clientes"

También ha sido el turno de las defensas de los denominados «clientes» -personas acusadas de un delito de cohecho por pagar para acceder de forma fraudulenta a una vivienda pública- para la presentación de sus informes finales. Los letrados de aquellos que han aceptado las calificaciones y penas del Ministerio Fiscal -25 acusados a los que se les solicita un año de cárcel y multa-  han confirmado la conformidad de sus clientes o, a lo sumo, introducido algunos matices para aquilatar sus casos concretos.

Los abogados representantes de los acusados de cohecho que no han reconocido el delito, y a los que Fiscalía pide tres años de prisión, han reivindicado la libre absolución de sus representados o una rebaja sustantiva de las penas bajo argumentos similares: estas defensas han insistido en la falta de pruebas y en el uso de meros indicios para sostener las acusaciones.

La sesión ha servido tambien al letrado de la Ciudad Autónoma para reclamar que la Administración quede eximida de la responsabilidad civil que le demanda la acusación particular. «No se ha practicado prueba alguna que justifique la existencia de ese daño, ni tan siquiera de su alcance», ha señalado el abogado. La representación de la Ciudad ha desacreditado la petición de la acusación particular por la falta de sostén de sus pretensiones, que se han reducido en un 82% desde su petición inicial a la reclamación planteada en su informe final. «Se piden inicialmente 10 millones de euros para 14 personas y, sin solución de continuidad, ayer y hoy se nos reduce la cantidad a 1,8 millones en número redondos», ha recordado el abogado.